La Junta Electoral inicia el proceso para retirar el escaño a Laura Borràs tras su condena por corrupción

Laura Borràs vive sus últimos días como diputada del Parlament de Catalunya. La Junta Electoral Central (JEC) ha dado diez días a la líder de Junts y a la Cámara para que presenten alegaciones sobre su acta tras su condena por corrupción, si bien ya ha anticipado que la cuestión terminará con la retirada exprés de su escaño pese a no contar con sentencia firme. 

A la espera de cumplir el trámite de alegaciones, los precedentes que Borràs conoce de primera mano no son de buen augurio para la líder de Junts. Todo lo contrario, suponen su final como diputada. El plazo abierto por la JEC es el mismo que el ente electoral dio al Parlament el año pasado antes de quitar el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà tras su condena por desobediencia.

En su acuerdo de este jueves, la JEC indica que el caso de Borràs es “análogo” al de Juvillà y al de Quim Torra, los otros dos políticos independentistas a los que retiró su escaño antes de que el Supremo emitiera sentencia firme sobre su caso.

La única diferencia entre Borràs y el expresident y el exdiputado de la CUP es que su condena es por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos por beneficiar a un amigo, mientras que las de Torra y Juvillà fueron por desobediencia por no retirar lazos amarillos de edificios públicos.

En cualquier caso, tanto la prevaricación y la desobediencia forman parte de los delitos contra la Administración Pública. La ley electoral establece que, en este tipo de delitos, la JEC puede retirar el escaño a un condenado en primera instancia aunque no tenga sentencia firme. Es lo que se conoce como “inelegibilidad sobrevenida”, un concepto avalado por el Supremo y el Constitucional aunque crea dudas jurídicas, pues supone privar de su escaño a un diputado sin que haya agotado todos los recursos a los que le da derecho la ley.

Aunque formalmente la próxima decisión de la JEC es el paso definitivo para que Borràs se quede sin acta, a día de hoy la líder de Junts solo participa de la vida parlamentaria desde la tribuna de invitados. El pasado mes de julio, la Cámara, en aplicación del reglamento, la suspendió como diputada y presidenta cuando se le abrió juicio oral por corrupción.

Borràs gestionó la misma situación

En su etapa al frente del Parlament, Borràs tuvo que gestionar la retirada exprés del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà. Pese a que Borràs prometió que defendería el acta de Juvillà, la entonces presidenta del Parlament terminó acatando la orden de la JEC. Todo ello pese a las numerosas críticas que vertió Borràs a su antecesor, el republicano Roger Torrent, por acatar la orden de la JEC de retirar el escaño de Quim Torra. Borràs terminó actuando igual que Torrent.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) concluyó que, eludiendo la exigencias de la contratación pública, Borràs adjudicó a su amigo Isaías H. los trabajos de elaboración y mantenimiento de la web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que presidió entre 2013 y 2018, mediante contratos menores, pese a que ello exigía “fraccionar” los proyectos.

Para crear una “apariencia de respeto a los principios de pluralidad y libre concurrencia”, Borràs dio instrucciones a Isaías H. sobre la necesidad de que elaborara y aportara tres presupuestos por cada concepto, de forma que en los expedientes se incluían propuestas “comparsa” o “ficticias”, que fueron creadas “artificialmente” con el único fin de ocultar la “contratación prevaricadora”.

Pese a condenar a Borràs a la pena mínima de cárcel por falsedad documental, el tribunal constató que la líder de Junts no se llevó un euro al bolsillo, por lo que su entrada en prisión resultaría “desproporcionada” al daño causado. En consecuencia, los jueces pidieron su indulto parcial para que Borràs no entre en prisión, que no se empezará a tramitar hasta que el Supremo emita su sentencia definitiva.

Tras su condena por corrupción, Borràs se atrincheró y no mostró ninguna intención de dimitir ni de sus cargos institucionales ni del partido pese a la petición unánime del resto de partidos de que no comprometiera más al Parlament. 

Ajena a cualquier voz que no sea un respaldo sin matices, Borràs considera que se la ha condenado por independentista y no por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo. Este jueves Borràs ha anunciado formalmente que recurrirá su condena ante el Tribunal Supremo y alegará hasta doce vulneraciones de derechos fundamentales.

Oficialmente, Junts ha cerrado filas con Borràs, si bien varios críticos dentro del partido aguardan a que pasen las elecciones municipales de mayo para reactivar la batalla interna para desbancarla. Solo una voz con criterio propio se ha atrevido a romper con la línea oficial del partido: la presidenta de la comisión de garantías de Junts, Magda Oranich, ha puesto en duda que el caso de Borràs sea de ‘lawfare’ y ha planteado su dimisión. Asambleas locales partidarias de Borràs ya han reclamado el cese de Oranich.