¿De quién es la calle? La batalla de los símbolos del 'procés' abre el debate sobre la ocupación del espacio público

El independentismo ha teñido de amarillo carreteras, edificios y hasta las playas en los últimos meses para protestar contra los encarcelamientos de sus líderes políticos. Estas acciones, amparadas por el derecho a la protesta según los que las promueven, son vistas por algunos partidos, como PP y Ciudadanos, como la demostración de que 'els carrers seran sempre nostres' es algo más que una lema para los soberanistas. Hasta el punto que algunos grupos han optado por retirar lazos y pancartas de la vía pública en actuaciones, algunas de ellas violentas, que han conducido a un encendido debate sobre el uso de la vía pública para protestas.

“No permitiremos que playas y plazas se conviertan en cementerios ideológicos porque son de todos”, expresaba este lunes Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos, un partido que lleva tiempo denunciando no solo el uso de símbolos en la calle, sino también en las instituciones, como sucedió en el último pleno del Parlament cuando retiraron un lazo de un escaño de la bancada del Govern. O cuando han pedido al Ayuntamiento de Barcelona que quite el que cuelga del balcón por consenso de los grupos, algo que ocurrió este domingo durante 10 minutos –tras una agresión ultra a un agente de la Guardia Urbana durante una manifestación unionista– y que ha soliviantado a los partidos independentistas.

En el consistorio ha anunciado una Junta de Portavoces para abordar la cuestión después de que así se lo hayan pedido PDeCAT y ERC. 

El número 2 de la Fiscalía ha conminado a los Mossos d’Esquadra a evitar la “ocupación irregular” del espacio público, que niega que entre dentro de la libertad de expresión. No lo ven así otras instituciones como el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, que defiende que todas las ideologías democráticas, aunque sean antagónicas entre sí, deben poder expresarse en la calle, si bien cumpliendo las normas de “convivencia y civismo”. En este momento el Síndic está elaborando un informe con denuncias de este tipo.

“La plantada de cruces es un inequívoco acto de expresión de crítica política y su terreno natural es el espacio público”, sostiene la abogada Laia Serra, que descarta que exista “ninguna razón de peso que ampare su retirada”. Esta penalista argumenta que solo podrían retirarse por motivos como “riesgo para la seguridad física” o si incitaran a la comisión de actos violentos, pero por lo demás asegura que la libertad de expresión ampara contenidos que “molesten u ofendan”, incluso la quema de fotos del rey. Por esta razón considera que no estaba justificado impedir la plantada de cruces en la playa de Mataró (aunque los manifestantes sortearon la prohibición colocando decenas de telas sobre la arena).

“Este debate no lo hemos tenido con protestas de menor dimensión que suelen ocupar la vía pública con pancartas y carteles”, sostiene Jordi Mir, director del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la UPF, aunque reconoce que cuando la confrontación pasa de las ideas al choque físico un responsable público debe poder intervenir para llegar a consensos. En su opinión, la solución no debería ser prohibir los actos, sino garantizar que ambos posicionamientos puedan expresarse. Y pone como ejemplo el reciente caso de Berlín, donde convivieron una protesta ultranacionalista a favor del partido AfD y otra de rechazo a ella. 

En el caso de la playa de Mataró, el alcalde, David Bote (PSC), asegura que su objetivo era “garantizar la seguridad para todos y que la gente no llegara a las manos”. “Se pueden hacer protestas pero pensando en los demás”, valora, aunque al final uno de sus argumentos para impedir la plantada de cruces, tras la reunión de la Junta de Seguridad Local, fue que para hacer uso “intensivo” de la playa hace falta una autorización de la Generalitat de la que los activistas no disponían (aunque la protesta tampoco iba a ocupar toda la costa). 

“Muchas movilizaciones a lo largo de la historia no han contado con autorización y no por ello se limita el derecho, a no ser que genere un conflicto añadido”, sostiene Mir, que pone como ejemplo la ocupación de la plaza Catalunya por parte del 15M, tolerada hasta que el Ayuntamiento la desalojó argumentando motivos de salubridad y orden público (coincidía con la celebración de la Champions del Barça), una decisión aun así duramente cuestionada.

Los CDR no suelen comunicar sus actividades, pero en este caso pintar lazos o colocar cruces ni siquiera debe ser considerado una manifestación -regulada por la ley del derecho de reunión-, según Serra, porque se trata de encuentros de colectivos que en la mayoría de los casos no llegan a esta categoría. 

¿Es libertad de expresión retirar lazos?

No solo el activismo independentista ha tomado las calles en los últimos meses para llenarlas de lazos amarillos, sino que varios colectivos unionistas lo han hecho también para retirarlos. Son los Grupos de Defensa y Resistencia (GDR), que suelen actuar de forma organizada y a menudo de noche para “limpiar” los municipios de símbolos soberanistas. Uno de ellos fue el que trató de retirar cruces en la playa de Canet de Mar en una acción que acabó con varias agresiones.

Para Jordi Mir, estas actuaciones también pueden inscribirse dentro de la libertad de expresión, aunque insiste en que lo idóneo de acuerdo con este principio sería que unos se expresaran sin condicionar a los otros. “Sin que la manifestación de una parte consista en anular la otra”, detalla. Es lo que opina en este caso Serra, más contundente, que considera que hay en estas acciones un componente de “coacción o violencia” que las dejan fuera de la libertad de expresión, porque “atenta contra una expresión política” cuando hay otras vías para manifestarse. 

La “neutralidad” de las instituciones

“Los ayuntamientos tienen que mantener la neutralidad en la gestión de los espacios públicos; estos espacios son de todos los ciudadanos y no solo de aquellos que expresan una determinada opción política”. Con estas palabras Enric Millo, delegado del Gobierno en Catalunya, pedía por carta a los alcaldes catalanes que mantuvieran su municipio libre de simbología sobre el procés, advirtiendo que lo contrario ha llevado ya algunos “enfrentamientos entre ciudadanos”.

Su petición de “neutralidad” tanto en las calles como en los edificios de la Administración ha sido la tónica reciente en partidos como PP, Ciudadanos o el PSC, que piden a instituciones como la Generalitat o ayuntamientos que retiren simbología que no representa a todos los ciudadanos. 

“Ningún símbolo es neutral, ni siquiera las banderas constitucionales, y puede que en favor de una supuesta neutralidad se acaba por retirarlos todos”, alerta Mir. En su opinión, las instituciones no deberían perseguir la imparcialidad, sino “garantizar que las distintas voces en su seno pueden expresarse”.