Un empresario admite que defraudó a Hacienda tras el pelotazo de las mascarillas con la Generalitat

Caso cerrado. El empresario que dio el pelotazo catalán de las mascarillas durante la pandemia ha admitido ante el juez que defraudó a Hacienda el IVA correspondiente a la operación de urgencia para proveer de material sanitario a la Generalitat en marzo de 2020, según ha podido saber elDiario.es. El hombre ha aceptado cuatro meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública y no ingresará en prisión al haber confesado y devuelto el dinero.

La causa se remonta a los días del confinamiento. Basic Devices, firma administrada por el empresario J.M.P.R, fue creada con 2008 y en 2020 no tenía trabajadores y permanecía inactiva. Solo con la pandemia recuperó impulso: compró a una firma china material sanitario por valor de 28,4 millones, que luego vendió a dos únicos compradores: el Institut Català de la Salut (ICS) por un total de 35 millones de euros y el Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona (IRAB) por 4,2 millones. 

Aunque al desvelarse la magnitud del pago de 35 millones (abonados en una sola transferencia el 20 de marzo de 2020, en pleno confinamiento), la Generalitat anunció que denunciaría Basic Devices por estafa, finalmente decidió no hacerlo. El departamento de Salud aseguró que, pese a las dudas iniciales, sí había recibido los cuatro millones de mascarillas y el millón de trajes de protección que compró a la empresa.

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Hacienda y la Fiscalía sí pusieron el foco en la operación y sus consecuencias fiscales. El acuerdo de conformidad entre el acusado y la Fiscalía y la Abogacía del Estado se ha ratificado este miércoles ante un juzgado de Vilafranca del Penedès (Barcelona). Al ser una sentencia de conformidad, no será recurrida por ninguna de las partes, lo que permitirá que sea firme y se dé carpetazo al caso.

El empresario ha reconocido que “no ingresó en la Hacienda pública una parte del IVA” devengado en las dos ventas que realizó al ICS y al IRAB. El acusado ha admitido un delito contra la Hacienda Pública y ha aceptado la pena de cuatro meses de cárcel, que no cumplirá al haber asumido los hechos y devuelto el dinero. También pagará 102.220 euros de multa. Tanto los 255.550,3 euros defraudados como los intereses de demora (13.358,55 euros) ya fueron retornados a la Hacienda Pública en 2022 por Basic Devices.

Inicialmente, la Fiscalía se querelló contra J.M.P.R y su hijo al considerar que ostentaron “conjuntamente” la dirección de Basic Devices, si bien finalmente el acuerdo contempla tan solo responsabilizar al padre del fraude al situarlo como “único autorizado para disponer las cuentas bancarias de la sociedad y coautorizado en otras dos cuentas”.

El acuerdo señala que la empresa no presentó la declaración resumen anual del IVA y que en las declaraciones trimestrales no se reflejaron los importes registrados, sino otros “por decisión del acusado J.M.P.R. orientada a minorar artificialmente el diferencial” del impuesto.

La operación de las mascarillas se produjo en medio de la competencia y el caos entre administraciones para lograr material sanitario, circunstancia aprovechada por varios proveedores para conseguir cuantiosos beneficios, tal y como han reflejado los informes del Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones de la pandemia.

En el caso de Basic Devices, la Oficina Antifraude de Catalunya descartó que se tratara de un caso de corrupción, aunque sí tildó de “temeraria” su contratación, realizada después de unos contactos preliminares “poco transparentes” con la empresa.

Los tumbos que dio el Govern a la hora de comprar material a esta compañía también contribuyeron a aumentar las sospechas. El 19 de marzo de 2020, pocos días después de la declaración del estado de alarma, e ICS adquirió material sanitario a Basic Devices por unos 60 millones de euros, de los que finalmente se pagaron 35. Esa misma tarde saltaron las alarmas en el departamento de Economía y los bancos alertaron de que la empresa que había recibido la transferencia millonaria de la Generalitat llevaba tiempo inactiva y nunca había realizado operaciones de valor similar.

El 22 de marzo los administradores de Basic Devices se reunieron con los responsables de Economía en la sede del departamento y aportaron documentación suficiente para disipar las sospechas y se retiró la denuncia ante los Mossos. El 5 de mayo, el Govern desistió de uno de los contratos con la compañía y el acuerdo inicial de 60,5 millones se quedó en los 35 que ya se habían avanzado en marzo. El 5 de diciembre de ese año, el ICS certificó que se había recibido todo el material. 

Tal y como reveló este diario, Basic Devices era una compañía sin ningún tipo de actividad, sin empleados y que en el momento de cerrar el contrato con la Generalitat no había presentado debidamente sus cuentas en el registro mercantil. También demostró cómo una maraña de perfiles falsos sobre los supuestos administradores de esta sociedad apareció en los buscadores a mediados de 2021, dificultando encontrar quién había realmente detrás de esta empresa. Hacienda sí lo logró.