El futuro judicial de Borràs se complica tras las revelaciones de un funcionario

Los problemas crecen para Laura Borràs. Ahora en forma de audios. El funcionario imputado en la causa de los contratos a dedo de la Institución de les Lletres Catalanes (ILC), Roger E.P., ha aportado dos nuevos indicios contra la presidenta del Parlament, que complican más si cabe su futuro judicial en vísperas de que Borràs asuma la presidencia de Junts.

Se trata de dos mensajes de audio de Whatsapp que la defensa del funcionario investigado, que ejerce recientemente el penalista Juan Carlos Zayas, ha reproducido en su declaración ante el juez de este martes. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Jordi Seguí ha requerido a la defensa para que aporte los audios a la causa, y el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha pedido que se aporte el conjunto de la conversación para contextualizarlos.

En el primero de esos audios, Borràs comunicó a Roger E.P. que se había enterado de que los Mossos d'Esquadra habían acudido a la ILC para pedir información sobre los expedientes vinculados a Isaías H., el amigo al que presuntamente benefició otorgándole contratos a dedo. Pero no se quedó aquí, pues según el funcionario Borràs le pidió que la avisara si los Mossos volvían a acudir a la entidad. En el segundo mensaje, Borràs preguntó al funcionario por qué la ILC todavía no había abonado algunas facturas a su amigo, también investigado en la causa.

Las fechas de los audios –7 de febrero de 2018 el primero; 26 de junio el segundo– son importantes. En ambos casos Borràs ya no ocupaba la dirección de la ILC. Había ascendido en sus responsabilidades institucionales, pues en febrero ya era diputada del Parlament por Junts y en junio había asumido la conselleria de Cultura. Es decir, una vez fuera de la ILC Borràs siguió con interés la evolución de la investigación y de los contratos a Isaías H.

La sombra de la injerencia política

2018 fue el año en que una jueza de Barcelona y los Mossos d'Esquadra empezaron a investigar los contratos de la ILC. Desde el inicio del caso la sombra de la injerencia política en la investigación ha planeado en la causa, tesis que la declaración de este martes del funcionario contribuye a reforzar.

En noviembre de 2018 –cinco meses después del último audio– los Mossos registraron, por orden judicial, la sede de la ILC. El caso estaba todavía bajo secreto de sumario –esto es, que solo juez, fiscal y policía judicial estaban al tanto de las pesquisas– y Borràs puso en un apuro al entonces conseller de Interior, Miquel Buch, al asegurar en una entrevista radiofónica, mientras los Mossos llevaban a cabo los registros, que el responsable de la policía catalana le había dicho que no la investigaban. Tal fue el enfado de la jueza instructora por las declaraciones de Borràs que retiró el caso a la policía catalana y se lo encargó a la Guardia Civil.

A lo largo de las pesquisas, los investigadores de los Mossos del caso Borràs –cuyo responsable fue relevado con el nuevo Govern de Aragonès– llegaron a esconder archivos para que no fuesen controlados a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la empresa pública que gestiona todo el servicio informático de la Generalitat. Y tuvieron problemas para encontrar en los servidores de la ILC los correos con Isaías H. que sirvieron para procesar a Borràs.

Las revelaciones del funcionario impactan en la línea de defensa de Borràs, centrada hasta ahora en intentar desactivar los correos con Isaías H. Aunque las tesis de la defensa prosperaran y se anularan los correos, la Fiscalía tendría más munición con los audios y los informes de la Intervención y de la Oficina de Supervisión de la Generalitat que alertaron sobre la necesidad de prescindir de los contratos a dedo, que también ha aportado el funcionario.

Audios y documentos

El investigado, administrativo de la ILC y sustituto de su responsable de contratación cuando se otorgaron los expedientes a dedo a Isaías H., ha aportado al juez un informe de la Intervención General de la Generalitat inédito hasta ahora que advertía a Borràs del exceso de contratación menor en la entidad. Borràs se mostró “molesta” por el informe, según la versión de Roger E.P.

Es más, en vez de acatar las recomendaciones de la Intervención, el funcionario ha explicado que Borràs presentó alegaciones al informe en las que defendía la legalidad y conveniencia de los contratos a dedo. El funcionario sí quiso seguir el contenido del informe y preparó un protocolo para que los contratos pasaran a otorgarse de forma negociada en vez de a dedo para garantizar mayor control y transparencia del dinero público. Pero Borràs, siempre según Roger E.P., hizo caso omiso al documento.

No fue la única advertencia que recibió Borràs sobre las formas de contratación. El investigado y un testigo, responsable de contratación de la conselleria de Cultura, han corroborado que a principios de 2014 hicieron entrega a Borràs de un documento de la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública de la Generalitat que abogaba por invitar “al menos a cinco competidores” en los procedimientos de contratación menor –inferior a 18.000 euros– como los investigados en la ILC.

No solo no fue así sino que, según el juez, Borràs e Isaías H. “se concertaron para defraudar” a la ILC mediante la simulación de ofertas en los 18 contratos bajo sospecha: Isaías H. presentaba presupuestos atribuidos a otras personas o cooperativas vinculadas a él, de forma que en todos casos resultó adjudicatario del proyecto. Cuando no lo fue personalmente, la cooperativa a la que Borràs adjudicó el contrato después realizó una transferencia a Isaías H. En conjunto, los 18 contratos ascienden a 330.442,65 euros.

Completada la declaración del funcionario y el testigo y la documentación pendiente de recabar, el juez deberá decidir ahora si vuelve a procesar a la presidenta del Parlament por prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación. La decisión puede coincidir con el congreso de Junts del próximo 4 de junio que encumbrará a Borràs en la presidencia del partido tras el acuerdo con Jordi Turull y reabrirá la caja de los truenos parlamentaria sobre la necesidad de que se aparte hasta que se aclare su situación judicial, extremo que la dirigente rechaza al atribuir la causa a una iniciativa política del Estado contra ella.

Este martes, la satisfacción de las fiscales anticorrupción a la salida de la declaración del funcionario estaba justificada. Ahora está por ver si la Fiscalía apoya la petición de archivo del caso que la defensa del funcionario Roger E.P. formalizará en los próximos días, una vez ha comprometido a Borràs.