El Parlament debatirá si la mayor privatización de la Generalitat vuelve a manos públicas

El Parlament catalán debatirá si Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la mayor privatización de la historia de la Generalitat, vuelve a manos públicas. La Cámara aprobado sacar adelante los trámites de una proposición de ley del PSC que defiende que el Govern vuelva a gestionar de forma directa los bienes e instalaciones de la red de ATLL que son de su titularidad y que desde el 2012 gestiona un consorcio liderado por Acciona. Sólo ha votado en contra Junts per Sí. La CUP, el partido que garantiza la estabilidad del Govern, ha votado con el resto de la oposición por primera vez esta legislatura. No obstante, el diputado cupaire Benet Salellas ha advertido que los anticapitalistas utilizarán el debate sobre el retorno de ATLL a manos públicas para ver si “resiste al cinismo y la hipocresía” que, según Salellas, han mostrado PSC e ICV en materia de agua.

Lo que se debatía este miércoles en el pleno no era la reversión definitiva de la privatización más grande de la historia de la Generalitat, sino si se permitía al Parlament iniciar los trámites para debatir una norma que contemplara el retorno de ATLL al control público.

El diputado del PSC que ha defendido la proposición de ley, Jordi Terrades, ha deseado que el debate parlamentario sirva para que el nuevo Govern de Junts pel Sí “no siga los mismos pasos” que el de CiU, que siempre se había cerrado en banda a discutir sobre la anulación de la privatización de ATLL.

Asimismo, ha recordado las sentencias sobre medidas cautelares del Tribunal Supremo y sobre el fondo de la cuestión del TSJC, que confirmaron que la privatización se hizo mal y deprisa y corriendo para que la Generalitat ingresara 300 millones de euros para cuadrar las cuentas del 2012. Sobre la sentencia del TSJC, Terrades ha considerado que es “el anclaje perfecto” para volver a la gestión pública de ATLL. Agbar fue la otra empresa que competía con Acciona por ATLL.

El diputado de Junts pel Sí, Marc Sanglas, ha defendido que hay que esperar la sentencia del Supremo sobre el recurso que presentó la Generalitat y ha advertido de que, en caso de consumarse la vía propuesta del PSC para devolver ATLL a manos públicas, las arcas catalanas tendrían que hacer frente a una indemnización de 1.200 millones de euros.

Si no se espera el pronunciamiento de los tribunales, ha dicho Sanglas, Acciona puede reclamar una indemnización por lucro cesante, lo que elevaría en 900 millones de euros la indemnización que el anterior conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, había cifrado si los tribunales anulaban definitivamente la privatización. Por todo ello ha tachado la propuesta socialista de “medida chavista”.

La CUP avisa a PSC e ICV

Había expectación en el Parlament para ver cómo la CUP hacía perder por primera vez una votación a Junts pel Sí. El diputado Benet Salellas ha reafirmado la voluntad de su grupo para que el agua sea pública, tanto en la gestión 'en alta', es decir, desde la captación del agua hasta los depósitos de los municipios (y que en el caso de ATLL supone dar servicio a 4,5 millones de habitantes del Área Metropolitana de Barcelona), como en la gestión 'en baja' (la que llega al grifo del usuario).

Salellas ha advertido que su grupo llevará al límite la propuesta del PSC sobre la gestión de ATLL, incluyendo también la gestión pública 'en baja', para ver si el debate parlamentario “resiste al cinismo y la hipocresía” que, según Salellas, han mostrado PSC e ICV en materia de agua. En este sentido, Salellas ha recordado que la privatizada ATLL fichó a la exsecretaria del Govern tripartito, la socialista Laia Bonet, como directora adjunta a la presidencia para relaciones institucionales. Terrades le ha contestado argumentando que la propia proposición de ley que ha defendido demuestra que la presencia de Bonet en ATLL Concessionària no condiciona la actividad parlamentaria del PSC en el conflicto.

Salellas, además, ha recordado el informe de la Sindicatura de Cuentas que desveló que cargos de ICV, del PSC y de CiU como Imma Mayol, Jesús María Canga, Paco Bustos, Joan Puigdollers o Francisco Narváez habían percibido dietas superiores a las que permitía la ley cuando formaban parte del consejo de administración de ATLL entre 2010 y 2011, antes de la privatización de la empresa.

Privatización fallida

Ha llovido mucho desde que el consorcio liderado por Acciona y donde también participaban el banco brrasileño BTG Pactual y los fondos de inversión de las familias Godia-Torreblanca y Rodés se hicieran con el control de ATLL. La crisis de BTG Pactual ha hecho que Acciona se quedara la participación basileña en ATLL. Los tribunales han tumbado una y otra vez la tesis de la Generalitat de que fue una privatización bien hecha, y un informe de la Oficina Antifraude ha puesto de manifiesto malas prácticas de Acciona.

La Generalitat ha optado por esperar una sentencia del Supremo tras recurrir la decisión del TSJC, que anuló todo el concurso, y por iniciar un procedimiento administrativo después que Antifraude descubriera facturas cruzadas entre la empresa concesionaria que se quedó ATLL y filiales de Acciona. Son casos diferentes sobre la misma privatización, pero que dejan mal parada la Generalitat tanto a la hora de plantear la concesión como en el supuesto papel de control que debía ejercer una vez Acciona ya gestionaba ATLL.