Los restos de más de 250 asesinados durante la Guerra Civil en Valladolid permanecen guardados en un almacén, donde llevan más de dos años esperando un enterramiento digno. ¿El motivo? Un enfrentamiento entre el sindicato UGT y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV) sobre qué símbolos debe haber en el espacio concreto del cementerio municipal de El Carmen en el que está previsto dar sepultura a las víctimas.
Después de que la ARMHV localizara los restos de 250 represaliados, el Ayuntamiento de Valladolid construyó un memorial en el que inhumarlos y con el que rendir homenaje a los 3.000 represaliados de la provincia. Ese memorial, que también está paralizado, está ubicado en el terreno que el PSOE y la UGT tienen cedido a perpetuidad dentro del cementerio, donde construyeron en los años ochenta un espacio de recuerdo para las víctimas que incluía un busto de Pablo Iglesias, fundador de ambas organizaciones.
La clave del conflicto es que el Ayuntamiento, liderado por el socialista Óscar Puente, firmó el pasado abril con el PSOE y la UGT un acuerdo para que el busto de Iglesias formara parte del memorial, algo que la ARMHV rechaza porque defiende que no haya símbolos de ninguna agrupación política ni sindical. “En su día pedimos un espacio, cualquier espacio, para enterrar los restos y homenajear a los represaliados”, explica a este diario el presidente de la ARMHV, Julio del Olmo. Pero la UGT defiende la importancia de colocar el busto de Pablo Iglesias que ellos ya tenían en su homenaje, ubicado en el mismo sitio en el que ahora se erige el memorial incompleto.
“No queremos que sea un memorial exclusivo para la UGT o el PSOE. Hay un espacio para otros sindicatos como la CNT. Pero el Ayuntamiento nos cede el espacio y ponemos los signos de identidad que queremos. ¿Qué mejor signo de identidad que el fundador del PSOE y la UGT? Yo no me avergüenzo de ser de la UGT ni del PSOE, más bien todo lo contrario. Estoy orgulloso de serlo. Si yo tengo cedido un espacio, ¿cómo me van a pedir que quite un busto que ya estaba ahí?”, se pregunta el vicesecretario autonómico de UGT, Evelio Angulo.
“Hemos aguantado muchos ataques en redes sociales, en prensa... Nos hemos visto atacados en nuestro espacio. Profanaron las tumbas sin nuestro consentimiento, nos encontramos el busto del fundador tirado en el suelo de cualquier manera”, lamenta Angulo, que recuerda que el Ayuntamiento ya pidió perdón por no pedirles permiso para hacer catas y abrir las sepulturas.
El vicesecretario autonómico de UGT defiende el cumplimiento de un acuerdo del pasado abril, rubricado por el Ayuntamiento, el PSOE y el sindicato al que pertenece. Este pacto compromete la reintegración de todos los restos (los encontrados en el espacio de UGT y PSOE y los de otros puntos del cementerio) para que reciban “digna sepultura”. El consistorio vallisoletano se compromete a poner dos inscripciones: 'Este memorial se erige en un espacio que la UGT y el PSOE tienen cedido a perpetuidad por el Ayuntamiento y que ambas organizaciones ya tenían dedicado a todas las víctimas de la guerra civil.' Junto a la inscripción irían los logos de ambas organizaciones y bajo el logo de la ARMH, otra inscripción: 'Los restos que se encuentran en la cripta de este memorial son los recuperados en esta zona del cementerio'.
Angulo denuncia que los restos están “secuestrados” por la ARMH en un almacén dede hace hace dos años. “No se trata de salirnos con la nuestra a toda costa. No decimos que no a que aparezca el logo de la ARMH, a que salgan todos los nombres... pero, ¿por qué se tiene que quitar el busto en un espacio que tenemos cedido a perpetuidad? ¿Pablo Iglesias no era demócrata, no hizo nada por este país? Nosotros queremos que se quede como estaba. Ahí estaba Pablo Iglesias y ahí sigue”, remacha el vicesecretario ugetista. “¿Les fastidia Pablo Iglesias en algo?”, cuestiona.
Mientras tanto, la ARMH de Valladolid insiste en la importancia de que no haya símbolos de ninguna agrupación política ni sindical. “Lo importante es reconocer a las víctimas de una sublevación, con implicaciones en el desarrollo de la república: eran políticos, maestros, sindicalistas... del PSOE, de UGT, de Izquierda Republicana, del Partido Radical Socialista, de la Federación Anarquista Ibérica, la CNT, otros sindicatos corporativos o de ninguna afiliación concreta”, concreta Del Olmo.
La ARMH busca organizar un enterramiento público “para reivindicar la historia de estas víctimas: quiénes eran, qué les pasó...”. “Siempre lo hemos conseguido en otros municipios”, protesta Del Olmo.
La asociación memorialista defiende que si se admitiera un símbolo político se ofrecería “un sesgo partidista y equivocado de un lugar que quiere contener los restos de las personas exhumadas en los años 2016 y 2017”. “Las víctimas, de diferentes sensibilidades políticas, deben ser homenajeadas como víctimas de la represión de los que luchaban por instaurar en España una democracia más plural, unos derechos sociales más justos y generales”, sentencia.
La ARMH de Valladolid ha accedido a los archivos de 1980 en los que la Comisión Municipal Permanente acordó “ceder en arriendo” un terreno del cementerio “que contiene los restos de los cadáveres de afiliados al PSOE y a la UGT” por diez años, prorrogables a su vencimiento. En 1987, el equipo de Gobierno del socialista Tomás Rodríguez Bolaños cede indefinidamente “el uso de los terrenos”, pero apostilla: “No implica la concesión de derechos funerarios ni la cesión de propiedad municipal, pues no se realizarán inhumaciones y el Ayuntamiento retiene todos sus derechos”.
Por este motivo, la ARMH considera que podría existir “una eventual incompatibilidad jurídica de los acuerdos de 1980 y 1987 dado que los restos de los represaliados pueden pertenecer no sólo a víctimas de ideología o afiliación al PSOE y a la UGT, sino también a personas de otras ideologías y/o de distinta afiliación política”. “Se entiende que no puede existir simbología de partidos u otras organizaciones concretas en el panteón memorial que se erija”, insisten los memorialistas.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento insisten en que no existe ninguna novedad. “Los servicios jurídicos lo ven claro. La cesión de uso es a perpetuidad y está en vigor, porque un acuerdo posterior deroga el anterior”, explica a eldiario.es la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez. A pesar de todo, el Ayuntamiento se compromete a estudiar el escrito de la ARMH y apuesta por un acuerdo entre la UGT y la ARMH “para honrar a todas las víctimas”.
El futuro secretario provincial del PSOE se desmarca de la apuesta socialista. El exsenador Manuel Escarda ha trabajado durante años con la ARMH como antropólogo forense y apuesta por que prevalezca el “apartidismo” en esta cuestión. “Este es un caso absolutamente excepcional, que no haya ningún símbolo”, sugiere el socialista, que se presentará como número 1 al Senado por Valladolid. Escarda se ofrece a mediar entre todas las partes. “Me lo han pedido los familiares. Están desesperados... Si seguimos en esa dinámica, no sé qué pasará con los restos”, lamenta el exsenador y médico de familia. “Alguien tiene que entenderlo”, añade en referencia a UGT.
La CNT, que tiene una placa en el primer memorial, también pide que este nuevo homenaje no lleve simbología. “Solo admitiremos inscripciones con los nombres de esas personas represaliadas, así como su filiación política o sindical y la respectiva leyenda explicando los motivos del monumento”. La CNT apuesta por que el memorial no se haga en el terreno de UGT y PSOE “si hay algún problema” y “buscar un lugar más neutral”. Pero el memorial ya está construido y fue financiado con 43.000 euros del Ayuntamiento de Valladolid.
Mientras los vivos discuten, los restos de las víctimas de la guerra civil en Valladolid continúan en un almacén, el panteón sigue vacío y ni siquiera figuran los nombres de los 3.000 represaliados en la provincia.