La Fiscalía Europea imputa al exconvergente David Madí por fraude de subvenciones

El empresario y antigua mano derecha de Artur Mas, David Madí, tendrá que comparecer como imputado el próximo 19 de julio ante la Fiscalía Europea por un delito de fraude de subvenciones relacionado con su presunta labor de intermediación en el reparto de los fondos europeos.

En un decreto, las fiscales europeas delegadas acuerdan citar como investigado a Madí después de analizar la documentación recibida del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que elevó el caso al Ministerio Público comunitario. La investigación nace de una conversación interceptada a Madí en el marco de la operación Voloh, la macrocausa que investiga la presunta corrupción de dirigentes del sanedrín soberanista que organizó el 1-O y el supuesto desvío de fondos hacia el procés.

En la charla, David Madí traslada al apoderado de una consultora que se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos en un encuentro de la patronal Foment del Treball, de la que forma parte. La Fiscalía Europea también ha citado como investigado al consultor Joan F., el interlocutor de Madí.

“Hay que establecer un canal para entrar. Yo me vi con Foment, formo parte de Foment, y tuvimos una reunión... de pequeño comité.... con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son 140.000 millones”, señalaba Madí en la conversación, de octubre de 2020 y que fue intervenida por la Guardia Civil.

La patronal negó que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la situó en sus encuentros institucionales habituales. El juez Joaquín Aguirre envió el caso a la Fiscalía Europea, encargada de investigar cualquier asunto relacionado con un eventual desvío de fondos europeos NextGeneration.

Se dio la circunstancia de que Fiscalía Anticorrupción se opuso a investigar Madí por la charla sobre los fondos europeos al entender que sería una causa “prospectiva” que conculcaría sus “más elementales derechos”. Anticorrupción, que desde el inicio de la causa se ha mostrado reacia a mantener abiertas la mayor parte de líneas de investigación de Voloh, se adhirió al recurso de Madí al entender que de la conversación intervenida “no puede inferirse la existencia de ningún tipo delictivo”.

Para el fiscal, en la conversación Madí hace referencia a “únicamente las expectativas de un nuevo tipo de negocio consistente en ofrecer a sus clientes, como han hecho otras consultoras, la posibilidad de articular proyectos para optar a las ayudas europeas por todos conocidas”. En cambio la Audiencia de Barcelona consideró más acertada la tesis del juez Aguirre y autorizó el envío de la causa a la Fiscalía Europea.

En su resolución, las fiscales europeas mantienen que los hechos investigados podrían constituir un delito de fraude de subvenciones, ya que en la charla Madí y Joan F. “se menciona que la cantidad que se iba a repartir eran 140.000 millones de euros y que podrían referirse a los fondos europeos para la recuperación NextGeneration EU”.

La comparecencia de ambos empresarios como investigados, mantienen las fiscales, tiene como objetivo “informarles de los derechos que les asisten, de los hechos que se les atribuyen y de su calificación jurídica provisional” para que así cuenten “con toda la información” antes de prestar declaración.

La Fiscalía Europea es una institución de reciente creación. Empezó a gestarse en octubre de 2017, cuando España y otros 19 estados miembros acordaron ponerla en marcha para llevar ante los tribunales a quienes cometan delitos “contra los intereses financieros de la Unión”, como es el caso de la gestión de los fondos europeos de recuperación tras la crisis de la COVID-19. No fue hasta el pasado verano cuando esta Fiscalía entró en funcionamiento, con una Ley Orgánica que regulaba la adaptación del sistema jurídico español.