Los Mossos ven “confianza” entre Puigdemont y el agente acusado de ser su escolta mientras cobraba como asesor

Los juicios pendientes del procés siguen celebrándose. Ante la Audiencia de Barcelona ha arrancado este miércoles la vista contra el exconseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch y el sargento de los Mossos Lluís Escolà, acusados de enmascarar las funciones de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica del uniformado mediante su nombramiento como asesor del departamento.

Las defensas niegan que Escolà ejerciera de escolta del expresident tras su llegada Bélgica después del fracaso del procés. A lo sumo admiten viajes por su cuenta para encontrarse con el expresident (el propio acusado dejó constancia de ello en Twitter). Puigdemont, testigo estrella del juicio, declarará el viernes. Será la primera vez que un tribunal permita una comparecencia por videoconferencia del expresident. 

Lo que el tribunal deberá dirimir es si esos viajes fueron ejercidos en su tiempo libre o estuvieron amparados por el amplio margen de discrecionalidad del que disfruta un asesor, como mantienen las defensas, o si, por contra, equivalen a los delitos de prevaricación y malversación, como señala la Fiscalía, al haber camuflado labores de escolta con su nombramiento como cargo eventual. El Ministerio Público pide hasta seis años de cárcel para Buch. 

El juicio ha arrancado con las comparecencias del intendente de los Mossos d’Esquadra que lideró las pesquisas, Toni Rodríguez, y algunos de sus subordinados. El intendente fue el investigador purgado hace unos meses por la nueva conselleria de Interior de ERC tras denunciar injerencias políticas en su trabajo policial.

De hecho, el intendente ha relatado que el exdelegado de Interior en Girona, Albert Ballesta, hombre de confianza del expresident, llamó en 2018 al entonces jefe de los Mossos, Ferran López, para reclamar una excedencia a Escolà. Tras la negativa de López, Lluís E. fue nombrado asesor de la conselleria Interior. Ni el fiscal Pedro Ariche ni las defensas han preguntado más al testigo sobre este asunto.

Ha sido un interrogatorio extenso y en ocasiones trastabillado, sobre todo por el intento de las defensas de cuestionar la credibilidad del intendente al ver sus informes excesivamente interpretativos y faltos de objetividad. Tras varios tira y afloja entre el intendente y Judit Gené, letrada de Buch, e Isabel Elbal, defensora de Escolà, el presidente del tribunal, José Carlos Iglesias, ha terminado por advertir: “La sentencia del tribunal no estará basada en las valoraciones a las que lleguen los testigos policiales”.

Escolà percibió 52.712 euros mientras ejerció de asesor de Interior, entre julio de 2018 y marzo de 2019. Antes había estado de baja y expedientado por haber sido uno de los mossos que facilitó la marcha por carretera de Puigdemont en octubre de 2017.

La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos le abrió una investigación, que concluyó el 20 de julio de 2018 con cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo y su traslado del área de escoltas. Ese mismo día, a propuesta de Buch, se creó una plaza de asesor en el departamento de Interior que se asignó a Escolà.

El fiscal ha querido que Rodríguez dejara claro al tribunal la secuencia de los hechos: trabajo de Escolà con Puigdemont desde el área de escoltas mientras era president, facilitador de su marcha a Bélgica y después mismas funciones pero bajo el nombramiento de asesor de Interior.

“Escolà tenía una relación muy próxima, de confianza, con el president Puigdemont, es de suponer que por afinidad con los postulados independentistas”, ha mantenido Rodríguez. El fiscal ha insistido con otro testigo, mosso del área de escoltas, en el viaje de Puigdemont a Bélgica en el que participó el acusado, pero el presidente del tribunal lo ha cortado de forma tajante: “El núcleo de la acusación no es éste”.

El fiscal Ariche ha protestado porque la huida de Puigdemont es “relevante para la tesis acusatoria, por mucho que no sea constitutiva de delito”, si bien el magistrado Iglesias ha reiterado que las preguntas se centraran únicamente a partir del nombramiento de Escolà como asesor en 2018, no antes.

Sobre el nombramiento de Escolà como asesor, Rodríguez ha mantenido que formalmente fue legal, pero ha dejado claro que el sargento seguía ejerciendo de escolta de Puigdemont. “La ley permite una gran discrecionalidad para nombrar personal asesor, casi no se tiene que justificar ni la contratación ni el cese”, ha mantenido, para apostillar: “Lo que llamó la atención es que el nombramiento fuera tan rápido y estando de baja, cuando lo nombran estaba en Bélgica y no va ni al departamento a presentarse”.

Por su lado, las defensas han insistido en poner sobre la mesa las funciones del área oficial de escoltas de la Generalitat y lo que hacía Escolà en Bélgica con Puigdemont eran cosas distintas. Como asesor, argumentan las defensas, el acusado no tenía obligación de fichar cada día en Barcelona ni de realizar grandes trabajos especializados de investigación para el conseller, como sí correspondería a un funcionario.

Además, Rodríguez ha reconocido, a preguntas de la letrada Gené, que en su investigación no halló “ninguna comunicación” entre Buch y Puigdemont para que el acusado fuera su escolta.

La última testigo de la jornada ha sido un balón de oxígeno para las defensas. La directora de función pública en el momento de los hechos, Pilar Sorribas, ha explicado que avaló el nombramiento de Escolà al comprobar que la descripción de sus funciones era “correcta” y que su plaza no supuso un incremento del presupuesto del departamento. El juicio seguirá este jueves.