Los espiados por Pegasus pedirán comprobar si Policía y Guardia Civil también usaron el programa

Al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona se le viene mucho trabajo encima. Los independentistas espiados por el programa Pegasus en España centralizarán en este juzgado, que ya investiga la infección del teléfono del expresidente del Parlament Roger Torrent, las querellas para esclarecer quién y cuánto ha costado la pérdida de su intimidad y del secreto de sus comunicaciones. 

A falta de un acto unitario con los 65 espiados, han sido sus abogados los que han comparecido públicamente este viernes para explicar los primeros pasos de la estrategia legal que seguirán. Gonzalo Boye, representante de los espiados de Junts y también espiado, al igual que Andreu Van den Eynde, letrado de ERC, han mantenido un coloquio con Benet Salellas, abogado de la CUP y Òmnium Cultural, y Antoni Abat, defensor de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El primer paso de las defensas de los espiados es apuntar hacia NSO Group, la empresa israelí que comercializa el 'software' espía. Una vez constatado el silencio de Israel para esclarecer el espionaje de Torrent, la alternativa pasa por reclamar la información a una jurisdicción más proclive a la colaboración: Luxemburgo, país en el que NSO Group tiene su filial europea. 

Hace más de un año, a Israel el instructor de Barcelona solicitó que exigiera a NSO Group si comercializaba el programa Pegasus y la “información, datos o registros” que conservaban respecto los móviles de Torrent y Maragall. Un año y medio después, siguen sin llegar las respuestas de las autoridades israelíes.

Salellas ha explicado que los responsables de NSO Group han alegado, en una causa que se sigue en California por espionaje, que antes de vender Pegasus se realiza un expediente previo del comprador para detectar un posible uso del programa desligado de la investigación del terrorismo. La empresa también asegura controlar a posteriori si la agencia de seguridad estatal que lo ha comprado lo emplea respetando los derechos humanos. 

“Es evidente que en el Catalangate se ha hecho mal el control previo o el posterior al buen uso del producto”, ha aseverado Salellas, quien ha remarcado que como mínimo se puede imputar a la empresa una “falta de diligencia debida” en el espionaje de independentistas. 

Por ahora se intentará dar con el comprador del 'software' espía a través de la empresa israelí que lo vende, si bien Salellas ha afirmado que existen “indicios muy evidentes de participación de agencias estatales españolas”. “Pero no tenemos claro cuáles son, si solo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o también la Guardia Civil o la Policía Nacional”, ha apostillado. 

En suma, el planteamiento de los espiados es que se acabe investigando tanto al CNI como a las dos fuerzas de seguridad estatales para comprobar si usaron el programa espía, pero el primer paso será ir a por la empresa NSO Group. El Ministerio del Interior ha desmentido con contundencia que los cuerpos estatales tengan el 'software' espía.

Los letrados también han rebatido las alegaciones del Gobierno, que en todo momento ha mantenido que las intervenciones telefónicas se han hecho con arreglo a la ley. “El debate -ha centrado Salellas- no es si hay autorización judicial, es si hay argumentación para justificar una afectación tan masiva de derechos fundamentales para proteger al Estado del independentismo, que está claro que no la hay”.

“Aquí lo que ha habido es un espionaje ilegal y es necesaria la investigación de hechos delictivos”, ha abundado Boye, quien pilotará las querellas que se interpondrán en países europeos donde también se espió a independentistas mediante el programa Pegasus. El letrado ha incidido en que en el extranjero “no se entienden” las palabras de la ministra de Defensa Margarita Robles, para justificar el espionaje a independentistas.

Por su lado, Van den Eynde ha incidido en que una investigación por terrorismo como la abierta a Tsunami Democràtic en 2019 tampoco justifica el espionaje, ya que supondría “la instrumentalización de calificaciones jurídicas desproporcionadas para poder aplicar un derecho penal de excepción”. El letrado ha incidido en que se debe “trabajar para llevar a los jueces al rincón del que no puedan escaparse y presionarlos técnicamente para que investiguen”, en paralelo a que la ciudadanía “debe presionar para que los órganos del Estado den explicaciones”.

Por su parte, Abat ha denunciado que existe una “persecución ideológica al independentismo” y que esta no tiene “ningún tipo de justificación jurídica ni política”, ya que “el hecho de ser independentista no implica ningún acto antijurídico ni que sea reprobable penalmente”.