El “infierno” de los vecinos de un piso turístico ilegal en Barcelona: fiestas hasta tarde y una paliza por denunciar

Vivir al lado de un piso turístico en Barcelona puede acarrear muchas molestias. Pero si es un apartamento ilegal, se convierte a menudo en un infierno. Lo ha sido durante los últimos ocho meses para Xavi Buxeda y su pareja. Incontables noches de ruido y fiestas en la puerta de al lado les llevaron a iniciar un proceso de denuncia que, a día de hoy, no solo no ha concluido con el cierre del piso, sino que ha provocado que el sábado pasado les propinaran una paliza en el rellano.

La historia de estos dos jóvenes en su piso de la calle Tiradors, en pleno centro de la ciudad, concentra algunas de las principales problemáticas enquistadas en la ciudad en cuanto a los pisos turísticos ilegales. Principalmente, un proceso administrativo que se alarga durante meses antes de que la Guardia Urbana pueda precintar el apartamento y unos propietarios que actúan como “mafias”. Quien así lo describe es el propio Ayuntamiento de Barcelona, que asegura que tiene detectados unos 20 casos como este: infractores reincidentes que hacen caso omiso a sus advertencias.

Buxeda, que tras denunciar la paliza a los Mossos d'Esquadra se ha instalado con su pareja en casa de unos amigos, explica cómo casi desde el primer día se dieron cuenta de que iban a convivir con un piso turístico ilegal. “La primera noche hubo una fiesta que duró hasta las tres de la madrugada; primero pensamos que eran solo vecinos, pero pronto nos dimos cuenta de que había gente entrando y saliendo con maletas cada varios días”, explica.

Era el mes de mayo y se acababan de mudar. A través de la web del Ayuntamiento, Buxeda y su pareja comprobaron que ese piso no tenía licencia de uso turístico –en Barcelona hay unas 10.000 que sí la tienen–, pero los alojados con los que hablaban les contestaban que lo habían alquilado a través de Airbnb. “Llamamos a la Guardia Urbana varias veces, pero los turistas nunca les abrían la puerta”, explica el afectado. Tampoco dejaban entrar a los inspectores municipales que se dedican a supervisar estos apartamentos a partir de las quejas de los vecinos.

Amenazas a las inspectoras municipales

Sin la posibilidad de entrar en la vivienda, no podían constatar que se trata de un piso turístico ilegal, así que según el consistorio la inspección se personó en el inmueble en diez ocasiones entre julio y septiembre. Hasta el punto que una vez las dos trabajadoras municipales fueron increpadas en el portal por un individuo que se acercó desde la calle. “Desde entonces, todas las inspecciones en ese piso se han hecho acompañadas de la Guardia Urbana”, explican fuentes municipales.

Al final, relata Buxeda, los servicios del Ayuntamiento lograron entrar y comprobar que se usaba el piso para alojamientos temporales. Para entonces llevaban ya tres meses de difícil convivencia con los turistas, pero lo que no se esperaban era que el procedimiento administrativo para clausurar el piso se iba a alargar durante meses, una demora que suele centrar las quejas de quienes realizan este tipo de denuncias. El expediente se abrió a finales de septiembre, se publicó en el BOE porque no se localizó al propietario, y ocho meses después todavía no se ha precintado.

Al asumir que iba para largo, Buxeda y su pareja quisieron presionar por otros frentes y contactaron con Airbnb. “Pero siempre nos contestaban con mensajes automáticos”, relata. Así que además decidieron poner un cartel en la puerta del piso en cuestión advirtiendo a sus inquilinos de que estaban en un piso sin licencia y de que estaban contribuyendo a la “gentrificación” del barrio. El problema es que cada cierto tiempo alguien iba y retiraba el papel.

Junto con los insultos a las inspectoras, el hecho de que alguien acudiese a retirar el cartel generaba en la pareja una sensación de inseguridad “muy grande”. “Me iba a dormir nervioso siempre”, explica este joven, que asegura que esto, sumado a las noches de fiesta, le afectó en su día a día. “Era un infierno, no sabías nunca ese día qué iba a suceder; esto provocó que llegase a anular reuniones de trabajo porque no había podido dormir y acumulaba fatiga”, relata Buxeda.

Pero lo más grave ocurrió este sábado, cuando su pareja salió al rellano para colgar el cartel de advertencia. De dentro del piso salió un hombre que empezó a golpearle y lo tiró al suelo. “Al salir intenté apartar al agresor, pero no me atreví a pegarle porque temía que se volviese loco”, explica. Al final llamó a los Mossos d'Esquadra y, antes de que estos llegaran, el desconocido se encerró de nuevo en el piso turístico. “Los agentes llamaron a la puerta pero él no quiso salir, y nos dijeron que se tenían que ir, así que nos dejaron solos con el agresor”, lamenta.

Al poco rato, ambos se fueron corriendo y no han vuelto a casa. Les da miedo que, pese a que el caso está ahora bajo investigación, el agresor pueda volver a por ellos.

La “mafia” de los infractores múltiples

La cronología de los hechos que relata Buxeda, sobre las denuncias y el procedimiento administrativo abierto al propietario, concuerda a la perfección con la información de que dispone el consistorio. Según explican, el expediente abierto en septiembre sigue ahora en período de alegaciones. Pero además les consta que ese propietario tiene otro expediente por piso turístico sin licencia.

“El propietario es uno de los multiinfractores que el Ayuntamiento tiene detectados y que actúa como un entramado con prácticas mafiosas”, señalan desde el consistorio. La concejal de Urbamismo Janet Sanz ha explicado que hay unos 20 casos parecidos en toda la ciudad, y han exigido herramientas más “agilidad judicial” para poder intervenir en estos casos cuando se constata la actividad al margen de la ley. “Sabemos quienes son y qué pisos tienen; hemos de poder actuar”, ha lamentado.

Sanz ha sido especialmente dura con Airbnb. “Ha de escoger si está al lado de la mafia o del Ayuntamiento”, ha resaltado. Según el consistorio, instaron a Airbnb a que lo descolgase de su web pero no se desactivó hasta diciembre. Buxeda, por su parte, explica que él no llegó a encontrar la oferta en el portal de la plataforma, con lo que sospecha que los propietarios publicitaban otra dirección, esa sí con licencia, aunque luego distribuían a los inquilinos en los apartamentos ilegales.

Preguntada sobre este asunto, Airbnb no se ha pronunciado todavía. Con ellos y varias plataformas como HomeAway o Booking se llegó a un acuerdo por parte de la Administración para que los anunciantes tuviesen incluir el número de licencia de piso turístico en la oferta, pero no es un requisito imprescindible para colgar el anuncio. Sí es útil para que la Administración pueda contrastarlo con las denuncias y cerrar pisos, como hizo en más de 3.000 casos durante el pasado mandato.

Con todo, Buxeda se queja de que ni la denuncia ni siquiera la comprobación de la actividad ilegal sirvan para precintar los pisos, puesto que los trámites administrativos se alargan entre notificaciones y alegaciones. “En el momento en que detectas un piso ilegal sabes que estarás al menos un año sin dormir”, resume. Ahora ha pedido al consistorio que les facilite un alojamiento temporal, algo que el Ayuntamiento no tiene previsto y sobre lo que no se ha pronunciado.