Los colegios que sufrieron destrozos el 1-O por la actuación policial presentan denuncias para cobrar los daños
Armarios reventados, puertas forzadas, ventanas rotas... Este es el paisaje que dejaron tras de si los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que irrumpieron el 1-O en los colegios electorales para requisar las urnas. Desde entonces, los colegios han ido denunciando lo sucedido a los Mossos d'Esquadra para que las compañías de seguros asuman el coste de los desperfectos.
El Consorcio de Educación de Barcelona (integrado en su mayoría por la Generalitat) ha apremiado por correo a aquellas escuelas que todavía no habían denunciado a que lo hagan. Así lo han confirmado a este diario fuentes del Consorcio, que explican que las denuncias a la policía son un trámite necesario para cobrar la indemnización. En su caso, están recopilando las de los centros de primaria afectados de la capital catalana porque comparten aseguradora.
“A nosotros nos destrozaron el mobiliario de la planta baja, sobre todo puertas y armarios, que es donde buscaban las urnas”, detalla Antònia Marsol, directora del colegio Els Horts del barrio de la Verneda. En su caso se apresaron a poner la denuncia ya en noviembre. Sobre la actuación de la Administración no tiene queja, puesto que asegura que les cambiaron el mobiliario “con mucha celeridad”.
El cálculo de los daños ha ido creciendo a medida que ha pasado el tiempo. La entonces consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, valoro el día 2 de octubre en 314.000 euros los daños materiales ocasionados, de los cuales 90.000 correspondían a Barcelona. A la espera de ver cómo responden las aseguradoras, el Consorcio de Educación de Barcelona, que contó 56 colegios afectados, eleva la cifra en la capital catalana a 147.349.03 euros.
Aparte de las denuncias de los colegios barceloneses, desde el departamento de Enseñanza no han concretado si el mismo procedimiento se ha seguido en el resto de escuelas de Catalunya. Se remiten al Gabinete Jurídico de la Generalitat, que aglutina las reclamaciones de daños de toda la administración.
También los colegios concertados que fueron punto de votación -aunque fueran una minoría- han presentado denuncia con el mismo objetivo. Y la han hecho llegar asimismo al Consorcio, según cuenta por ejemplo la institución Escola Pia. En su centro de Sant Antoni, detallan fuentes del colegio, la Policía Nacional destrozó la puerta de entrada, la verja automática y otra puerta del piso principal.
En el plano penal, la Generalitat, en la querella que abrió la causa de las cargas del 1-O, denunció a la Policía por daños en bienes públicos y privados por los destrozos que la requisa de urnas causó en algunos colegios. Sin embargo, la investigación judicial se centra por este momento en el delito leve de lesiones que denunciaron 230 votantes de la capital catalana.
Los heridos, bien ellos mismos o bien sus abogados, acuden desde la semana pasada al juzgado de instrucción 7 de Barcelona para ratificarse en sus querellas y confirmar que son las personas que aparecen en los vídeos que los Mossos d'Esquadra han aportado con el conjunto de las imágenes –de votantes, medios de comunicación y cámaras de seguridad– de las cargas en los colegios. Uno de los últimos heridos en ratificarse en su denuncia ha sido Roger Español, que perdió la visión del ojo derecho por una bala de goma.
Asimismo, gracias a los vídeos y a la relación de agentes desplegados en Barcelona que ha aportado la Policía al juzgado, otros heridos han identificado al antidisturbios que presuntamente les lesionó. Se trata de dos pasos indispensables para que los heridos pidan al magistrado la declaración como imputado del agente.
