Escrito de rectificación sobre la información titulada: 'Un abogado de 400 víctimas de la estafa del cannabis, acusado de tener vínculos con los responsables del fraude'

Les escribo para solicitar la rectificación o aclaración de diversos extremos sobre la noticia que publicaron en fecha 27 de octubre de 2022 a las 22.59 horas, a la que se puede acceder desde el siguiente enlace: https://www.eldiario.es/catalunya/abogado‐400‐victimas‐estafa‐cannabis‐acusado‐vinculosresponsables‐fraude_1_9661223.html

Tal y como les manifesté antes de su publicación y así consta negué tajantemente los hechos que en ella se exponen. Se le indicó que sólo trabajo para el grupo de afectados que represento y con el que estoy personado en el procedimiento (410 personas) a día de hoy.

Les recuerdo que me opuse a que fuera publicado mi nombre completo en la referida noticia, ya que no soy una persona pública y únicamente me encuentro personado en este proceso como afectado y abogado, para tratar de buscar una solución legal.

Entrando al detalle de lo que se expone en su noticia, debo indicarle lo siguiente:

Es un derecho de todo abogado poder comunicarse con la parte contraria para alcanzar un acuerdo si el cliente lo solicita, como así establece el art. 5.3 del Código deontológico:

Cualquier tipo de comunicación entre profesionales de la Abogacía, recibida o remitida, está amparada por el secreto profesional, no pudiendo ser facilitada al cliente ni aportada a los Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del destinatario (…)

Sobre este asunto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias se pronunció en Sentencia 192/2019 de 18 Mar. 2019, Rec. 43/2019, indicando en síntesis:

Que el bien jurídico en juego, es la confidencialidad. Que puede quedar amordazada la posibilidad de alcanzar acuerdos que pongan fin a los litigios “con franqueza, confianza y naturalidad” si, como regla general, se publicase su contenido. Y, por la “necesaria ejemplaridad” que debe darse de respeto profesional.

En cuanto al contenido de la página web, no se recomienda la contratación de mis servicios porque no aparecen mis datos de contacto como si sucede con el resto de abogados que son recomendados en la página y se puede ver aquí:

https://juicyfields.io/site/updates

En cuanto al término “our friendly lawyer” es una traducción incorrecta la que sostienen. Ha de entenderse que el término viene referido a un profesional que busca soluciones, abierto a negociar y que trata de resolver un problema y por ello usan ese término de “amable”, “amigable” “amistoso”

Interpretarlo de otra forma es totalmente erróneo, y carece de sentido.

Lo anterior solo se puede afirmar por aquel que tenga interés en generar dudas sobre mi persona para obtener algún tipo de ventaja.

En su día se explicó públicamente que no debía caerse en el error de traducción, aclarando que represento a los afectados que han confiado en mí para exponer su caso, y por tanto lo correcto es: “lawyer who will help to handle the collective cases of e‐growers” que viene a ser, un abogado que ayuda a manejar los casos colectivos de afectados. Esto se hace de forma independiente de los gestores de la propia página web, como es natural.

En cuanto a los grupos de telegram de los que se habla en la noticia, yo no soy el propietario de ellos.

Lo cierto es que yo siempre he sostenido que aquel que no pueda costearse un abogado, interponga denuncia y tramite la asistencia jurídica gratuita para no quedarse indefenso, y esto no está bien visto por algunos despachos que buscan maximizar su beneficio.

Es más, hay constancia de que algunos profesionales están usando los datos de los denunciantes para ponerse en contacto con ellos y sumarlos al proceso cobrando una cuota fija y un variable a éxito, lo que no es mi caso. Por tanto, cualquier duda contra mi persona, implica siempre pingües beneficios económicos, al ser nosotros el segundo grupo mayoritario de la causa.

Este tipo de noticias lo que hacen es provocar un descrédito personal que ya he dicho me está causando perjuicios irreparables en lo personal y profesional, y espero que cesen hasta tener certeza y que el juzgado de instrucción central nº 6 de Madrid, dicte una resolución válida en derecho y no utilizar escritos especulativos que causen este menoscabo, sin contrastar la información.

Debo aclarar que no se ha engañado a nadie, ni se ha mentido sobre la posibilidad de alcanza un acuerdo de pago.

No se ha dado por mi parte ningún tipo de información engañosa.

Presenté toda la información que disponía a la audiencia nacional el 15 de agosto de 2022, tras una recopilación de toda la documentación.

A la fecha hemos identificado varias vías legales de actuación y las estamos explorando.

Es importante que sepan que el día 19 de octubre de 2022 se presentó un escrito en el juzgado para solicitar el amparo de mis derechos ya que los hechos que se me imputan son falsos y tienen otra finalidad bien distinta que informar, impidiéndome el ejercicio de una adecuada defensa como la que se está llevando a cabo en interés del grupo y del proceso.

Tras estas aclaraciones, intereso la rectificación de la noticia publicada, de acuerdo con el art. 3 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Para que así conste, lo suscribo en A Coruña, a 31 de octubre de 2022.