El gesto de Airbnb –plataforma de alquiler entre particulares– hacia el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido poco recorrido. La plataforma había anunciado este martes, en palabras del director general de Portugal y España, Arnaldo Muñoz, que, a fin de combatir la “masificación” en Ciutat Vella, pondría en marcha una serie de medidas, como por ejemplo limitar los anuncios pisos a uno por particular.
El Ayuntamiento de Barcelona no ha tardado ni una hora en responder a la empresa de alquiler de pisos. Y lo ha hecho con contundencia: “El anuncio de Airbnb es un insulto”, ha dicho la concejala del distrito, Gala Pin, que ha alentado a la plataforma a “cumplir la ley” y dejar de publicitar “pisos ilegales”.
En la misma línea se ha expresado el concejal de turismo del consistorio, Agustí Colom, que ha tachado las palabras de la plataforma como una “tomadura de pelo”. Según ha declarado Colom a Catalunya Plural, la postura del Ayuntamiento respecto a Airbnb es “taxativa” e implica conseguir que la plataforma “elimine” los pisos de uso turístico ilegal, en Ciutat Vella y en el resto de la ciudad.
Airbnb había puesto sobre la mesa la posibilidad de limitar los anuncios de particulares a sólo un piso y, en caso de anunciar más, hacer cumplir con la obligación de que la persona se acreditara como “profesional”. La comunicación de la plataforma formaba parte de una estrategia que pretendía –según los responsables de la misma– hacer más “sostenible” el impacto del turismo en la ciudad.
Otra de las medidas anunciadas por Airbnb ha sido la de trabajar con las autoridades para el pago de la tasa turística “a través de la plataforma”. Según ha explicado Muñoz, el año pasado se hubieran podido recabar –a través de la web– más de 6 millones en toda Catalunya por este tributo. Precisamente, el Gobierno de Barcelona trabaja en paralelo con la Generalitat desde hace meses para incrementar el retorno a la ciudad de esta misma tasa.
De rebote, Airbnb ha querido acercar posturas con un Ayuntamiento, el de Barcelona, que ha incrementado la persecución de los pisos turísticos ilegales en los últimos meses. El consistorio lo ha hecho por medio de un plan de choque, en vigor desde el verano pasado, que ahora se verá reforzado gracias a los acuerdos con ERC que han permitido sacar adelante el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT).
De hecho, también durante el verano, el consistorio informó de la resolución de las multas a Airbnb y HomeAway: 60.000 entre las dos, 30.000 euros por plataforma. Según explicó el Ayuntamiento, el importe de las mismas podía crecer si seguía la reincidencia; hasta 600.000 euros en sanciones a las dos webs acusadas de anunciar pisos turísticos sin licencia.