El encaje de Puigdemont en la nueva legislatura retrasa las negociaciones entre ERC y Junts

“No seré candidato a la presidencia de la Generalitat, pero no renuncio a liderar el proyecto”. Con estas palabras se echó a un lado Carles Puigdemont en noviembre pasado, abriendo una sucesión que debía resolverse con las primarias de su formación. Así ocurrió y Laura Borràs se convirtió en la candidata de Junts a la presidencia. Pero después de que ERC consiguiera un escaño más y de que las negociaciones para la investidura de Pere Aragonès hayan tomado velocidad, el expresident de la Generalitat ha vuelto a cobrar protagonismo. Mientras que los dirigentes de Junts que están en Catalunya han adoptado mayoritariamente una posición proclive al acuerdo, desde Waterloo exigen que sus propuestas se vean reflejadas en la estrategia que pacte el independentismo para la próxima legislatura.

No se trata tanto de dar un papel a Carles Puigdemont, cuyo actividad está centrada en ser eurodiputado en Bruselas y en mantener una lucha desde la vertiente judicial en Europa, sino de encajar “las tesis más puigdemontistas”, refieren fuentes que siguen la negociación. Por ejemplo, el eurodiputado y su entorno consideran que es un error que las formaciones independentistas den apoyo al Gobierno central en asuntos tan medulares como la investidura o los presupuestos mientras los presos continúan en la cárcel. A su juicio esta situación, que ha ocurrido, es imposible de explicar en Europa. También desprecia la mesa de negociación conseguida por ERC a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, que hasta el momento solo se ha reunido una vez, y a la que querría ponerle fecha de caducidad.

Estas dos, según explican esas mismas fuentes, son cuestiones cruciales para Junts en las negociaciones. Su propuesta es pactar de antemano lo que llaman “consenso estratégico”, que vaya más allá de la actuación en el Parlament de la Catalunya y sea extensible también al Congreso. Una pretensión que escama a ERC, por diferentes razones. Por un lado, porque como partidos diferentes que son, los republicanos creen que cada uno debe ser libre de decidir su posición en las diferentes cámaras. Además indican que, de haber validado una estrategia, en todo caso las urnas han ratificado la que ha desplegado el grupo republicano, que encima tiene más diputados. Como tercer elemento, en Esquerra destacan que si Junts quiere una estrategia compartida en todos los ámbitos, puede comenzar a romper el pacto de la Diputación de Barcelona con el PSC.

El alegato de Esquerra puede convencer más o menos a los jefes de la formación en Barcelona, donde el secretario general, Jordi Sànchez –encarcelado en la prisión de Lledoners–, y la portavoz del partido, Elsa Artadi, se han hecho fuertes. Pero hasta el momento no ha sido suficiente para que Puigdemont vea con buenos ojos el pacto. Waterloo y Lledoners estaban hace dos semanas alineados en la idea de que era mejor que Borràs ocupase la presidencia del Parlament y renunciase al Govern. 15 días después, ven diferente hasta dónde deben ceder ante ERC a la hora de diseñar el marco general de la legislatura, porque el expresident y sus dirigentes más fieles consideran que tanto la unidad de acción en diferentes instituciones como una agenda clara y pautada centrada en la confrontación con el Estado son condiciones de mínimos.

Es en esta búsqueda del consenso estratégico cuando el Consell per la República ha vuelto a aparecer como una posible solución. Este organismo, nacido con el objetivo de dar cobertura a la acción política de los desplazados a diferentes países europeos para eludir la acción del Tribunal Supremo, integra a miembros de Junts, la mayoría, pero también cuenta con un representante de ERC, de la ANC e incluso de Poble Lliure, formación integrada en la CUP. Con todo, la CUP como tal siempre ha declinado participar y abiertamente muestra distancias con la organización.

Más allá de esto, el Consell per la República nunca ha acabado de despegar y ni siquiera Puigdemont es un entusiasta de este foro. De hecho, los principales debates y encuentros entre formaciones y entidades independentistas durante esta legislatura han discurrido en un órgano sin nombre ni estructura definida, más allá de “espacio a 5”, porque eran ese número las organizaciones que formaban parte. Fue allí, por ejemplo, donde se consensuaron algunos de los pasos tras la sentencia del procés. Con todo, los partidos tienen claro que ese espacio tampoco sirvió para mucho, habida cuenta de las divisiones ocurridas durante todo el mandato de Quim Torra. Tampoco la reunión de coordinación entre el Govern y los dos grupos parlamentarios que se celebraban los lunes surtió el efecto de la pacificación.

¿Puede el Consell per la República convertirse en este espacio? ERC ya ha avisado de que, en todo caso, con muchos cambios. “Compartimos que es un órgano importante en el camino hacia la república, porque tiene capacidad de organizarse fuera del marco del Estado y puede hacer trabajo de internacionalización”, ha afirmado la portavoz republicana Marta Vilalta este lunes. “Estamos abiertos a hablar de ello, a reformularlo, a actualizarlo, a que pueda ser útil y hacerlo más participado si eso es decidido por todas las formaciones”, ha profundizado, con una ristra de verbos que dejaba claro que, si el Consell per la República ha de ser algo, no puede quedarse como está.

Pero el tono de Vilalta respecto al organismo con sede en Waterloo también releva el clima de respeto mutuo que los quipos negociadores se han impuesto. Durante todas las conversaciones, ERC y Junts han suscrito una tregua de codazos, al menos público, inédita en años.Tanto los de ERC como los de Junts están centrados en llegar a algún acuerdo que no obligue a los republicanos a hacer un giro de 180 grados respecto a su estrategia, pero que sí incorpore suficientes elementos de las tesis de Puigdemont como para que el expresident le dé luz verde. Los partidos están seguros de poder conseguir esta cuadratura del círculo, pero lo que nadie garantiza es que sea posible antes del viernes, cuando Borràs ha anunciado que convocará el primer debate de investidura.