El Govern recula y busca fórmulas para revertir el contrato con Ferrovial de rastreo de casos de COVID-19

El Departamento de Salud de la Generalitat va a revertir el contrato de 17 millones de euros a una filial de la empresa Ferrovial por el que debía asumir el rastreo de los casos de COVID-19. La consellera de Salud, Alba Vergés, ha asegurado en una entrevista en TV3 que están buscando alternativas tras haber constatado la indignación de parte del sector sanitario, sobre todo de la Atención Primaria.

“Si genera inquietud y malentendidos en el sector, no nos sabe mal replantearlo, al contrario”, ha expresado Vergés, que ha añadido que trabajan en otros tipos de contratos “más comprensibles de cara a la gente”. Fuentes de Salud precisan que se trataría de una empresa del tercer sector, con lo que la externalización se mantendría, pero no con Ferrovial, que además ha levantado numerosas quejas por haber pagado comisiones ilegales a Convergència en el pasado.

La responsable de Salud ha enmarcado la contratación por la vía de urgencia a Ferrovial, formalizada el pasado 29 de mayo, en la necesidad de incorporar con rapidez una infraestructura de seguimiento de casos que permitiese a las regiones sanitarias catalanas ir avanzando de fase en la desescalada. “No podíamos hacer una licitación porque dura meses”, ha justificado. En cambio ahora, con un menor número de contagios, considera que sí están en disposición de replanteárselo.

Vergés ha querido calmar los ánimos de los profesionales de la Atención Primaria remarcando que el servicio externalizado corresponde solamente a la parte de seguimiento de contactos, no a la identificación y diagnóstico de enfermos, que sí estará en manos de los centros de salud y los médicos de familia. Básicamente los 185 profesionales iban a integrar un 'call center' gestionado por Ferrovial –que ya se hace cargo del actual 061– para la supervisión de los contactos. “Es una pequeña parte de un circuito en el que interviene la Atención Primaria de forma fundamental”, ha querido remarcar Vergés.

Habiendo cerrado ya la contratación, la consellera ha reconocido que tendrán que hacer frente a una indemnización.