Manos Limpias denuncia a Pujol por siete delitos
El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia contra el expresident Jordi Pujol en los juzgados de Instrucción de Barcelona este lunes. El colectivo considera que quien fuera jefe del Gobierno catalán durante 23 años ha incurrido en siete delitos: cohecho, delito fiscal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales.
Manos Limpias, que ha presentado el escrito este lunes en los juzgados de Instrucción de Barcelona, pide también que la acción judicial se dirija a la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, por “cómplice y encubridora”; y que también declaren ante el magistrado los dos hijos con mayor implicación política: el primogénito Jordi y el hasta ahora secretario general de CDC, Oriol. El sindicato pide además que la pareja Pujol-Ferrusola aporte al juez su declaración de la renta de los últimos cinco años y el testamento del padre, Florenci Pujol.
Más allá de la confesión de Pujol, que el viernes admitió haber ocultado durante 34 años una herencia de su padre sin regularizar en el extranjero, el sindicato Manos Limpias espera que la justicia investigue el cobro de “comisiones ilegales” por parte de la familia. “A esa primera salida de dinero previamente del testamento del padre se habrían ido acumulando otras ingentes cantidades de dinero”, recoje la denuncia.
Manos Limpias considera demostrados los negocios de diversas empresas vinculadas a miembros de la familia Pujol con la Generalitat, que les habría facilitado contratos y concesiones públicas. Así pues, recuerda que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) publicado por El Mundo señalaba la existencia de una cuenta con 137 millones de euros alimentada presuntamente con “el cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras y servicios del Ejecutivo autonómico catalán, entre 1980 y 2003”. Cabe recordar, sin embargo, que la propia UDEF negó ser la autora del borrador publicado.
Con todo, el sindicato apunta que la cantidad defraudada por la familia estuvo depositada en entidades de paraísos fiscales como Andorra, Panamá, Luxemburgo, Liechtenstein, Guernsey o Suiza.
