FCC reclama dos millones a un ambientólogo por “verter imputaciones falsas” sobre su recogida de basuras
¿Puede una auditoría encargada por un ayuntamiento vulnerar el derecho al honor de una empresa? Así lo cree la multinacional Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que ha demandado al ambientólogo Jordi Colomer por el estudio que le encargó el Ayuntamiento de Badalona sobre el sistema de recogida de basuras de la ciudad. La empresa le reclama casi dos millones de euros porque, a su juicio, el técnico “vertió imputaciones falsas” sobre el sistema de recogida de residuos de FCC en su informe.
La demanda de FCC es el último coletazo de la polémica generada a raíz de las investigaciones internas de varios ayuntamientos catalanes, entre ellos Badalona y Barcelona, por un presunto fraude en la recogida de basuras. La Fiscalía archivó su investigación al no ver responsabilidad penal en las irregularidades denunciadas, aunque dejó la puerta a sanciones administrativas. En este sentido, los gobiernos de Badalona y Barcelona multaron a FCC con 4,1 y 7 millones de euros respectivamente. La empresa ha recurrido la sanción en los tribunales.
Colomer redactó su estudio, de 175 páginas, por encargo del consistorio badalonense después de que el diario El País publicara que FCC habría defraudado 800.000 euros a Barcelona falseando datos sobre la recogida de basura. Lo hizo en el marco de la investigación abierta por el gobierno municipal que terminó en la citada multa de 4,1 millones a la compañía –que finalmente no fue impuesta porque, a diferencia de Barcelona, el pleno no la validó.
En la demanda, FCC acusa al ambientólogo de “servirse ilícitamente” del encargo del Ayuntamiento “para atacar y dañar gravemente” a la empresa con el objetivo de que el servicio de recogida de basuras se municipalizara. La empresa vincula este objetivo con la trayectoria de Colomer como asesor de gobiernos municipales para recuperar la gestión plenamente pública de servicios externalizados a empresas privadas. Colomer lo niega y defiende que se limitó a realizar un trabajo técnico de asesoría.
La empresa es categórica a la hora de acusar a Colomer, que en las conclusiones de su informe estimó en 12 millones de euros la sobrefacturación de FCC al consistorio. Sin embargo, algunos de los fragmentos del estudio de Colomer que la empresa considera que atentan contra su honor incluyen salvedades respecto a sus estimaciones. Al tratarse de un primer paso en el expediente que abrió el consistorio, Colomer ya advirtió de que hacía falta “una comprobación sistemática del cumplimiento de todas los obligaciones contractuales” por parte de técnicos municipales.
FCC, además, responsabiliza a Colomer del “irreparable daño a su imagen y reputación” ocasionado por las ruedas de prensa de los concejales y la alcaldesa de Badalona en las que se dio cuenta a la prensa de la apertura del expediente y de la imposición de la multa. Así, FCC, a través de la estimación efectuada por una consultora, cifra en 1,91 millones de euros la “cantidad mínima” que la empresa “debería invertir para revertir el daño reputacional” por “las repercusiones en prensa y medios audiovisuales” y en redes sociales de las noticias de los medios de comunicación sobre las presuntas irregularidades en su recogida de basuras en Badalona, que la empresa vincula con el informe de Colomer.
Junto a 38.835,66 euros referentes a “costes que ha tenido que afrontar FCC para acreditar la inveracidad” del informe de Colomer, la indemnización total que la empresa reclama al ambientólogo asciende a 1,94 millones de euros. Asimismo, la multinacional también solicita que Colomer sea condenado a “cesar en la intromisión ilegítima al derecho al honor” de FCC “y a abstenerse de repetirla en el futuro ni en Badalona ni en ningún otro municipio”.
Sin acuerdo en la vista previa
La audiencia previa al juicio por la demanda se ha celebrado este jueves en los juzgados de Barcelona. En ella la empresa y Colomer no han llegado a un acuerdo, por lo que el juicio se celebrará en un plazo de dos meses. La sesión de este jueves ha servido para concretar los hechos, testigos y peritos que podrán tratarse y comparecerán en el juicio. La jueza ha limitado el objeto del juicio a una posible vulneración del derecho al honor, y ha descartado la pretensión de la empresa de juzgar además una posible culpa o negligencia de Colomer.
La fiscal –presente en la vista por tratarse de un asunto civil de derechos fundamentales– ha pedido a la jueza considerar a la hora de dictar sentencia si la auditoría de Colomer resulta causa de interés general. Cabe recordar que la ley de protección civil del derecho al honor impide considerar una intromisión ilegítima las actuaciones autorizadas por las autoridades públicas. A este punto se acoge la defensa para solicitar la absolución de Colomer ya que su auditoría no fue realizada a iniciativa propia sino a instancias del Ayuntamiento de Badalona.
“La demanda responde a la intención de FCC de censurar y limitar la fiscalización pública de los grandes contratos municipales. He trabajado 22 años en la gestión de servicios públicos municipales y nunca me he encontrado una demanda así”, asevera Colomer.
