El Gobierno retoma la rehabilitación del Palacio de la Aduana de Barcelona por enésima vez, quién sabe si la definitiva. Después de más de una década vacío, las obras para acondicionarlo de nuevo se tuvieron que paralizar en 2021, ante la mirada atónita de los vecinos, puesto que el Ayuntamiento advirtió de que no quedaba garantizada la preservación del patrimonio. Los obreros desmontaron el andamiaje y el palacio se quedó con sus fachadas desconchadas y las ventanas tapiadas a la vista. Y hasta nuevo aviso.
Ahora el expediente de este edificio de propiedad estatal, uno de los más representativos de la Barcelona del siglo XVIII, se ha vuelto a abrir. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el titular del inmueble, abrió un proceso de licitación por valor de 748.000 euros para la redactar la actualización del proyecto y la dirección de la reforma. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya, en estos momentos se está tramitando la adjudicación de ese contrato.
El calendario para reanudar las obras, sin embargo, todavía queda lejos. Más aún la recuperación del edificio. Una vez que se adjudique el proyecto de replanteamiento de la rehabilitación, el plazo para ejecutarlo es de seis meses. Y a partir de entonces, “tendrá lugar la licitación del expediente de obras y el inicio de las mismas”, comentan desde la Delegación. Es decir, que los trabajos comenzarán como muy temprano a finales del año 2023.
Las deficiencias estructurales del edificio, ubicado en la calle del Marquès de l’Argentera –en la salida del casco antiguo hacia el frente marítimo–, se detectaron en 2008, cuando estaban también los socialistas al frente del Ejecutivo. Tras unas primeras obras, en 2010 se optó por trasladar a todos los empleados de la Delegación del Gobierno a la sede de la Subdelegación en la ciudad, en la calle Mallorca.
Desde entonces, el edificio languidece a la espera de la rehabilitación definitiva. Primero fue la crisis económica, que dejó el proyecto en un cajón. Luego fue la lentitud del Gobierno de Mariano Rajoy, que anunció la reforma en 2015, pero no aprobó el proyecto, dotado en 8,8 millones, hasta 2017. Y finalmente, con el inicio de las obras en 2018, parecía que iba a cumplir con el calendario de apertura, previsto para 2021. Aunque tampoco eso fue posible.
En síntesis, los servicios arquitectónicos del Ayuntamiento advirtieron durante una inspección que no se estaban usando las tecnologías disponibles para la preservación del patrimonio arquitectónico. El ministerio estuvo de acuerdo en elaborar un estudio histórico del edificio adaptado a los conocimientos actuales en materia de restauración. Quien no lo vio claro fue la constructora, Geocisa, que se opuso a esta demanda y obligó a la Administración a romper el contrato.
Fuentes de la Delegación insisten en que su intención es regresar a la que fue su sede una vez estén finalizadas las obras, pero advierten que estas seguirán siendo “complejas”. Otra gran rehabilitación pendiente que tiene el Gobierno central en la ciudad es la de la vieja sede de la Autoritat Portuaria, en el Portal de la Pau, que debía albergar un centro de divulgación. Hoy sigue abandonada.
De unos 7.500 metros cuadrados, el Palacio de la Aduana fue obra de Juan Miguel de Roncalli, ingeniero y por entonces Ministro de Hacienda de Carlos IV. El inmueble cuenta con un patio central porticado alrededor del cual se distribuyen las estancias y en su interior alberga una importante colección de pinturas murales del Pere Pau Muntanya con motivos comerciales y marítimos.