UGT acepta una subvención directa de la Junta de Castilla y León después de denunciar en Fiscalía que se la ofreciesen

Incumpliendo su propia Ley de Diálogo Social 8/2008 la Junta de Castilla y León ha materializado la ruptura entre sus principales actores: los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT y la CEOE. Lo ha hecho ofreciendo subvenciones directas en lugar de la nominativa que figura en la Ley. Dos han aceptado y uno no. La CEOE la aceptó de inmediato, y suponen más de 900.000 euros. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves una subvención por un importe de 494.982 euros destinados a financiar las actividades desarrolladas por el sindicato UGT Castilla y León.  “Esa subvención”, precisó la Junta en un comunicado, “supone una reducción del 60% del importe que venían recibiendo años anteriores”. Se trata de la misma que denunció en Fiscalía en mayo junto a CCOO. Desde UGT han declinado explicar a elDiario.es el cambio de criterio tras siete meses de oposición frontal.

La diferencia en el tipo de subvención es evidente y las consecuencias del cambio también. Una subvención nominativa tiene que aparecer en los presupuestos de Castilla y León y así ocurría hasta 2023, en virtud del artículo 16.1 de la Ley que estipula: “Con la finalidad de fomentar la participación institucional regulada por esta ley, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León consignará anualmente una partida presupuestaria que, como subvención nominativa, irá destinada a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con independencia de las subvenciones que éstas perciben para el fomento de su actividad como organizaciones de interés general en el ámbito económico y social”. Añade además en su punto 3 que “la cuantía de la subvención nominativa variará anualmente igual que el Índice de Precios de Consumo (I.P.C.), con el límite del crecimiento del Presupuesto de la Comunidad”. Así, se destinaban 1,1 millones a cada sindicato y algo más a la patronal. Así fue hasta 2022, momento en el que Vox llegó al gobierno de Castilla y León y su consejero de Empleo e Industria, Mariano Veganzones, inició una guerra contra el Diálogo Social y más en concreto contra los sindicatos, a los que dedica todo tipo de calificativos. Ese año, con los presupuestos prorrogados, sí se mantuvo la subvención nominativa. Pero en los presupuestos de 2023 que aprobó el gobierno PP-Vox, se eliminó. Una subvención directa tiene carácter excepcional, requiere que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública según el artículo 28 y 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y el artículo 31 de la Ley 5/208, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. Ese carácter excepcional es el que puede eliminar la posibilidad de recibirla anualmente o de reducir notablemente su cuantía, algo que no ocurre en la nominativa reflejada en la ley 8/2008.

Con la eliminación de la nominativa, comenzó la ofensiva liderada por Vox y permitida por el PP, que ha dejado hacer a su socio de gobierno, y una oposición frontal por parte de los sindicatos, mientras que la CEOE se condujo con tibieza. En el último año CCOO y UGT han tenido que ejecutar EREs. Ambos sindicatos denunciaron en el Contencioso la eliminación de la nominativa y por tanto el incumplimiento de la ley.

En mayo, con los sindicatos en pie de guerra y plantando cara en los tribunales, la Junta optó por ofrecer una subvención directa a UGT, CCOO y CEOE, a través de una llamada telefónica para que aceptasen medio millón de euros en el caso de los sindicatos y más de 900.000 en el caso de la patronal, entrando en el portal de la Junta con unas claves que se facilitaron mediante correo electrónico. Los datos eran inexistentes: no se conocía ni el objeto ni la orden.

Lo que sospecharon entonces CCOO y UGT es que lo que la Junta pretendía con la aceptación de esa subvención era la demanda en los tribunales se quedase sin base. Denunciaron ante la Fiscalía. “Que el pasado día 21 de mayo de 2023 por parte del Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, Don Fernando de la Parte Alcalde, comunica vía telefónica a D. Fernando Fraile Sanz – Secretario de Acción Sindical de CCOO CyL- y a Raúl Santa Eufemia – Secretario de Acción Sindical de UGT CyL- que pueden proceder a solicitar la subvención prevista para participación institucional por un importe de 494.982,50 euros, a través de la sede electrónica con la concesión de la misma de forma inmediata. La información que se facilita por teléfono, se reitera al día siguiente por correo electrónico remitido por Secretaría del Director General el 12 de mayo de 2023 a las 9:29 h y cuya copia adjuntamos al presente escrito. En el email se indica el link para proceder a la solicitud y abono inmediato”, relataban en su denuncia.

El link remitía a las subvenciones directas de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales constando como objeto “subvenciones de carácter excepcional que, por razones de interés público, económico u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública” con una información y documentación de carácter genérico y comunes al resto de subvenciones (información en materia de LOPD, información de recursos, Ley de Subvenciones, formulario de solicitud, etc..).

Además de señalar que una subvención directa de carácter excepcional requiere que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública según el artículo 28 y 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y el artículo 31 de la Ley 5/208, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, tiene que tener la previa autorización de la Junta de Castilla y León. Así, se deben hacer constar el objeto de la subvención, con indicación del carácter singular de la misma y las razones que acreditan el interés público, social, económico, humanitario o de otra índole debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, el beneficiario, la aplicación presupuestaria y cuantía de la subvención para el ejercicio corriente y para aquellos posteriores a los que se imputará la subvención, la forma y plazo de justificación de la subvención y en su caso, posibilidad de solicitar anticipos y las garantías exigibles.

Argumentaban CCOO y UGT que “el carácter excepcional de esta subvención es incongruente con el objeto de participación institucional que se dice en la comunicación” por ser “evidente” que “la participación institucional no reviste carácter excepcional, al venir prevista y reconocida en la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional, como subvención directa de carácter nominativo y en una concreta aplicación presupuestaria”. Al acceder al link que se les facilitó, no constaba la información legalmente exigida, ni el objeto de la subvención ni los beneficiarios, así como la posibilidad de anticipos y garantías. Tampoco aparecía la Orden de concesión por la Consejería correspondiente, ni la previa autorización de la Junta de Castilla y León ni la autorización a la que se refiere el artículo 113 de la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. Tampoco se hacía referencia a la aplicación presupuestaria.

“No se determina ni la forma ni los plazos de justificación. No hace referencia a la aplicación presupuestaria. Esta actuación forma parte, a nuestro juicio, de una estrategia política, anunciada públicamente y en los medios de comunicación, dirigida a apartar a las organizaciones sindicales más representativas del diálogo social, privándolas de los derechos que les son propios, por razones estrictamente ideológicas. Ante la posibilidad de que los anteriores hechos y la actuación de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales no sean una mera cuestión de ilegalidad o de contradicción del derecho administrativo y pudieran ser constitutivas de un ilícito penal”, finalizaba la denuncia.

La aceptación de UGT de la subvención cuyo ofrecimiento había denunciado, la descabeza en parte, ya que CCOO se queda solo en su denuncia y en clara desigualdad económica para la participación institucional que la Junta ha recortado. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró el jueves a preguntas de elDiario.es, que no había ninguna previsión de reformar la Ley 8/2008 y que la subvención directa estaba respaldada por esta, si bien no explicó cómo se puede igualar una subvención directa con una nominativa, qué garantías hay de que se mantenga año a año o que la cantidad no se reduzca cada vez más.