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Atresmedia denuncia que la nueva ley del audiovisual le discrimina ante las plataformas internacionales

Instalaciones en la sede de Atresmedia, en Madrid

Germán Aranda Millán

2 de diciembre de 2021 11:17 h

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Mientras Esquerra y PSOE siguen con las negociaciones para llegar a un acuerdo por la nueva Ley del Audiovisual que abra una vía definitiva para la aprobación de los presupuestos con la inclusión del 6% de producción en lenguas minoritarias, algunas de las televisiones privadas españolas ya se han posicionado al respecto. UTECA, plataforma de televisiones comerciales en abierto en la que se encuentra Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), ha emitido un comunicado este jueves tildando de “discriminatoria” la nueva ley, que “favorece a las multinacionales extranjeras y penaliza a los operadores nacionales”, según sus propias palabras. 

El partido independentista aprieta al ejecutivo justamente para conseguir que las plataformas sin sede en España también se vean obligadas a incluir en su catálogo un 6% de producciones en idiomas minoritarios como el gallego, el vasco y el catalán. Las multinacionales HBO, Netflix y Amazon Prime, a petición de eldiario.es, han dicho no tener nada a declarar al respecto por el momento. La misma prudencia apuntan Mediaset, propietaria de Telecinco, y también Movistar Plus. Estas plataformas añaden que esperan a “ver el anteproyecto” de ley antes de emitir un posicionamiento. Desde Movistar añaden que desde 2014 han subtitulado al catalán un total de 3.962 películas, documentales, cortometrajes y episodios de series, así como ofrecen más de 100 películas dobladas. Cada mes, rematan, Movistar + estrena dos o tres nuevos títulos de cine con audio en catalán y más de 20 con la opción de subtítulos en este idioma. 

Al posicionarse contra el nuevo anteproyecto de ley, UTECA, en la que se encuentran -además de Atresmedia- DKISS, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV, asegura que “el 6% del catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales, un régimen sancionador más duro y la aportación desigual a la financiación de la televisión pública son obligaciones que el Gobierno ha pensado solo para operadores nacionales” y que “multinacionales francesas propietarias de grandes productoras españolas” serán las principales beneficiadas. Así, la nueva ley “condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias”, según asegura la Unión de Televisiones Comerciales.

“Discriminatoria e ineficaz” 

Pero sus quejas van más allá de la cuota idiomática. Para UTECA, que “solo las televisiones en abierto” deban incluir franjas de protección reforzada para los menores en su programación es una medida “ineficaz” y “discriminatoria”, ya que a esas horas los menores pueden entrar a cualquier plataforma de vídeo. Tampoco le parece bien que se tenga que aumentar la producción independiente del 0,9% al 3,5% ya que, de nuevo, es una medida de la que se beneficiarán multinacionales francesas propietarias de las productoras independientes de mayor tamaño. 

Las principales televisiones privadas en abierto salvo Telecinco, que salió de esta unión hace unos años, aseguran también que “el Gobierno ha desaprovechado la oportunidad” de equiparar en obligaciones a plataformas internacionales y nacionales en la financiación de las televisiones públicas. Las internacionales tendrán que destinar a tal fin el 1,5% de los ingresos que generan en España, la mitad de lo que están obligadas por ley las cadenas privadas españolas. Y, por último, UTECA también considera “discriminatorio” el hecho de que el texto “mantenga limitaciones publicitarias a la televisión cuando no las puede imponer a las plataformas de compartición de vídeo”. 

En definitiva, la plataforma se muestra beligerante ante una ley que, consideran, “obedece a intereses cortoplacistas y amenaza la viabilidad de la televisión en abierto, especialmente en el caso de las cadenas de menor tamaño”, a las que ven “riesgo de desaparecer”. El texto, aseguran, “denota una irresponsabilidad” y “carece de visión de Estado”. 

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