Dos funcionarios del Aran se conchabaron para borrar el rastro de su relación con la muerte del oso Cachou

La investigación de la jueza Cristina Marrero y los Mossos d'Esquadra sobre la muerte por envenenamiento del oso Cachou durante el confinamiento duro del año pasado ha agitado la Val d'Aran. Esta semana el caso dio un nuevo giro con la detención de un agente de Medio Ambiente de Conselh Generau d'Aran, el tercer funcionario del gobierno autónomo del valle implicado en el caso. El arresto se precipitó después de que la magistrada descubriera que el agente se conchabó con un compañero para borrar el rastro de su implicación en la muerte del oso.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el pasado 9 de abril en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. Desde entonces la jueza de Vielha ha estado investigando un caso que implica tanto a cazadores locales como a funcionarios del gobierno aranés. La muerte accidental que el Conselh alegó en un primer momento ha sido descartada por la investigación: la necropsia demostró que Cachou falleció por ingestión de etilenglicol, un producto químico presente en el líquido anticongelante.

La causa judicial trata de determinar si la oposición tradicional al oso, integrada por cazadores y ganaderos vinculados tradicionalmente a familias poderosas y al poder político del valle, fue un paso más allá y, en connivencia con funcionarios de Medio Ambiente encargados del control de los animales, causó el envenenamiento de Cachou. Los ataques en los últimos años de Cachou o Goiat a yeguas y potros han avivado el rechazo de los ganaderos a la reintroducción del oso.

La investigación ha descubierto que los dos agentes de Medio Ambiente, A.M. y C.A., estaban relacionados con un grupo de Whatsapp denominado 'Plataforma Antioso' en el que presuntamente se planeó la muerte del oso, y que trataron de borrar de sus teléfonos cualquier rastro relacionado con Cachou. Pero les pillaron porque la jueza había mandado intervenir las llamadas de A.M.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada detalla que el 3 de julio de 2020, C.A. -en aquel entonces testigo e integrante de la investigación en sus inicios como agente rural- le comentó a su compañero que los Mossos le pedirían, cuando declara, que mostrara los grupos de Whatsapp, pero que ya los habría borrado. Después su colega insistió “en que si ha dicho algo del enlace del oso se le puede caer el pelo”, agrega la magistrada, pero C.A. le tranquilizó asegurando que “no ha dicho nada”.

Ambos también hablan “de los contenidos borrados de sus teléfonos móviles y de lo que tiene que ser borrado”, resalta la jueza. Y cuatro días después A.M. pide a su compañero que borre todas las conversaciones que han mantenido. En sus declaraciones como testigo ante policía y jueza, C.A. alegó que tenía los Whatsapps borrados “porque tenía poca memoria” en el móvil, pero al mismo tiempo desveló que el grupo contra el oso era “poco activo y prácticamente no se enviaban mensajes”, pese a que estaba formado por más de 200 personas.

¿Por qué borrar los mensajes de un grupo de Whatsapp si en teoría es poco activo? La realidad era otra. “Por las escuchas telefónicas se tuvo conocimiento de que los mensajes se habían borrado justamente para que la policía no tuviera acceso a su contenido”, desvela la magistrada. Otros testigos del caso declararon además que fue C.A. quien les enseñó el grupo de Whatsapp antioso pero declinaron entrar en él porque sus mensajes eran “demasiado radicales”. Coincidieron además en señalar que C.A. era el agente de Medio Ambiente “más contrario al oso y más radical en sus manifestaciones”, apunta la jueza.

Las contradicciones entre lo manifestado por C.A. como testigo y el devenir de la investigación llevaron a la jueza a imputarle y a ordenar su detención el pasado miércoles. La magistrada resalta que C.A. era agente de Medio Ambiente cuando tuvo lugar el envenenamiento de Cachou, en pleno confinamiento, siendo una de las pocas personas que podía desplazarse con libertad, y que también disponía de la ubicación exacta del plantígrado gracias al programa informático con el que el gobierno aranés les controla. Su compañero A.M. fue, según su propia versión, quien le paso en enlace al sistema que permite localizar a los osos.

Los ecologistas piden medidas al Conselh

La implicación de un segundo agente de Medio Ambiente del Aran ha soliviantado a la Institució de Ponent per a la Conservació i l‘Estudi de l'Entorn Natural (IPCENA), entidad ecogolista personada como acusación popular en la causa junto a Ecologistes de Catalunya y el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS). Su portavoz, Joan Vàzquez, ha remitido un escrito al Conselh en el que pide que el agente sea destinado a otras funciones distintas del control de los osos para que no tenga acceso a documentos que “puedan alterar” el curso de la causa penal.

“La presunción de inocencia no debe ser obstáculo para tomar medidas administrativas que eviten la contaminación de la causa”, razona Vàzquez, que reclama además al gobierno aranés la reintroducción en el valle de un nuevo ejemplar de oso que sustituya al malogrado Cachou.