El juez procesa a Laura Borràs por corrupción y acelera su salida del Parlament

Laura Borràs puede irse de vacaciones conociendo la pena de cárcel que le pide la Fiscalía por el caso de los contratos fraccionados cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El juez ha cerrado la instrucción del caso y ha dado diez días al Ministerio Público para presentar escrito de acusación en la causa que puede terminar con la carrera política de la presidenta del Parlament.

En un auto, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Jordi Seguí procesa a Borràs por fraccionar contratos de la ILC para beneficiar a su amigo Isaías H. Traducido al Código Penal, el juez concreta que se tratarían de los delitos de prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil y malversación de fondos públicos.

El magistrado ya había procesado a Borràs hace unos meses, pero dio marcha atrás al constatar que había vulnerado el derecho de defensa de los investigados. Lejos de cerrar el caso, la reapertura de la instrucción trajo nuevos indicios y audios y correos comprometedores contra Borràs aportados por un funcionario imputado en la causa.

La nueva resolución del juez va en la misma línea que la del pasado mes de marzo. El magistrado concluye que Borràs “abusó” de sus funciones como directora de la ILC “dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos menores” de los que resultó beneficiario su amigo Isaías H.

Borràs, abunda el instructor, tenía “plena conciencia” de que las adjudicaciones a su amigo “entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público”. Según el juez, Borràs “omitió” el concurso público y otorgó los contratos a dedo “para únicamente favorecer los intereses de Isaías H., en detrimento de la defensa de los intereses generales que debía defender”.

A la espera de que la Fiscalía concrete su acusación, el Parlament vivirá una nueva crisis política a cuenta de si Borràs tiene que dejar el escaño. El reglamento del Parlament obliga a cualquier diputado a abandonar el acta cuando se le abre juicio oral por corrupción. Este momento procesal no es el de este miércoles, sino que llegará una vez Fiscalía haya presentado su escrito de acusación en unas semanas, el TSJC confirme el procesamiento de Borràs y el juez dicte el auto de apertura de juicio oral.

Consciente de que su futuro judicial es una espada de Damocles en su carrera política, Borràs promueve desde hace meses una reforma del reglamento del Parlament para blindarse en el cargo al menos hasta que el caso tenga sentencia, no antes del juicio. Los letrados del Parlament avalan la posición de Borràs, ya que desde una perspectiva jurídica y garantista creen que privar a un diputado de su condición sin sentencia firme no respeta la presunción de inocencia.

Más allá de cómo termine la reforma del reglamento y de la polémica que suscitará, son los correos escritos por la propia Borràs en su etapa al frente de la ILC (2013-2018) sobre los contratos que ella misma adjudicaba los que han tenido un peso determinante para que el juez haya decidido sentarla en el banquillo de los acusados.

Entre los mensajes incriminatorios que cita el juez, figura un correo electrónico en el que Borràs se dirige a Isaías H.: “Como tienen que hacerse tres presupuestos para cada una de las personas o empresas diferentes, yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganas uno, el más económico de la serie (...). El resto se podría hacer con la empresa de Andreu y quizá con la cooperativa de Madrid”. “Envíame a mí los conceptos e importes aproximados y si conviene ya lo haré yo”, dice Borràs en otro correo.

Los correos entre Borràs e Isaías H., concluye el juez, “son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ambos para defraudar a la ILC”. Ambos procesados, remarca el instructor, “propiciaron unas contrataciones formales de servicios informáticos reveladoras de una vulneración de la especial relación de confianza surgida a raíz del nombramiento” de Borràs al frente de la ILC.

La mecánica del fraude

El valor de los 18 contratos menores investigados asciende a 330.442,65 euros. El juez expone que no solo se adjudicaron a dedo a Isaías H. o a empresas vinculadas a él, sino que Borràs y su amigo “simularon una concurrencia de ofertas” que no era tal. Mantiene el juez que Isaías H. falsificó ofertas de cooperativas de las que era socio y convenció a su amigo Andreu P. para presentar ofertas mendaces para contratos de la ILC a cambio de que después le transfirieran el dinero de las adjudicaciones.

Isaías H., continúa el instructor “confeccionó y presentó” ante la ILC presupuestos atribuidos a personas físicas y jurídicas “que han negado su intervención en estos documentos”. En la elaboración de los documentos, agrega, colaboraron los otros dos procesados en la causa además de Borràs y su amigo: el funcionario que tiró de la manta contra Borràs (y al que ahora la Fiscalía deberá decir si acusa) y un conocido de Isaías H.

El rastro de las cuentas de Isaías H. ha constatado que su conocido, que recibió dos contratos de la ILC, le transfirió luego 30.100 euros. Otros 87.707,45 euros acabaron en la cuenta de Isaías H. tras varias transferencias de dos cooperativas de la que era socio a las que se le concedieron nueve contratos. Antes una de las cooperativas se quedó una comisión.

En su resolución el juez expone además que los representantes legales de otras cooperativas a las que se adjudicaron los contratos investigados han negado haber presentado las ofertas. Según el magistrado, Isaías H. falsificó las ofertas en nombre de esas cooperativas para simular que al concurso se presentaban varias ofertas, cuando en realidad Borràs ya tenía decidido adjudicarle los contratos. Es más, uno de los representantes legales de otra cooperativa declaró durante la investigación que Isaías H. pidió a la entidad hacer una factura en su nombre a la ILC, solicitud que fue denegada por los responsables de la misma.