Este jueves, el CatSalut dio luz verde a la creación del Consorcio sanitario de Lleida. El miércoles, el consejo de dirección del CatSalut había aprobado una primera propuesta de estatutos y convenio para la constitución del ente con los votos en contra de los sindicatos. El consorcio, dicen, estará sometido al derecho público pero la letra del convenio desgraciadamente es otra. A ninguna nos ha extrañado que si se seguía adelante el descuartizamiento del ICS lo que tenía que quedar garantizado es que no habría ningún control previo de los gastos que el ente gaste, y que el control democrático quedaría condicionado a que las auditorías posteriores consideren. Para nosotros el Consorcio de Lleida, el descuartizamiento del ICS, forman parte de una estrategia de privatización por segmentos o por territorios.
Una estrategia de privatización de la sanidad por segmentos o territorios
El momento que vivimos, de devaluación de las condiciones de vida de las clases populares, de trabajo precario, de paro y de años de precarización de los centros de salud (recortes en los recursos, cierre de camas y quirófanos, reducción de plantilla y bajada de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores) hace que resulte impopular, antisocial y antielectoralista llevar a cabo privatizaciones integrales o clásicas. Hace que los ideólogos sanitarios hayan tenido que pensar operaciones subterfugio, veladas, segmentadas por la entrada de capital privado que puedan verse como operaciones aisladas y nunca como parte de una estrategia integral de privatización de la sanidad.
Los think tank de esta estrategia de privatización por segmentos o territorios los veremos a continuación, en todos ellos se repite la misma metodología: el gobierno haciendo un de la Generalitat encarga un informe a la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) esta informa y concluye con la necesidad de llevar a cabo una u otra operación de privatización y acto segui este informe pasa a ser la política pública a ejecutar por el departamento de salud. Vemos los tres casos.
3 informes, 3 espacios para la entrada de capital privado
La promoción de la entrada de capital privado en la sanidad pública, o la privatización por segmentos, se refleja en el primer informe de los casos que queremos exponer, un informe de principios de 2011 realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) por encargo de la Generalidad de Cataluña. En él se detalla la propuesta de privatizar y mercantilizar la sanidad: ambulancias, laboratorios clínicos, emergencias médicas, institutos tecnológicos, hospitales, centros de atención primaria, etc.
Un segundo informe de finales de 2012 de la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC), decidía apostar por un consorcio como la figura jurídica con la que comenzó el desmembramiento del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en una veintena de sociedades sometidas al derecho privado , uno de los principales objetivos del consejero de Salud, Boi Ruiz, desde que llegó al cargo. El ejemplo de la privatización por territorios se ha hecho evidente con el Consorcio de Lleida. Otro ejemplo, peculiar, lo tenemos al consorcio encubierto de Tarragona entre el hospital del ICS Juan XXIII y la Red de sanidad privada Santa Tecla, y decimos encubierto porque se ha hecho con nocturnidad y alevosía y porque en lugar de consorcio la han bautizado como “alianza estratégica”.
Un tercer informe de 2013, “Diez temas candentes de la sanidad española para 2013” nos advertía de la necesidad de hacer negocio con las bases de datos clínicos. El eufemismo tecnocrático se denomina “open data en salud” y literalmente expone sobre nuestra historia clínica que “la información debe estar disponible como un todo ya un coste razonable” con una insistencia más que persistente con que “no haya restricciones para ciertos usos como el comercial”.
Una metodología que sería una mera anécdota si no fuera porque ha marcado las políticas de los Departamentos de Salud de los últimos 4 años. Años en los que se ha acelerado la deriva neoliberal del sistema de salud, un sistema por otro lado diseñado para facilitar estas operaciones de entrada de capital privado. Un sistema que ha contado con el consenso de CiU y del tripartito (PSC, ERC, ICV-EUIA), donde se ha querido diseñar un mercado relacional, de cohabitación público y privado y de complejidad jurídica que facilita una descapitalización permanente de recursos público sin control en el sistema sanitario privado.
Un consorcio para entrar en el tráfico mercantil
Con estas palabras literales describe el convenio del Consorcio sanitario de Lleida cuáles deben ser sus principios de gobierno: “El Consorcio actúa regido por los principios de rentabilidad, economía y productividad y con aplicación de técnicas de gestión empresarial; por esta actuación el Consorcio desarrollará y aplicará sistemas de información sobre la actividad, los costes y el desarrollo de la gestión clínica ”. Y adjuntamos el literal porque el consejero Boi Ruiz siempre tiende a las acusaciones fáciles, una de las que más le gusta es decir que se hace alarmismo, que se hace demagogia con la sanidad. Y no es alarmante que este redactado sean los principios de gobierno del órgano que debe garantizar la sanidad en Lleida, como sistema público? equitativo, universal y de calidad?
Lo es de alarmante! Es alarmante que se haya optado por el consorcio como fórmula para entrar en el tráfico mercantil. Es alarmante que se mienta a la sociedad diciendo que será un consorcio sometido al derecho público y luego ver que éste no estará sujeto a la normativa de control y fiscalización de los gastos públicos. Lo es porque la fiscalización previa de los gastos de las administraciones públicas es el momento donde se controla que el gasto está justificada y que el procedimiento es adecuado a derecho. Lo que quieren hacer con el consorcio es una fiscalización posterior por auditoría de cuentas. De modo que no habrá ningún control público sobre lo que se gasta, si está o no justificado; ni sobre cómo se gasta; ni si se hacen server los procedimientos legales.
El control con auditorías a posteriori, que es el método pensado para controlar cómo se gastarán los recursos públicos en Lleida, es un control posterior al gasto por lo que no se puede comprobar si está justificado el gasto y / o es adecuado a derecho su procedimiento, es más, no es un control de todos los gastos sino que se hace por muestreo.
Después de los diferentes casos de corrupción asociados a la sanidad. la solución es menos control?
Y es que si hacemos una panorámica de la gestión sanitaria en los últimos 10 años no han parado de aflorar casos de irregularidades, muchos de ellos, en la gestión de los consorcios. Ejemplos tenemos unos cuantos: el Consorcio del Maresme y la Selva donde afloraron pagos de sueldos, sobresueldos y gastos sin justificar. Otro ejemplo lo tenemos en el Consorcio Sanitario y Social de Cataluña donde Ramon Bagó, que presidió la vez y durante muchos años el Consorcio y el grupo privado Serhs-que se dedica a los caterings de grandes menjadors-, obtuvo un total de 50,85 millones de euros en contratos de hospitales y consorcios financiados por la Generalitat.
Pensábamos que era muy grave que una comisión que se creó en el Parlamento sobre la gestión en el ámbito sanitario se cerrara en falso, que se pactara un silencio cómplice CIU-PSC, que no se depurase responsabilidad política. Pero es mucho más grave que, constantes y abastecimientos documentados los problemas de falta de control sobre los gastos de los consorcios se insista con esta fórmula de nuevo. Una fiscalización posterior vía auditoría de facto supone actuar como una empresa privada en el tráfico mercantil, eso sí, subvencionada con impuestos de todas.
Os animamos a participar en todas las movilizaciones, todas, las que se lleven a cabo para detener esta puerta de entrada al capital privado, esta despublificació de nuestros servicios sanitarios, os animamos por tanto a luchar contra la privatización del sistema de salud, porque cuando el ánimo de lucro entra por la puerta la calidad asistencial y la equidad salen por la ventana.
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