La renta garantizada de ciudadanía va camino del Parlament de Catalunya. Las entidades sociales y colectivos que la promueven ya tienen a punto la campaña para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la que se servirán para trasladar al debate político una propuesta de prestación que asegure a todos los ciudadanos de Cataluña unos ingresos mínimos. En este caso, 664 al mes. El Parlament ya admitió esta semana a trámite la ILP, y ahora los promotores tienen 120 días hábiles -a partir del 15 de abril, cuando empieza la recogida oficialmente- para conseguir las 50.000 firmas necesarias para seguir con el trámite parlamentario.
“Lo único que pretendemos es rescatar a las personas”, cuenta el profesor Sixte Garganté, uno de los impulsores de la iniciativa. “Las personas en situación de riesgo de exclusión social tienen derecho a ser tenidos en cuenta en los presupuestos de la Generalitat”, añade, en referencia a los recortes que el CiU ha aplicado al departamento de Bienestar Social, que en estos últimos años ha dejado a muchas personas sin la Renta Mínima de Inserción, enmedio de una crisis que ha dejado al 25% de los catalanes en paro y cerca del 20% bajo el umbral de la pobreza.
La prestación que prevé la ILP es de 664 euros mensuales en doce pagas anuales, que recibirán íntegramente las personas que no cuenten con ningún otro ingreso. Para los que tengan ingresos inferiores a esta cifra, se les dará la cantidad exacta hasta llegar a los 664 euros. Los demás requisitos para recibir el subsidio serán la edad -mayores de 18 años o menores emancipados- y la residencia -un mínimo de 12 meses viviendo regularmente en Cataluña. Y cuando haya más de un familiar beneficiario, uno de ellos recibirá la prestación completa, mientras que el otro sólo el 70% de ella.
Los promotores de la iniciativa insisten en que no se han inventado nada, pues existe un artículo en el Estatut d'Autonomia de Catalunya que ya habla de la renta garantizada. “Las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna”, reza el artículo 24.3 del Estatut.
“Es evidente que la Generalitat no lo cumple: solo hace falta ver la tasa de pobreza infantil del 25%, un lujo que no nos podemos permitir”, ironiza Rosa Cañadell, represante de Intersindical Activa de Catalunya, sindicato que apoya la ILP junto con UGT y CCOO. La iniciativa cuenta con numerosos apoyos, provinentes de diversas entidades sociales y colectivos. Desde la PAH hasta la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, pasando por partidos como la CUP, ERC, PSC y ICV-EUiA, además de cerca de una decena de ayuntamientos.
Cuando la propuesta se aceptó a trámite en el Parlament, el pasado 12 de marzo, se hizo por unanimidad, aunque el Ejecutivo de CiU ya ha dado muestras de que no estará dispuesto a aceptarla, entre otros motivos, por su elevado coste. Según las cuentas de los promotores, elaboradas a partir de las cifras del paro, la renta garantizada de ciudadanía supondría este curso para la Generalitat un total de 1.9 millones de euros. La cifra es elevada, pero es que más de 250.000 personas desempleadas no reciben a día de hoy ninguna prestación ni subsidio por desempleo en Cataluña.
Pese a las reticencias del Govern, los propulsores de la ILP tienen la esperanza de poderlo convencer mediante el apoyo de decenas de miles de ciudadanos. “Al menos que sea un vehículo para reflexionar durante estos meses sobre la necesidad de garantizar el derecho a una vida digna a todas las personas”, valorava el veterano activista social Diosdado Toledano.