Catalunya pone fin a la prohibición de las reuniones de más de 10 personas

La Generalitat ha anunciado el fin de las últimas restricciones en materia de COVID-19 que afectaban a los derechos fundamentales. Si hace dos semanas puso fin al toque de queda debido a la mejora de los indicadores de la epidemia, de cara a este viernes decaerá el límite de diez personas en las reuniones y las reducciones de aforo en centros de culto.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha adelantado la noticia en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo mientras el Procicat, el organismo que gestiona la pandemia, ultima sus detalles. “Decaen las restricciones del derecho de reunión y la que afectaba a la libertad de culto restringiendo el aforo en centros religiosos”, ha explicado la portavoz.

Plaja ha animado durante la rueda de prnesa a que la población a que siga acudiendo a vacunarse si todavía no lo ha hecho. “Hay vacunas a disposición de toda la población. Por favor, vacúnense”, ha insistido.

En cuanto al resto de restricciones, la mayoría de las cuales tienen que ver a día de hoy con aforos reducidos en distintas actividades, ha dejado claro que se mantendrán. Solo se está revisando la de los eventos deportivos de más de 10.000 personas. 

También ha descartado Plaja que se vaya a permitir pronto la reapertura del ocio nocturno. “La situación pandémica lamentablemente no permite que se pueda reabrir”, ha expresado. El Departamento de Salud ya se reunió este lunes con los representantes del sector y que estaban lejos de autorizar su actividad. Una posibilidad que planteó Salud es permitir su apertura cuando las UCI estén por debajo de 100 pacientes COVID. Hoy la ocupación es de 316 ingresados. 

En materia de coronavirus, Plaja también ha salido a matizar las declaraciones de la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, que ha pedido al Gobierno que estudie la implantación de un certificado de COVID-19 para acceder a la hostelería o la cultura. La portavoz ha negado que el Govern lo tenga sobre la mesa ni que haya trasladado esta cuestión al Gobierno central como una exigencia o forma de presión. 

“Lo que sabemos es que hay cuatro comunidades autónomas que lo han querido tirar adelante y la Justicia se lo ha tumbado”, ha recordado. “No tenemos encima de la mesa ninguna medida que pueda discriminar a nadie”, ha insistido en este sentido.