Catalunya estudia una amnistía para que las familias que recibieron prestaciones indebidas no deban devolver el dinero

La Generalitat de Catalunya se ha comprometido a “explorar las vías legales” para elaborar una amnistía para las familias vulnerables que han recibido prestaciones indebidas durante los últimos años. Así lo ha comunicado la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, que ha comparecido en el Parlament una semana después de1 que se conociera que 9.500 familias habían recibido ayudas que no les pertocaban.

Según cálculos más actualizados, el número de posibles cobros indebidos se ha elevado a 12.503 personas, de los cuales ya se han confirmado 2.829 casos, a los que ya se ha reclamado el retorno. De media, se pide la devolución de 7.757 euros.

Pero este martes, Martínez Bravo se ha comprometido a estudiar mecanismos que permitan que algunos casos se libren de retornar el dinero. La consellera ha especificado que sólo serán amnistiadas aquellas familias que en el momento de recibir la notificación sigan siendo vulnerables y que acrediten que no han actuado de mala fe para recibir las prestaciones.

Y es que los pagos indebidos se han dado por dos casuísticas, según el Govern. Hay casos de personas que comunicaron en su momento un cambio en su situación personal y económica, pero como la administración “tardó unos meses en realizar el cambio”, estos hogares han cobrado dinero que no les correspondía, tal como explicó el secretario general del Departament, Raúl Moreno. Por otro lado, también se han detectado casos de usuarios que no han notificado el cambio de estado.

La consellera ha querido recordar que esta problemática es “sobrevenida” y ha asegurado que “desde el primer día” su equipo ha trabajado para resolverla y parar el envío de nuevas cartas que informan a posibles beneficiarios de prestaciones indebidas. Igualmente, el Govern trabaja en mejoras en el sistema de gestión para evitar que estos problemas se repitan en el futuro.

Los cambios que estudia el Departament se basan en reforzar los equipos e impulsar el cruce de datos de las diversas administraciones implicadas en las ayudas, ya que actualmente el cobro se basa en declaraciones responsables de los mismos usuarios.

Durante su comparecencia, Martínez Bravo ha detallado que en los últimos cuatro años, la Dirección General de Prestaciones Sociales han estado activas cerca de 160.000 ayudas de Renta Garantizada de Ciudadanía