JxCat, PP y Ciudadanos frenan la ley para limitar el precio del alquiler con enmiendas y un recurso al 'TC catalán'

El Parlament de Catalunya tenía que aprobar este viernes una proposición de ley para limitar los precios de los alquileres. La luz verde a la nueva normativa se ha visto frenada por las enmiendas introducidas a última hora por Junts per Catalunya (JxCat), que inicialmente había consensuado el texto con ERC, los 'comuns', la CUP y el Sindicato de Inquilinos, y por el recurso ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), equivalente el Tribunal Constitucional en asuntos autonómicos, que han presentado el PP y Ciudadanos.

Para intentar desencallar el texto, los grupos parlamentarios que apoyan la ley y el Sindicato de Inquilinos han solicitado una reunión con el president de la Generalitat, Quim Torra. La ley seguirá adelante porque cuenta con un amplio apoyo de la sociedad civil. Y el Parlament lo sabe. Deben limitarse y bajarse los alquileres“, ha expresado este viernes el Sindicato de Inquilinos.

Tras acordar con los grupos de izquierda el texto de la proposición de ley, JxCat presentó este jueves enmiendas a la norma, que según el grupo parlamentario están consensuadas con la conselleria de Territorio de la Generalitat. Las enmiendas plantean excluir los municipios de Figueres (Girona), Salou y Tortosa (Tarragona) de las 60 poblaciones consideradas “zonas con un mercado de vivienda tenso” así como introducir excepciones en las limitaciones de los precios del alquiler.

Las enmiendas de JxCat ponían en peligro la aprobación de la norma, que ha quedado definitivamente en suspenso por el recurso que han interpuesto Ciudadanos y el PP ante el Consejo de Garantías Estatutarias. Carlos Carrizosa (Cs) ha sostenido que el proyecto de ley es “un 'fake'”, mientras que el popular Santi Rodríguez ha manifestado que queda fuera de las competencias autonómicas. El PSC presentó enmienda a la totalidad a la norma, pero no recurrió ante el CGE.

Los grupos que apoyan la nueva regulación han criticado las enmiendas de última hora de JxCat. Fuentes de la CUP han expresado que el 14 de julio se llegó a un acuerdo entre todos los grupos para presentar y mantener el texto inicial de forma “íntegra”. Desde ERC se han mostrado “sorprendidos” por la decisión de JxCat, mientras que los 'comuns' han acusado a los neoconvergentes de “cargarse la ley” con sus enmiedas, informa la ACN.

El texto de la nueva normativa había logrado el consenso entre ERC, los 'comuns', la CUP y JxCat –quien finalmente se ha descolgado– tras más de un año de negociaciones que siguieron a un fracaso del Govern: en su anterior decreto sobre los alquileres el Ejecutivo no logró el apoyo de ningún grupo parlamentario de la oposición, por la que la norma no se aprobó.

La nueva ley contempla afectaría a todos los nuevos contratos en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de vivienda más tensionado, entre ellos casi todas las capitales de comarca y municipios del área metropolitana de Barcelona. En total, de los cambios podrían beneficiarse unos 5 millones de personas, el 70% de la población catalana.

Como norma general, la ley indica los nuevos contratos para viviendas que ya estaban alquiladas no podrán superar el precio acordado en el contrato anterior. En el caso de las viviendas que tuvieran un precio por encima de la media de su zona o sean viviendas nuevas, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el valor establecido en el índice de de precios de referencia. Es decir, se limitan las subidas y se fomenta la bajada para equilibrarse con el índice de referencia.

Tal y como ocurre en otros países europeos con una normativa similar, la regulación que el Parlament no ha podido aprobar este viernes prevé algunas excepciones para propietarios que hagan grandes rehabilitaciones, obras de mejora, las relaciones de parentesco y otros regímenes de renta. Además, las viviendas de obra nueva quedan libres de regulación durante los primeros tres años.

La propuesta también incluye un régimen sancionador que permitirá multar a los propietarios que se salten la norma. Además, el texto también reconoce por primera vez a las organizaciones de inquilinos como parte en la mediación de conflictos por los alquileres.