Los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos días de dos notícias que han sacudido la vida militar: por un lado, la aprobaciónn del Consejo de Ministros del proyecto de ley orgánica del código penal militar; y por otro, la renúncia de la capitana Zaida Cantera a continuar formando parte de las Fuerzas Armadas. Aunque no lo parezca a simple vista, las dos notícias están muy relacionadas.
Por primera vez, el nuevo código penal militar tipificará el acoso sexual como delito dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que hasta el momento había sido considerado como “abuso de autoridad” en las modalidades de “maltrato de obra a un inferior” o “trato degradante a un inferior” se podrá considerar con la próxima aprovación del código como “abuso de autoridad” en la modalidad de “acoso sexual”.
La inclusión de este nuevo delito en la legislación militar no evitará que se cometan delitos de carácter sexual entre el personal de las Fuerzas Armadas, ni siquiera facilitará que las víctimas de estos actos puedan denunciar su situación, ni que reciban el apoyo necesario para sobreponerse a las consecuencias de haber vivido acoso sexual. El Gobierno, entre su plan de medidas para garantizar la igualdad de la mujer en el ejército, no contempla ninguna propuesta dirigida a combatir la violencia sexual. Pero sí que es cierto que la tipificación del acoso secual en el código penal militar facilitará de algún modo la visualización de la existencia de este tipo de violencia en las Fuerzas Armadas, cosa que hasta el momento se había estado tapando.
Respecto a la capitana Zaida Cantera, pocos días después de la aprobación del proyecto de ley orgánica del código penal militar por el Consejo de Ministros, presentó su renúncia a continuar en el ejército. Después de sufrir acoso sexual por parte de un coronel, optó por denunciar los hechos y ahora, más de seis años después, es ella misma quién abandona las Fierzas Armadas tras un largo periplo por los juzgados militares que ha provocado una situación laborar insostenible para la capitana.
El acoso sexual (tanto hacia mujeres como hacia hombres) está presente en todas las esferas de la sociedad, por lo que nada lleva a pensar que no se deba de reproducir también en el seno de las instituciones militares. Según el informe “La política militar del Gobierno Rajoy” del Centro Delàs de Estudios por la Paz, en la última década se han tramitado 62 quejas a la justicia castrense por acoso sexual a mujeres pero, ¿cuántas mujeres más pueden haber sufrido situaciones similares sin haber presentado denuncia? ¿Cuántas mujeres, después de sufrir acoso sexual, habrán decidido callar para evitarse un final como el de la capitana Zaida Cantera? Sabemos que entre la sociedad civil son muchas las mujeres víctimas de violencia sexual que no denuncian a sus agresores por miedo a las represalias; ¿porqué, pues, debería ser diferente en las Fuerzas Armadas?
Los mecanismos que el Gobierno Rajoy prometía desarrollar para acabar con la violencia sexual en el ejército aún no han visto la luz. De hecho, el Observatorio Militar para la Igualdad, que nacía con la intención de favorecer la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, se ha dedicada simplemente a presentar estadísticas anuales sobre la presencia de las mujeres en los diferentes cuerpos militares y, en cambio, no ha hecho público ningún estudio sobre los problemas con que se encuentran éstas mujeres en el ejército.
De la violencia sexual que sufren los hombres en las Fuerzas Armas ni hablamos. Ni estadísticas, ni mecanismos de denuncia, ni reconocimiento de la existencia de situaciones de este tipo.
En fin. El nuevo código penal miliar no soluciona. Los supuestos mecanismos de prevención no previenen. Y las instituciones jurídicas castrenses no imparten justicia.
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