El interventor avala ante el juez la legalidad de las subvenciones por las que está imputada Colau

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recibido un balón de oxígeno en su frente judicial. El interventor general del Ayuntamiento de Barcelona ha avalado ante el juez la legalidad de las subvenciones que otorgó el consistorio a entidades sociales y que provocaron la imputación de Colau a raíz de una querella de la opaca Asociación por la Transparencia.

La causa de las subvenciones parecía que había llegado a su fin con el archivo del caso que decretó el juez, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla y practicar varias diligencias solicitadas por la Asociación por la Transparencia, entre ellas la declaración del interventor general del consistorio celebrada este viernes.

Pese a que la testifical del interventor fue propuesta por la acusación, sus explicaciones han sido mucho más beneficiosas para la defensa de Colau, que ejercen los penalistas Olga Tubau y Àlex Solà, que para la Asociación por la Transparencia. En la sesión de este viernes también estaban presentes los abogados de la Asociación de Juristas Constitucionalistas por la Libertad, que se han personado también como acusación popular.

Según han explicado fuentes jurídicas, el interventor general, funcionario del Estado que lleva desde el 2006 trabajando en el consistorio barcelonés, ha respaldado lo que ya explicó la interventora que estudió la concesión previa de las ayudas. Esto es, que no se detectó ninguna deficiencia o reproche legal a las subvenciones concedidas a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Observatorio DESC.

Es más, el interventor ha detallado al juez que el estudio de la legalidad de las subvenciones está muy reglado y no otorga margen de maniobra discrecional a los funcionarios que las analizan: si falta alguno de los requisitos marcados por la ley, están obligados a suspender la tramitación de las ayudas hasta que no se subsanen. Pero si en los expedientes figuran las memorias justificativas y todos los documentos requeridos, la Intervención debe avalar las ayudas. Y eso es lo que pasó en el caso de las subvenciones.

En concreto, todas las subvenciones otorgadas a la PAH, DESC, Enginyers sense Fronteres y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) contenían una memoria que justificaba la concesión directa de ayudas en vez de un concurso público, tal y como se hace con otras entidades especializadas en problemáticas sociales. Las subvenciones empezaron en 2014, bajo el mandato del convergente Xavier Trias.

El otro testigo de la jornada ha sido un asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento entre 2015 y 2019, en una declaración también solicitada por la Asociación por la Transparencia pero que ha resultado irrelevante para el caso. El testigo ha manifestado que elaboró unos informes que supuestamente destapaban ilegalidades en las ayudas, pero no los ha traído ante el juez. Lo que sí hizo, según ha explicado, fue enviarlos a la Asociación por la Transparencia, quien no obstante tampoco los ha aportado a la causa.

Completadas las testificales y recabada la documentación solicitada por la acusación, el juez podría volver a ordenar el archivo del caso contra Colau, si bien es probable que la Asociación por la Transparencia quiera alargar la instrucción con nuevas peticiones para que declaren más testigos. En suma, Colau tiene pocas opciones de llegar a la campaña con la causa de las subvenciones nuevamente archivada.