Laura Borràs se atrinchera mientras arrecia la presión para que deje el escaño

Ni una condena por corrupción ni la presión del resto de partidos han movido a Laura Borràs. La líder de Junts ha reafirmado su inocencia y no ha mostrado intención alguna de dimitir tras ser sentenciada a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo. A las puertas de las municipales y con el riesgo de una fractura interna que el secretario general de Junts, Jordi Turull, quiere evitar, Borràs conseguirá mantenerse en la presidencia del partido. Al menos hasta que no exista una sentencia firme.

En el último congreso de Junts, el sector 'borrasista' consiguió que se aprobase una propuesta que establece que en los casos de ‘lawfare’ (persecución judicial con motivaciones políticas) la comisión de garantías del partido será quien decida si debe dimitir o no. Ella siempre ha defendido que ha actuado correctamente, que es una víctima, y eso es lo que le permite mantenerse al frente de la formación aunque sea más de forma simbólica que real: aunque logre aguantar, sus apoyos dentro menguan cada vez más. Sus fieles siguen siendo los diputados Jaume Alonso-Cuevillas, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula y el expresident Quim Torra.  

La resaca de la sentencia se dirime en varios frentes. En el corto plazo los escenarios son el Parlament y la Junta Electoral Central (JEC). El legislativo catalán abordará la sustitución de Borràs al frente de la Cámara y si tiene derecho a cobrar su pensión como expresidenta, mientras que el ente con sede en Madrid podría decidir la retirada de su acta de diputada antes de la sentencia firme. Vistos los precedentes de la JEC, es probable que las próximas semanas sean las últimas de Borràs en el hemiciclo.

Varios meses más habrá que esperar a la sentencia firme del Supremo, que será el interruptor tanto del examen interno en Junts como del indulto parcial para evitar su ingreso en la cárcel –no la inhabilitación– planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los magistrados han propuesto la medida de gracia al tener en cuenta que la líder de Junts no se llevó un euro a su bolsillo.

En función de los tempos que marque el Tribunal Supremo para resolver los recursos no es descartable que quien tenga que decidir sobre la medida de gracia a la líder de Junts sea un eventual gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Eso siempre que PP y Vox derroten a la coalición de izquierdas y soberanistas en las generales del próximo invierno. La Sala presidida por Manuel Marchena volverá a jugar un papel en la política catalana. 

La presidencia, vacante desde julio

En la Cámara catalana se reactivará a la vuelta de vacaciones de Semana Santa el intento de los partidos de acabar con la interinidad en la presidencia. El Parlament no tiene president ni presidenta desde que en julio todas las formaciones, salvo Junts, suspendieran de funciones a Borràs en aplicación del reglamento de la Cámara relativo a casos de corrupción. Son ya nueve meses en la que la presidencia en funciones recae sobre la vicepresidenta Alba Vergès (ERC).

ERC hizo un primer intento en septiembre para que Junts propusiera una candidatura para sustituir a Borràs, pero los posconvergentes lo rechazaron con contundencia en apoyo a su líder. Luego vino la crisis en el Govern y el futuro de la presidencia del Parlament quedó en un cajón. Los republicanos ahora parece que no tienen prisa y consideran que hasta que se sepa qué pasa con el escaño de la dirigente de Junts o exista una sentencia firme no hace falta cambiar nada. De todos modos, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido que la causa de Borràs está vinculada a la corrupción, que no tiene nada que ver con la del independentismo, y ha pedido que se tomen “las decisiones necesarias” para preservar “el buen funcionamiento de las instituciones”.

El PSC defiende que ha llegado la hora de acabar con la provisionalidad al frente de la Cámara catalana por la imagen que se traslada dentro y fuera de la institución. Salvador Illa está dispuesto a escuchar y negociar el nombre de un sustituto o sustituta pero no a seguir como hasta ahora pese a reconocer que la republicana Alba Vergès ha logrado mantener el orden allí dentro, también gracias a la ayuda y la experiencia de la socialista Assumpta Escarp. 

Los grupos de la oposición y sus exsocios de ERC están a la expectativa de ver qué hace finalmente Junts. No está nada claro si presentará un nombre alternativo al de Borràs para presidir el Parlament. Es algo que de manera informal han comentado algunos de los grupos durante estas semanas pero aún no hay una decisión tomada. En caso de que Junts presentase un nombre, no está por la labor de entrar en muchas negociaciones con el resto. Si al final pone un nombre encima de la mesa, otro interrogante es si la sustituta o sustituto será alguien de la confianza de ella o bien de otros sectores del partido. 

Junts no quiere hablar públicamente de este tema hasta saber si Borràs logra mantener o no su escaño. Uno de los nombres que aparece en las quinielas y que se ha planteado también en las conversaciones informales entre los grupos es la exalcaldesa de Vic Anna Erra, bien vista en el partido (en el último congreso obtuvo más votos que Borràs y solo quedó por detrás de Turull) y también por ERC. El sector 'borrasista' preferiría a Aurora Madaula, una de sus representantes pero a la vez una de las diputadas que más recelos provoca tanto dentro del partido como en el resto de formaciones del Parlament. Quim Torra va más lejos y sería partidario de dejar vacante la presidencia de la Cámara.   

La pensión como expresidenta 

En paralelo al debate sobre el sustituto de Borràs, la Mesa del Parlament tramitará una proposición de ley de los socialistas para modificar las pensiones de los expresidentes de la Cámara, una situación en la que estará Borràs una vez esté fuera del legislativo, bien por sentencia firme bien por decisión de la JEC.

La norma actual prevé que cuando un presidente deje el cargo cobre el 80% del salario durante el tiempo que ha estado al frente del Parlament (la nómina total es de 150.000 euros anuales). Los socialistas quieren rebajar ese porcentaje a un 20% durante los primeros seis meses y un 10% el resto del periodo. Los comuns además quieren añadir que un expresidente no cobre nada en caso de condena por corrupción.

Si no prosperase la proposición socialista, está por ver si Borràs podría percibir o no la pensión porque para poder cobrarla debe haber ocupado el cargo como mínimo dos años y ese cómputo solo sería posible si se incluyen también los meses que ha estado suspendida como presidenta del Parlament. 

La Junta Electoral y su celeridad

Mientras el PSC apuesta por una renovación en la presidencia de la Cámara fruto del consenso político, PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado que, ante la negativa de Borràs a dimitir, intentarán forzar que la Junta Electoral Central (JEC) la deje ya sin escaño sin esperar a la sentencia firme del Supremo.

Los precedentes no son buenos para Borràs. La JEC quitó el escaño a Quim Torra (Junts) y Pau Juvillà (CUP) tras sendas condenas en primera instancia por desobediencia al considerar que presentaban una “causa de inelegibilidad sobrevenida” recogida en la ley electoral para los delitos contra la Administración Pública. El ente electoral declaró vacantes sus escaños y expidió la credencial del siguiente candidato de las listas. La líder de Junts también ha sido condenada por un delito contra la Administración –prevaricación–, además de falsedad documental.

Borràs vivió en primera persona el episodio de Juvillà porque cuando la JEC suspendió al cupaire la líder de Junts era presidenta del Parlament. Pese a criticar a su antecesor, Roger Torrent, por no oponerse a la retirada del escaño de Torra, ella terminó actuando igual que el republicano y evitó desobedecer a la Junta Electoral en el caso de Juvillà.

Sin mencionar ni el antecedente de Juvillà ni tampoco el indulto parcial planteado por el TSJC, en su comparecencia sin preguntas de la prensa de este jueves Borràs ha querido mandar un aviso tanto al resto de partidos como a los críticos de Junts. “Les invito a reflexionar si todo vale y si se pueden aprovechar para fines partidistas los efectos de la represión española contra el independentismo”, ha lanzado.

A nivel interno, al igual que ocurriera en la concentración del inicio del juicio, tampoco se ha visto este jueves arropando a Borràs a los dirigentes críticos con su líder, sector encabezado por los exconsellers ni tampoco al alcaldable por Barcelona, Xavier Trias. Formalmente, el partido no tendrá que estudiar su caso hasta que el Supremo decida porque Borràs alega que se trata de ‘lawfare’ y así lo ha defendido públicamente también el secretario general, Jordi Turull. La encargada de avalar esta tesis será la presidenta de la comisión de garantías del partido, Magda Oranich, a quien Borràs se enfrentó por el informe sobre la intimidación a una periodista de TV3 por parte de Francesc de Dalmases, mano derecha de la presidenta de Junts.

Los recursos

A partir de este viernes, tanto la defensa de Borràs como la Fiscalía tienen cinco días hábiles para anunciar si interpondrán recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC. Los motivos legales para recurrir al Alto Tribunal están muy tasados, pero ella quiere llegar hasta la Justicia europea con lo que no le queda otra que agotar las instancias nacionales.

En la Fiscalía se seguía analizando la sentencia a la espera de decidir si recurre un fallo judicial que asume todas sus tesis salvo por el indulto parcial, una sorpresa por la que ni acusación ni defensas apostaban. Presentados los recursos, la salida definitiva de la política de Borràs estará en manos de la Sala del magistrado Manuel Marchena.