En diez años, Castilla y León ha perdido 166.000 personas, el equivalente a toda la provincia de Palencia (160.980 habitantes), Ávila (157.640) o Segovia (153.129), y casi el doble de la población de Soria (88.636). Dentro de poco termina la década 2010-2020 y, con ella una Agenda para la Población de Castilla y León que de poco ha servido.
Una iniciativa fallida, para la que se presupuestaron casi tres mil millones de euros -como si cada castellano y leonés hubiera pagado más de mil euros solo para esta agenda-, pero que no ha conseguido frenar la sangría poblacional, que se ha incrementado en los últimos años. Este saldo negativo será todavía mayor por el impacto de la pandemia, previsiblemente, pero es la diferencia entre el padrón de principios de 2010 y de 2020.
La Junta de Castilla y León se había fijado siete objetivos para 2020 relativos a la población, la emancipación juvenil, la natalidad, la población extranjera, el retorno del talento, las inmigraciones interiores y los municipios de menos de 5.000 habitantes. Las medidas eran muy generales y solo contemplaban la mitad del periodo, entre 2010 y 2015. Para estos cinco años se tenían que dedicar 2.944 millones de euros con planteamientos de “favorecer”, “realizar un nuevo plan”, “mantener”, “impulsar” o “estudiar”. Algunas de estas medidas estaban condicionadas a un crecimiento del PIB autonómico del 3%, que tuvo que rebajarse al 2,5% en 2014. En esta modificación también se incluyeron medidas nuevas, aunque esto no implicó “alteración alguna de la orientación o los principios de la Agenda, ni los objetivos propuestos en el horizonte del año 2020”.
A pesar de que el presupuesto inicial para estas medidas era de casi tres mil millones de euros, desde la Junta de Castilla y León no se ha facilitado el presupuesto final ni la ejecución total a tiempo de poder incluirse en este artículo, debido a la dificultad de sumar todas las partidas incluidas en esta agenda. “No había una partida específica, si no que cada consejería contemplaba unas partidas para cada medida”, explica Calonge.
De todos estos objetivos, solo ha cumplido uno: la población extranjera crece más en Castilla y León que en el conjunto de España. La población de extranjeros ha crecido un 20,75% en Castilla y León frente a un aumento del 5,98% en el país.
En los últimos 10 años, la población ha caído en todas las provincias de la Comunidad. La más damnificada ha resultado Zamora, con una caída del 12% de su población, seguida de León y Ávila (-8%), Palencia y Salamanca (-7%), Soria y Segovia (-6%). Aunque también registran pérdidas de población, en Burgos ha bajado un 4% y en Valladolid, un 2%. Además, León es la provincia que más personas ha perdido en estos diez años: 43.047 personas. Por detrás están Salamanca (24.736 menos que hace diez años), Zamora (23.654 menos), Burgos (17.294 menos), Ávila (14.818 menos), Valladolid (13.105 menos), Palencia (12.247 menos) y Soria (6.387menos).
El director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, asegura que, a su juicio, el diagnóstico fue “equivocado, errado”. Calonge es ahora el responsable de una nuestra estrategia y considera que cuando se elaboró la agenda de 2010-2020 se había registrado tras años con un leve crecimiento de la población aunque las previsiones no eran “precisamente” de crecimiento de la población. Unas proyecciones negativas para Castilla y León como las que ahora ha publicado el INE, que prevé que en los próximos 15 años Castilla y León pierda 239.054 habitantes. “Es un juicio de valor, tendríamos que esperar a una evaluación externa que analice el diagnóstico que se hizo, el desarrollo de la estrategia y los resultados”, explica a elDiario.es
Menos población y menos jóvenes emancipados
La Junta, entonces gobernada por el 'popular' Juan Vicente Herrera, aspiraba a situar Castilla y León entre las 100 regiones europeas con mayor avance neto de su población. Según el informe del Eurostat, Castilla y León se sitúa en el puesto 313 de 332 regiones con una pérdida del 5,48% de su población entre 2010 y 2019 (último año disponible). Es decir, esperaban que la población de Castilla y León creciera y bajó. Esperaban que se situara entre las cien mejores y solo hay 19 regiones de la Unión Europea con pérdidas mayores de población que Castilla y León.
La agenda contra la despoblación apostaba también por mejorar “significativamente” los apoyos para la emancipación de los jóvenes y explicaba que la tasa de emancipación se situaba en 2018 en el 40,5%. Esta cifra no es muy precisa, puesto que engloba a los jóvenes de entre 18 y 34 años, aunque también baja. En cualquiera de las tres franjas de edad, la tasa de emancipación ha bajado. Según el Observatorio de la Juventud, a la que alude la agenda, entre los 25 y 29 años, la tasa ha bajado del 43,5% en 2008 al 38,8% en 2019 (último informe disponible).
Si se comparan los datos de Castilla y León con los de España, hay que utilizar los datos de aquellos que tienen entre 16 y 29 años. En Castilla y León, la tasa de emancipación es del 16,9%, frente al 18,7% en España. En total, entre los 16 y los 34 años se independiza el 31% de los castellanos y leoneses y el 33% de los españoles.
La natalidad en Castilla y León también es una de las más bajas del país, por lo que la Junta esperaba incrementar el número de hijos por mujer más que en España. De nuevo, este propósito no se ha cumplido. En 2010, había 1,20 hijos por cada mujer en Castilla y León. En 2019 (últimos datos disponibles), el INE baja esta cifra hasta 1,13 hijos por cada mujer, lo que supone un descenso del 5,8%. Eso sí, en España la caída es mayor que en Castilla y León, aunque continúa por encima. En España, había 1,37 hijos por cada mujer en 2010 y hay 1,23 hijos por cada mujer en 2019.
En lo relativo al flujo migratorio, los datos también son negativos. A pesar de que la población extranjera ha crecido un 10% en la última década, no ha habido tanto retorno del talento como esperaba la Junta: ni desde el extranjero ni desde otros puntos de España.
Más castellanos y leoneses fuera
La agenda para la despoblación de la Junta solo contempla las bajas consulares como objetivo, pero no tiene en cuenta las altas en los consulados de ciudadanos procedentes de Castilla y León, el número de castellanos y leoneses que vive en el extranjero. Según el INE, hay 49.464 castellanos y leoneses en el extranjero, 2.562 más que hace diez años. Respecto a las bajas consulares de Españoles en el extranjero, entre 2010 y 2019 se han registrado 14.421 bajas de castellanos y leoneses, aunque este dato no refleja exactamente la realidad, puesto que un mismo ciudadano ha podido mudarse al extranjero en varias ocasiones y volver. Entre 2001 y 2019, las bajas consulares se han reducido en un 18% en Castilla y León, mientras que ha subido en Espala un 7,6%.
Además, la Junta esperaba que hubiera más inmigración interior, que más españoles se vinieran a vivir a Castilla y León. De nuevo, este objetivo no se ha cumplido. En los últimos nueve años, se han marchado de Castilla y León 264.706 ciudadanos y han venido 206.304. Es decir, el saldo migratorio es de menos 58.402 personas. Un balance similar resulta de las variaciones residenciales, también publicadas en el INE, informe al que hace referencia la agenda contra la despoblación.
Los municipios más pequeños, de menos de 5.000 habitantes, también se abordan en esta agenda de la despoblación, que fija como objetivo tener una evolución demográfica igual o superior a la de España. Este es el último objetivo que se marca la agenda y que vuelve a incumplirse. Entre 2010 y 2019, estos municipios han perdido mucha más población que en España. La caída en Castilla y León es del 10,7% respecto a 2010, frente al descenso del 4,8% en España. Son 96.600 habitantes menos en los pueblos pequeños de Castilla y León.
Una evaluación externa “global, rigurosa y seria”
El director general de Ordenación del Territorio y Planificación asegura que en breve se licitará un contrato menor para ofertar una evaluación externa “global, rigurosa y seria” sobre el diagnóstico, el desarrollo de las políticas y los resultados de la Agenda para la Población 2010-2020 para evaluar las debilidades y fortalezas de las medidas. El objetivo de la Junta es que esta evaluación esté terminada en marzo para comenzar a elaborar una nueva agenda contra la despoblación que se llamará Estrategia de Dinamización Demográfica 2021-2025. “Vamos a pedir a las universidades que nos ayuden en la elaboración”, señala Antonio Calonge.
Hasta hace unos meses, las políticas de despoblación estaban en manos de la Consejería de Empleo para que la despoblación trabajara “de la mano” de la Ordenación del Territorio, con una modificación de la planta municipal. La apuesta de la Consejería que dirige Francisco Igea siempre ha sido la de fusionar municipios como se ha hecho en Dinamarca o en Suecia.
Esta semana se ha abierto la consulta pública previa al Anteproyecto de Ley de dinamización demográfica, que pretende “incorporar la perspectiva demográfica” a todas las políticas públicas “con el fin de que contribuyan a fijar, integrar, incrementar y atraer población, garantizando la igualdad, de acuerdo con la ordenación territorial, en el acceso a los servicios básicos y las oportunidades de todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que habiten”. Calonge espera que en febrero se pueda aprobar esta estrategia en el Consejo de Gobierno para llevarlo a las Cortes de Castilla y León y debatirlo.