La Fiscalía ve “gestión negligente” en la residencia de Premià donde murieron 87 personas

Enfermos de coronavirus deambulando libremente por la residencia, trabajadores sin usar equipos de protección, ancianos sin suficiente agua, comida o higiene... es solo una pequeña descripción del crudo relato que hace la Fiscalía de lo ocurrido en la residencia Ca n’Amell de Premià de Mar (Barcelona), gestionada por la empresa  Domus Vi y donde murieron 87 ancianos entre marzo y mayo de 2020.

La querella de la fiscal jefa del área de Mataró, Montserrat Poderoso, se dirige contra el exdirector de la residencia, A.I.M., y su exdirectora médica, M.M.J.G., por los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, lesiones por imprudencia profesional grave y trato degradante a los ancianos. La fiscal acusa a ambos responsables del “caos” generado en la residencia por su “gestión negligente” en la primera ola de la pandemia. El caso ya lo investiga el juzgado de instrucción número 2 de Mataró.

La causa de Mataró se convierte en la tercera en toda Catalunya que investiga por homicidio imprudente el mal trato dispensado por responsables de residencias a ancianos durante la pandemia. Las otras dos pesquisas se siguen en Tremp (Lleida) y Sabadell (Barcelona).

En su querella, la Fiscalía detalla los “graves déficit” en la residencia de Premià debidos a la falta de personal que ya se constató antes de la pandemia por las inspecciones de la Generalitat, pero que se agudizó con la llegada del virus. La previa situación de “desorden”, expone la fiscal, se convirtió en “caos” a principios de marzo de 2020, provocando un grave brote “que concluyó con la muerte de numerosos residentes, a muchos de los cuales ni siquiera se les dio un final de vida digno”.

Entre marzo y mayo de 2020 la cifra de fallecidos por COVID-10 en la residencia Domus Vi Ca N'Amell a consecuencia de las “negligencias” y el “trato deficiente” de los querellados ascendió a 87 personas: 62 usuarios de la residencia, 24 de los dispositivos sanitarios y uno en su domicilio.

La Generalitat intervino la residencia el 17 de abril de 2020 -cuando el centro ya sumaba 64 muertos por covid, a los que se sumaron otros 23 hasta el 31 de mayo- por lo que la residencia pasó a ser gestionada por el Consorcio Sanitario del Maresme, si bien los dos querellados no fueron apartados de su cargo para tratar de “enderezar la dantesca” situación del centro, según la Fiscalía.

Hasta que finalmente fue cesado, en julio de 2020, el exdirector mantuvo una “absoluta despreocupación” y continuó sin velar por el cumplimiento de las medidas de prevención contra el contagio del coronavirus y procurar una atención adecuada a los necesarios, por lo que fue “muy difícil” estabilizar el brote. No se consiguió hasta finales de junio, agrega la Fiscalía.

Algunos de los residentes fallecieron en otros centros residenciales o bien en sus domicilios tras contraer el virus en la residencia Ca N'Amell, gestionada por Domus Vi desde 2017, que no solo ofrece alojamiento sino también publicitaba una atención integral a los ancianos que no fue tal, mantiene el Ministerio Público.

Ambos responsables, detalla la querella, desoyeron las instrucciones de la conselleria de Salud contra el virus. La falta de personal comportó que no pudiera alimentarse e hidratarse “convenientemente” a los ancianos dependientes, con lo que sufrían “importantes pérdidas de peso” y deshidratación “con graves repercusiones para su salud”.

La querella relata algunos casos muy duros: a un hombre se le encontró en un “evidente estado de abandono”, con deposiciones en la cama y sin el oxígeno que requería. Otra mujer perdió quince kilos antes de morir por no recibir “la alimentación necesaria”. Y a otra anciana se le negaron los tratamientos paliativos “privándola de una muerte sin sufrimiento”.