Los partidarios de la municipalización del agua se conjuran para superar su carrera de obstáculos
La gestión del agua es un negocio lucrativo para las empresas privadas. En Catalunya, tanto la Generalitat como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) deben decidir si devuelven a manos públicas dos compañías básicas para el suministro de agua a millones de catalanes. A nivel local, el fin de los contratos con empresas que llevan el agua hasta los grifos de los hogares coincide con consistorios favorables a la municipalización del servicio. Ripollet y Terrassa son los municipios que pronto deberán tomar una decisión al respecto: sus contratos con Sorea y Mina (ambas compañías participadas por Agbar) acaban en octubre y diciembre de este año, respectivamente. En ambas poblaciones los partidarios del agua pública se conjuran para superar su particular carrera de obstáculos, que son tanto jurídicos como políticos y empresariales.
“En Terrassa nos jugamos mucho. Que la cuarta ciudad más poblada de Catalunya [215.000 habitantes] municipalice el agua puede sentar un precedente en todo el Estado”, analiza Cèsar Guia, que forma parte de la Taula de l'Aigua de Terrassa, que aglutina al movimiento vecinal partidario de la gestión pública. El alcalde, Jordi Ballart (PSC) se ha comprometido a llevar a cabo estudios técnicos y un proceso participativo que culminará en la celebración de una consulta popular sobre el modelo de gestión del agua.
No todos los partidos que defienden la gestión pública están a favor de la consulta tal y como se ha planteado. La concejala de la CUP de Terrassa, Maria Sirvent, opina que “no se puede preguntar si el agua tiene que mercantilizarse”, y que la consulta debería versar sobre qué modelo de gestión pública implantar. Además, la edil cupaire insta al alcalde a “definirse claramente” y sumarse a los grupos del consistorio favorables a la municipalización (que además de la CUP son ERC y Terrassa en Comú).
Por otro lado, la empresa que gestiona el servicio de agua en Terrassa, Mina, quiere seguir prestándolo una vez termine la concesión. La compañía ha llevado a los tribunales el nombramiento del ingeniero Joan Gaya como comisionado del agua al entender que sus funciones para definir el modelo de gestión del agua de Terrassa a partir de 2017 exceden de su cargo como “personal eventual de confianza”. El ayuntamiento respondió al contencioso ampliando las funciones de Gaya, en una muestra de que Terrassa abordará el debate sobre la municipalización sí o sí.
La empresa, mediante su blog y campañas de publicidad, defiende sus derechos “exclusivos” de la titularidad del servicio –algo cuestionado por los defensores de la municipalización– y apuesta por llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para una nueva concesión o para la creación de una empresa mixta entre consistorio y Mina. La empresa ha cifrado en 60 millones el coste para las arcas municipales de hacer público el servicio, pero el consistorio lo sitúa por debajo de los dos millones. Como casi todo lo referente a temas de agua, el caso acabará previsiblemente en los tribunales.
Los partidarios de la muncipalización tampoco se han quedado de brazos cruzados. Así, la Taula de l'Aigua ha desplegado sus propias infografías para “desmontar” las tarifas que cobra Mina. La Taula cifra en 3,65 millones anuales el coste de tener una gestión privada. Además, la infografía es, para Guía, la antesala de una futura gestión pública del agua “realmente” transparente en la que el ciudadano sepa exactamente qué implica la apertura del grifo de su casa para poder incidir así en su gestión. En el plano laboral, Guia defiende la subrogación a la empresa pública del centenar de empleados que trabajan para Terrassa de Mina.
Ripollet, con aval jurídico y técnico
En Ripollet, población de casi 40.000 habitantes, los trabajos para municipalizar el agua están más avanzados. El consistorio, gobernado por Decidim Ripollet –candidatura apoyada por la CUP– ya tiene los informes jurídicos que señalan que la competencia del agua es municipal y los estudios técnicos que avalan la gestión pública. La intención es que a partir del 1 de enero de 2017 la gestión del agua sea pública. La primera teniente de alcalde de Ripollet, Pilar Castillejo, subraya que el consistorio tiene que “consolidar bien todos los pasos” para no perjudicar a los ciudadanos.
Uno de los retos que deberá abordar el Ayuntamiento de Ripollet es el mal estado de la red de suministro. Castillejo denuncia que la empresa no ha realizado las inversiones necesarias, por lo que la población pierde un 20% del agua de su red y hasta hay tuberías de fibrocemento, un material típico de los años 50 prohibido por las directivas europeas para su uso en tuberías. Como en Terrassa, Castillejo es partidaria de subrogar a la plantilla actual de Sorea que trabaja para Ripollet.
