“Los intereses comerciales están primando por encima de los intereses sanitarios”. Así de contundente se muestra Elena Villanueva, coautora del informe “Innovación biomédica y acceso a medicamentos esenciales: alternativas a un modelo”, del Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal). Un trabajo que analiza el sistema de innovación farmacéutica y que señala los principales problemas de este sistema de investigación de nuevos tratamientos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada tres habitantes en el mundo no tiene acceso en condiciones apropiadas a los medicamentos que necesita para afrontar enfermedades evitables. Esta cifra se dobla en el caso de países más pobres de regiones de África, Asia o de América Latina. Esta falta de medicamentos se debe sobre todo a que el modelo de innovación esté controlado por el sector privado, y que por tanto busque la rentabilidad económica por encima de cualquier cosa. Esto provoca, explica el informe, no sólo que los precios del producto final que se comercialice sean muy elevados, y que muchos países no lo puedan pagar, sino que además estas empresas no estén dispuestas a investigar o comercializar tratamientos que afectan sólo en países pobres.
El 90% de los recursos de investigación, según este estudio, están concentrados en las enfermedades que interesan a un 10% de los pacientes. “Un sistema que delega la iniciativa del desarrollo de nuevos productos a un sector privado que depende de su rentabilidad está condenado a concentrarse en las innovaciones que interesan a aquellos que puedan pagarlas” dice el documento.
“Cada vez es más frecuente que se queden más problemas sin tratamiento y es habitual que suceda porque tienen un precio demasiado alto”, explica Villanueva. En nuestro país esto ha pasado con el tratamiento por vía oral de acción directa para la hepatitis C, el Sovaldi. Un medicamento que debido a su elevado precio no se está recetando a todos los enfermos, a pesar de su alto grado de eficacia.
Otro de estos casos es el de los antibióticos. Los antibióticos van acumulando resistencias y por tanto, como explica Villanueva es necesario invertir en nuevos tipos de antibióticos para poder hacer frente a las infecciones. “En 20 años no tendremos antibióticos para tratar infecciones simples”, lamenta esta experta. Esto se debe, señala, a que al tratarse de un tratamiento corto, que puede durar sólo días, las empresas no estén interesadas en destinar recursos a su investigación. “Esto se contrapone a lo que ocurre en el caso del VIH, por ejemplo, un tratamiento de por vida en el que sí hay disposición a invertir”, añade.
El informe señala que el alto precio de los medicamentos se debe sobre todo al sistema de patentes a través del cual se rige esta industria. Cada producto que se genera está a menudo sometido a varias patentes, unas patentes de exclusividad que perduran durante 20 años y que por lo tanto dan a la empresa el monopolio de ese tratamiento, lo que le permite fijar los precios. “Una cosa son los beneficios, y el otro son los beneficios abusivos”, lamenta Villanueva.
Los investigadores alertan además del hecho de que los ciudadanos pagan dos veces por la creación de ese medicamento puesto que la investigación preliminar sobre los nuevos tratamientos la llevan a cabo en muchas casos universidades y centros de investigación públicos. Una vez se han superado las primeras fases, las empresas farmacéuticas compran las moléculas “prometedoras” y pueden empezar a hacer ensayos clínicos. Es en este momento en el que decidirán si les interesa comercializar o no el producto y más adelante a qué precio hacerlo, un precio que sufragan también los sistemas sanitarios públicos. El informe explica que es habitual que las farmacéuticas justifiquen los elevados precios por el “alto riesgo” de su industria. Sin embargo, la investigadora reitera que ese riesgo se ve disminuido por el hecho de que los costes de las primeras investigaciones, con una mayor posibilidad de error, hayan sido financiadas por centros de investigación públicos.
Otra de las deficiencias del sistema es la falta de transparencia. El informe subraya que no se publica la información sobre el coste real de producción de los tratamientos ni tampoco sobre las negociaciones que las farmacéuticas llevan a cabo con cada país para fijar el precio de venta (el precio es diferente para cada país). Elena Villanueva recuerda que es lo que ocurrió en España con el caso del Sovaldi. “No sabemos lo que negocia España por cada medicamento que compra”, denuncia. “¿Cuánto cuesta poner un medicamento en el mercado? ¿Qué constituye realmente una innovación sujeta a patentes? ¿Quien determina la agenda de investigaciones? ¿Qué papel juega el sector público ”, se preguntan los expertos de este informe.
“Si los gobiernos gestionaran las inversiones podríamos reconducir la situación”, asegura Villanueva, que se muestra convencida de que, como explican en el informe, hay alternativas a este modelo. “Hemos dejado que la salud se convierta en un negocio, pero la salud es un bien global y debe estar administrada por los gobiernos”, reivindica.
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