Del gimnasio social Sant Pau a La Caracola: los desahucios amenazan las redes de emergencia social de Barcelona

Frente a la puerta del gimnasio Sant Pau media docena de personas espera para ducharse. Dentro, Santi González, vecino y comerciante del Raval, reparte turnos y prendas de ropa para aquellos que necesitan cambiársela. A diario pasan unas 150 personas sin recursos por este equipamiento deportivo que desde hace años es mucho más que un gimnasio, más bien un centro social y, durante la pandemia, incluso un banco de alimentos para decenas de familias. Pero puede que tenga los días contados: el juzgado les ha notificado una orden de desahucio para el 20 de enero. 

La prohibición de los desahucios prorrogada por el Gobierno no ha evitado que se hayan reactivado los lanzamientos señalados desde antes de marzo. Solo en la primera semana de septiembre, el Sindicato de Inquilinos de Barcelona contó 150. La reactivación de los desalojos puede llevarse por delante dos espacios en el barrio del Raval que se han convertido en auténticos centros de emergencia social, más aún durante la pandemia.

Además del Sant Pau, pesa también una orden de desalojo desde el pasado jueves –y con fecha abierta– para La Caracola, una nave ocupada en 2019 por varios colectivos, entre ellos el Espacio del Inmigrante, para dar techo a mujeres mayores sin hogar. Desde este recinto el Sindicato de Manteros cosió las 14.000 mascarillas que donó a distintos hospitales cuando todavía escaseaban. 

“La situación en el barrio es muy dura, la mayoría de vecinos se dedican a la economía informal, desde el cuidado de gente mayor a la venta ambulante, y ahora se han quedado sin trabajo y sin ayudas”, expone Santi desde la puerta del gimnasio. Desde abril hasta julio, la cooperativa del Sant Pau repartió a diario 150 comidas a través de un contrato con el Ayuntamiento, que luego les rescindió. 

Desde entonces, han mantenido solamente el servicio de duchas para el mismo número de gente. El consistorio cubre los gastos, que incluyen el personal y la limpieza de la ropa, mientras que el gimnasio pone la infraestructura y hace una colecta de comida para dársela a los usuarios. El viernes consiguieron solo agua y galletas. 

Con las instalaciones del gimnasio todavía cerradas porque no pueden aplicar un protocolo sanitario con garantías, el gimnasio se enfrenta a un futuro incierto. Pero no sería la primera vez que logran esquivar un desahucio. Su historia está repleta de giros de guion que han permitido conservar para el barrio un equipamiento que casi siempre tuvo un carácter social, ya desde su fundación en 1940 como unos baños populares para el vecindario.  

La actual cooperativa tiene su origen en 2012, cuando los trabajadores asumieron la gestión de una empresa que iba a cerrar. “Desde entonces asumimos que tenemos una responsabilidad con el barrio, que también estamos para aquellos que quieren hacer deporte y no tienen dinero”, argumenta su portavoz Ernest Morera. Hasta tal punto ha sido así que han llegado a tener 1.400 socios de los que solo puede pagar la cuota un tercio.

En 2017 estuvieron a punto de ser desahuciados, pero lograron un pacto con la propiedad para prorrogar el alquiler tres años más, hasta julio de 2020, y que incluía la compra por parte del Ayuntamiento de una finca adyacente para levantar vivienda social. Un año después, en 2018, el pleno del consistorio aprobó por unanimidad adquirir el recinto del Sant Pau para preservarlo, pero esta operación nunca se ha llevado a cabo. “Pueden aprobar lo que quieran que luego no lo cumplen, esto va muy bien para crear relato pero no para crear ciudad”, se queja Morera. 

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, defiende que mantienen un compromiso con el Sant Pau desde el mandato pasado para “salvarlo del desahucio”, pero reconoce que, tras la epidemia, no pueden asegurar la compra del edificio. “La situación financiera tras el confinamiento es complicada”, justifica, aunque añade que tienen margen todavía para negociar con la propiedad: “Estamos mediando para salvar aquello que consideramos positivo para la ciudad, que es su acción social”.

El hogar de mujeres migrantes mayores, en peligro

A menos de 10 minutos andando del gimnasio, en la calle Peu de la Creu del Raval, otro espacio que se ha dedicado a la asistencia social durante los últimos meses podría enfrentarse a sus últimas horas. Son unos bajos con distintos locales que fueron ocupados en mayo de 2019 por varios colectivos del Raval, después de que la policía desalojase de allí a un grupo de narcotraficantes.

La nave ha sido desde entonces el hogar de más de una decena de mujeres migrantes que estaban solas y sin techo –ahora quedan tres–, así como la sede del Espacio del Inmigrante y del taller del Sindicato de Manteros, que tiene su tienda muy cerca. Bajo su techo se creó también el Sindicato de Cuidadoras del Hogar, pero desde hace unos meses se han trasladado al Ateneu del Raval.  

“Ahora nos quedan ya solo cinco máquinas de coser, la mayoría las hemos ido sacando por si desalojan”, comenta Aziz Faye. En la sala en la que habla el portavoz del Sindicato de Manteros llegó a haber hasta 32 máquinas para fabricar miles de mascarillas que en lo peor de la crisis donaron a los hospitales de Granollers y Sant Celoni.

“Las que hacemos en estos momentos ya son solo para vender, para nuestra marca”, precisa. Mientras tres compañeros suyos cosen, al otro lado de la estancia, un grupo de una decena de personas, la mayoría de ellos migrantes subsaharianos, preparan la comida. El local también ha sido banco de alimentos durante la crisis, repartiendo productos que los vecinos les traían a un total de 400 personas, según los cálculos de Aziz. 

El desalojo ordenado por el juez a instancias de la propiedad, InmoCaixa, que ha preferido no hacer declaraciones, afecta a todos los locales. Al lado del taller de los manteros, el espacio La Caracola sirve de casa a tres mujeres víctimas de desahucio, un perfil a “invisibilizado y marginalizado” no solo por las instituciones, sino a menudo por los colectivos de vivienda. Así lo explican Adrián y Saraí, del Espacio del Inmigrante. “Las mujeres mayores que están solas suelen estar siempre desprotegidas”, argumentan. 

Ambos activistas se quejan también al consistorio de que no ha respondido a sus peticiones de ayuda. El concejal Rabassa responde por su parte que sí están tratando de mediar con la propiedad, sobre quien consideran que debería recaer la responsabilidad de ofrecer una alternativa de vivienda a las mujeres ocupantes. “Confío que lo resolveremos, pero vamos a contrarreloj”, valora. Desde el Espacio del Inmigrante organizaron también este sábado conciertos y talleres para defender La Caracola.