Jucil, los guardias civiles que se suman al frente contra la inmersión lingüística

“Asociación profesional que nace con el único interés de lograr una #EquiparaciónYa [salarial], y pelear por todos los derechos sociolaborales de todos los guardias civiles”. Esta es la carta de presentación de Jucil, la asociación de guardias civiles que nació de la plataforma Jusapol. A esos objetivos se ha sumado ahora acabar con la inmersión lingüística en Catalunya.

Jucil ha sido la primera entidad en pedir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ejecute en todas las escuelas la sentencia que impone impartir el 25% de las materias en lengua castellana. Lo ha hecho de la mano de las asociaciones Convivencia Cívica Catalana –que pidió retirar la pancarta de la Generalitat en favor de los presos del procés– y Hablamos Español –promotora de la denuncia archivada contra TV3 y el mago que dijo hablar castellano para parecer “más malo”–.

La portavoz de Jucil en Catalunya, Mila Cívico, explica que la petición al TSJC se centra en los agentes destinados en Catalunya –unos 2.500– y se basa en “el derecho de conciliación familiar” de los uniformados. La presencia mayoritaria del catalán en las aulas, expone Cívico, es uno de los “principales problemas” con los que se encuentran los guardias civiles cuando llegan desde otras autonomías a Catalunya, una comunidad tradicionalmente de tránsito para los agentes. “Si el español se introdujera como lengua vehicular no sería tan problema, aunque las familias se encontrarían con el catalán igual en otra asignaturas”, asevera.

Según Cívico, muchos agentes se enfrentan a la disyuntiva de no trasladarse a Catalunya con su hijos o bien mudarse con ellos a la comunidad y correr el riesgo de que los menores sufran más “fracaso escolar” y sean “estigmatizados” por no hablar catalán.

Preguntada por cuántos casos de estigmatización o acoso escolar a menores por razón de la lengua han denunciado en Catalunya, Cívico responde que no los ponen en conocimiento de las autoridades “porque no sirve de nada” y la Generalitat “echa balones fuera”. “Es perder el tiempo, si es contra nosotros aguantamos lo que sea, pero con nuestros hijos no tenemos ganas de historias”, agrega. Las dos únicas denuncias por discriminación en la escuela a hijos de guardias civiles que llegaron a los juzgados tras la tensión del referéndum de 2017 fueron archivadas al no hallarse indicios de delito alguno por parte de los docentes.

A diferencia de la Abogacía del Estado, que ha decidido no pedir por ahora que se ejecute ya la sentencia, antes de estudiar su petición sobre el 25% el TSJC deberá decidir si Jucil y el resto de entidades que han reclamado aplicar el fallo tienen legitimación para solicitarlo. Cívico lamenta el criterio de la Abogacía del Estado: “Es otra más por parte del Gobierno central, que por sus motivos da ciertas concesiones a la Generalitat y pasa del resto”.

Jucil, que cuenta con unos 400 afiliados en Catalunya, ha argumentado ante el tribunal que cuando los agentes son destinados en la comunidad no disponen de centros escolares donde educar a sus hijos con una “garantía” de un mínimo de clases en castellano. Otras entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) se aferran a sus 1.643 socios que, en su calidad de padres, madres, tutores o alumnos mayores de edad que forman parte del sistema educativo catalán se consideran perjudicados por el incumplimiento de la sentencia.

Antes de valorar los argumentos de los contrarios a la inmersión, el TSJC deberá decidir si el Govern ya ha dado cumplimiento a la sentencia con el plan que le ha presentado. Según el Govern, la propuesta de modificación de la ley de Política Lingüística que registraron ERC, PSC, Junts y los comuns; el nuevo decreto lingüístico que prepara la conselleria de Educación; y una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros catalanes encargada a la Universitat de Barcelona (UB) garantizan el cumplimiento de la sentencia sin tener que fijar de forma concreta un 25% de castellano en clase.

La Generalitat ha aportado datos a la Justicia que muestran el retroceso de la lengua catalana en las aulas: si el 68% de alumnos usaba siempre o casi siempre el catalán en clase en 2006, ahora es el 21,4%. Los datos de la Generalitat identifican la causa del fracaso educativo no tanto en el idioma sino en la renta familiar –a menor riqueza, más abandono escolar– y muestran que al terminar la ESO los alumnos terminan con un nivel similar de catalán y castellano.

La asociación de guardias civiles, que se declara “apolítica” y “apartidista”, añade la enseñanza en castellano en Catalunya a sus campañas de los últimos meses. La asociación ha liderado activamente una protesta contra el Gobierno que concentró en la calle a todos los partidos de la derecha parlamentaria alegando que las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos cambiaba la Ley de Seguridad Ciudadana en unos términos que no aparecían en el texto presentado en el Congreso por las dos formaciones citadas. En la huelga de transportistas, la asociación ha criticado las órdenes para actuar contra los sabotajes en la carretera.

Fuera de la demanda por el 25%, la única actuación judicial hasta ahora de Jucil en Catalunya se saldó con un éxito. El TSJC dio a la razón a Jucil y sentenció que el Govern discriminó a guardias civiles y policías nacionales en la campaña de vacunación contra la COVID-19. La asociación logró que la Generalitat admitiera que en la primera fase de la campaña de vacunación había vacunado alrededor de un 70% de mossos d'esquadra, frente a menos de un 4% de policías nacionales y menos de un 10% de guardias civiles.

En paralelo a las iniciativas judiciales, uno de los objetivos de Jucil es lograr que Catalunya sea declarada “zona de especial singularidad”, que supondría un plus económico y ayudas sociales. La reivindicación, nacida al calor del otoño soberanista de 2017, asegura que en la comunidad se vive un “clima de ataque, acoso y odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Fue en ese mismo contexto en el que Jucil sí logró la equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los miembros de las policías autonómicas, implantado durante el Gobierno del PP y que terminó de ejecutar el actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.