La Eurocámara, ante el tribunal de la UE: “Se permitió a Puigdemont ocupar el escaño probablemente de manera ilegal”

Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo cuestionan ahora la decisión de la propia institución de abrir las puertas a Carles Puigdemont y Toni Comín. La decisión, abanderada por el entonces presidente, David Sassoli, vino determinada por una sentencia del TJUE de diciembre de 2019 sobre Oriol Junqueras, que determinaba que el cargo dependía de los votos en las urnas, reflejados por el Boletín Oficial del Estado, y no tanto de procedimientos posteriores como la jura de la Constitución española en el Congreso de los Diputados.

“El Parlamento Europeo ha tratado perfectamente a los demandantes”, ha dicho este jueves el abogado del Parlamento Europeo, Norbert Lorenz, en la vista del Tribunal General de la UE sobre el suplicatorio concedido por la Eurocámara sobre Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí, que ha durado algo más de cinco horas. “Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo en enero de 2020, y como hemos visto de una sentencia del TGUE, probablemente de manera ilegal, porque nunca ha recibido notificación de las autoridades españolas [Junta Electoral Central] de que hayan sido elegidos”.

El abogado del Parlamento Europeo se refiere, así, a una sentencia de julio de 2022, en la que el Tribunal General desestimaba el recurso contra las decisiones del expresidente de la Eurocámara Antonio Tajani, de mayo y junio de 2019, por considerar que no son actos recurribles. Al mismo tiempo, en esa sentencia recordaba la lista del BOE del 13 de junio de 2019, que incluye a los líderes independentistas como electos, al tiempo que decía que “la imposibilidad de los demandantes de asumir sus funciones, de ejercer sus mandatos y de ocupar sus escaños no deriva de la negativa del expresidente del Parlamento Europeo a reconocerles la condición de eurodiputado, sino de la aplicación del Derecho español, tal y como esta se refleja en las notificaciones de la Junta Electoral Central de 17 y 20 de junio de 2019, respecto de las cuales el expresidente del Parlamento Europeo y, de manera más general, el Parlamento Europeo no disponían de margen de apreciación alguno”.

Esta sentencia del TGUE ha sido recurrida ante el TJUE, el tribunal que allanó la entrada en el Parlamento Europeo de los líderes independentistas, y que ha enmendado en más de una ocasión al TGUE en este proceso, como cuando ha decidido mantener la inmunidad cautelarmente de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Este cuestionamiento que hacen ahora los servicios jurídicos en Luxemburgo puede dar pistas del informe que están preparando en relación con la petición de credenciales de los tres líderes independentistas realizada por la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y que insiste en no avalar la Junta Electoral Central. Esta pelota ahora está en el tejado de la Eurocámara, que debe responder ahora a la Junta Electoral Central, que pide la supresión de los escaños, sobre si toma o no alguna medida con respecto a los tres eurodiputados.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha replicado: “Esto que dice tiene que ver con lo que se ha ido publicando en la prensa española en relación con que la presidenta, Roberta Metsola, se prepara para retirarles el escaño”.

El abogado ha insistido en que el Parlamento Europeo “no les permitía [a los líderes independentistas] ser eurodiputados [hasta la sentencia de diciembre de 2019] y han violado sus derechos con la inmunidad [al no haberles sido reconocida]. La gente del Parlamento Europeo debe explicar si tiene la intención de que dejen de ejercer su cargo”.

Mientras llega esa decisión de la presidenta actual del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la vista de este viernes en Luxemburgo ha versado sobre el recurso de Puigdemont, Comín y Ponsatí sobre el suplicatorio aprobado por la Eurocámara en marzo de 2021, y también el procedimiento previo hasta esa votación en la comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por Adrián Vázquez (Cs).

“No veo vínculo entre el ponente y el partido Vox”, ha dicho el abogado del Parlamento Europeo, aunque el ponente participara en marzo de 2019 en un acto de Vox en la Eurocámara del que él mismo era anfitrión y en el que se gritó “Puigdemont, a prisión”.

El abogado de los líderes independentistas, Gonzalo Boye, ha defendido que ni Vázquez ni el ponente del suplicatorio, el utraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, fueron imparciales en el proceso, algo que viene a compartir el abogado general del TJUE en la decisión de medidas provisionales, en mayo de 2022. Boye, además, ha señalado como argumento de la persecución política que sufren – fumus persecutionis–, dicen los independentistas, la reforma del delito de sedición que, según el Gobierno, allanará la extradición de Puigdemont, Comín y Ponsatí. “¿Cuántos casos conocen de un cambio del Código Penal para una extradición? Si esto no es una señal de persecución, no sé lo que es”, ha dicho Boye ante el tribunal: “Es público y notorio que varios ministros españoles importantes y el propio presidente del Gobierno, el señor Sánchez, han estado diciendo estos últimos días que el cambio en la legislación es para obtener la entrega del señor Puigdemont a España”.

Como argumento para demostrar la falta de diligencia del búlgaro, Boye ha recordado que el informe que redactó sobre la inmunidad de Ponsatí le atribuía un delito que no estaba en la euroorden del Supremo: el escrito del Supremo atribuía a la ex consellera el delito de sedición, mientras que el informe del ponente del Parlamento Europeo añadió el de malversación. El abogado del Parlamento lo ha justificado afirmando que se trató de “un error tipográfico”.