Barcelona endurece las sanciones y recurre a la ley mordaza para acabar con los botellones

En el triángulo golfo de Barcelona el fin de semana empieza el miércoles. Flanqueado por alguna de las discotecas de más renombre de la ciudad, como Razzmatazz, y por la zona de fiesta rockera, este espacio del distrito de Sant Martí congrega cada noche a centenares de personas. Muchas de ellas bailan y beben dentro de los locales. Otras, en plena calle.

El triángulo golfo es uno de los puntos de la ciudad donde se concentran más botellones, una práctica que trae de cabeza a los vecinos y al consistorio. Además de suciedad, las personas que viven en las inmediaciones de estos puntos de encuentro relatan que hay ruido. Mucho ruido. De hecho, en esta zona de Sant Martí, igual que en algunas plazas de Gràcia u otros lugares de botellón, se supera muy frecuentemente en tres decibelios el límite de diez establecido por la OMS.

El botellón es una práctica que se viene incrementando desde hace algunos años. El punto álgido se dio el verano pasado, un año después del inicio de la pandemia, cuando el virus empezaba a remitir, pero la hostelería y el ocio nocturno seguían afectados por las restricciones. En 2021 se desalojaron de las calles a 573.500 personas y la Guàrdia Urbana interpuso 26.000 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.

Pero parece ser que, aunque las discotecas y bares hayan vuelto a abrir sus puertas, el botellón se mantiene como una práctica recurrente. Así lo demuestran las cifras del primer trimestre de 2022, durante el cual la Guàrdia Urbana interpuso 6.175 denuncias, mil más que el mismo periodo del año anterior. Ante este incremento, el Ayuntamiento se ha preparado para un verano que podía romper las estadísticas.

747 multas en una semana

A principios de agosto, bien entrado ya el periodo estival, el consistorio anunció que su plan de choque contra el botellón sería, principalmente, endurecer las multas y las sanciones. Para ello, ha modificado el régimen sancionador de la ciudad, de tal manera que las faltas leves que antes se penaban con 60 euros ahora lo están con 100.

Pero donde se da el verdadero cambio es en las faltas graves, que se darán cuando los participantes del botellón molesten “gravemente” al vecindario, corten el tráfico o generen altercados. Entonces, el Ayuntamiento aplicará la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, que prevé sanciones que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros. Si bien dicha ley regula desde 2015 las sanciones al consumo de alcohol en espacios públicos cuando “perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”, hasta ahora el Ayuntamiento había recurrido a su propio régimen sancionador, detallado en la ordenanza de convivencia ciudadana.

Este cambio busca incrementar cuantiosamente las multas para desincentivar el consumo de alcohol en las calles. “Esperamos que sea una medida disuasoria y que no se tenga que aplicar, pero es importante prevenir conflictos”, afirmó el teniente de alcalde de Seguridad del consistorio, Albert Batlle, en referencia a los incidentes de las pasadas fiestas de la Mercè.

Hace un año, las celebraciones de la patrona de Barcelona todavía estuvieron afectadas por las restricciones de la pandemia y, ante ellas, miles de jóvenes se congregaron en 'macrobotellones' que acabaron en enfrentamientos con la policía. Aquellas noches se zanjaron con hasta 180 detenidos por hurto, robos violentos, desórdenes públicos y altercados.

Esta modificación del régimen sancionador entró en vigor en Barcelona el pasado 2 de agosto. Desde entonces, y hasta el pasado fin de semana, se han interpuesto 747 multas leves, pero no ha habido ningún altercado grave que haya provocado la aplicación de la ley mordaza. El consistorio reconoce que la mayoría de botellones son “reuniones para estar” que no acaban en enfrentamientos y esperan no tener que recurrir a esta ley.

En el punto de mira desde la pandemia

La estrategia sancionadora viene de largo, pero se agudizó con la pandemia, momento en el que se fortaleció la presencia policial en las calles y se estudiaron otras medidas. Tomando como punto de partida la escalada de contagios, el pasado verano la Generalitat pretendió instaurar un toque de queda para evitar los botellones, argumentando que las reuniones sociales eran los principales orígenes de los brotes. Finalmente, la justicia catalana determinó que los botellones eran una cuestión de orden público y no de salud.

“Es un abordaje totalmente equivocado. No podemos pretender resolver esta problemática prohibiendo y castigando, porque no va a ser efectivo. Es lo que se lleva haciendo 30 años y, hasta hoy, no ha funcionado”, considera David Bondia, síndic de greuges (defensor del pueblo) de Barcelona. Este órgano participó de la Mesa Ciudadana para una noche cívica y segura, un espacio de debate convocado por el Ayuntamiento sobre cómo abordar el ocio nocturno en la ciudad.

“Centrarnos en las sanciones es perder la oportunidad de trabajar otras medidas que podrían ser mucho más efectivas. Es un error intentar regular a los jóvenes sin los jóvenes”, apunta Bondia. Por eso, la Sindicatura de Greuges publicó en marzo un informe que presentaba propuestas para abordar la problemática, basadas en la opinión y experiencia de la juventud. “Se tiene que mantener el equilibrio entre garantizar el descanso de los vecinos y el derecho al ocio”, opina Bondia, que propone ofrecer espacios de encuentro alternativos como centros cívicos o 'casals' que estén abiertos por la noche.

Según afirma el síndic, los jóvenes que son menores de edad o con pocos ingresos, tienen pocas alternativas para pasar el rato con sus amigos. “Tenemos un modelo adultocéntrico que sólo regula el ocio adulto y a los jóvenes les dice qué no pueden hacer, pero sin ofrecer alternativas”, resume. Por eso, una de las bases del informe es que las medidas punitivas, per se, no funcionan. “Solo sirven para escalar el problema. La juventud ve a la policía como enemigo y desafío y aumentar su presencia en las calles solo va a servir para desplazar la problemática y para que haya más incidentes como los de la Mercè”, explica José Mansilla, antropólogo y coordinador del informe.

La clave para abordar el asunto, según Mansilla, es aceptar que el botellón es algo “coyuntural que no se puede eliminar. Y, como todo en las grandes ciudades, es conflictivo y complejo de abordar”. En esta línea, apunta que es una manifestación de la necesidad de relacionarse de la gente joven. “No les podemos prohibir divertirse, sino que tenemos que facilitarles espacios amables en los que llevar a cabo sus inquietudes y combinarlas con actividades que no tengan que ver con que menores de edad consuman alcohol o drogas”, apunta Mansilla, en referencia a que el 38% de personas en los botellones tienen menos de 18 años.

“Es totalmente cierto que en el triángulo golfo no se puede dormir, pero estos problemas no los causa solo el botellón. En la calle Blai, que está llena de bares, los vecinos también se quejan”, apunta Bondia, que destaca la diferencia de tratamiento que se hace entre ambas situaciones. Mientras que en un caso se aplica la ley mordaza, en otro se avanza el cierre de bares una hora. “El espacio público es algo muy codiciado, pero siempre que esté higienizado, limpio. Y la gente en la calle no vende”, resume Mansilla.

Desde la Sindicatura de Greuges apuestan por dinamizar el espacio público, pero también son conscientes de la necesidad de acabar con los botellones, aunque saben que es un hito muy difícil de conseguir y que requerirá años. Por eso, defienden gestionar el mientras tanto. “Por muchas multas que pongamos, los jóvenes seguirán yendo, así que tenemos que instalar más lavabos portátiles, puntos lilas y ofrecer información sobre el consumo de drogas y alcohol para evitar incidentes”, apunta Bondia.