La noticia de la localización treinta y seis años después del nieto superviviente de las Abuelas de la Plaza de Mayo, entregado en adopción a escondidas por los militares que mataron a la madre tras parirlo en detención, ha tenido repercusión internacional no solo por tratar-se de la presidenta del movimiento, sino como fruto de una larga y admirable lucha ciudadana de padres y abuelos de argentinos desaparecidos durante la dictadura a fin de reencontrarlos y, más aun, de sentar jurisprudencia en la conciencia del país sobre el concepto crucial de memoria histórica.
Es un concepto que en España --actualmente tan europea-- no quedó nada claro en el momento de la transición democrática. El debate fue escamoteado aquí, de modo que hoy seguimos contando con miles de familiares de desaparecidos en las fosas comunes de los fusilados de la Guerra Civil que siguen clamando como almas en pena y hurgando en las cunetas sin ningún resultado reconocido. No sabemos ni siquiera donde fue sepultado Federico García Lorca por el pelotón de ejecución. El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas acaba de enviar un demoledor informe al gobierno español sobre sus investigaciones a propósito de los desaparecidos de la Guerra Civil y le concede 90 días de plazo para que le presente un programa de aplicación de sus recomendaciones sobre este tema pendiente.
Según el informe, la recomendación más importante es que “el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justcada setmana e Mayo de B de Nuebcercle per la Plaça de Mayo de Nuebos Aires amb un mocador blanc al cap per tal de reclamar l'icia a las víctimas”. España está obligada por el derecho internacional y por el convenio que ratificó el año 2010 sobre desapariciones forzadas a aplicar “una política de Estado permanente” que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista saber qué les ocurrió y recuperar sus restos, por lo que la ONU le solicita que cree una “entidad estatal dotada de los suficientes recursos humanos, técnicos y financieros”, con un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos y una base de datos central.
Aquellas supuestas “locas” que empezaron a desfilar en círculo cada semana por la Plaza de Mayo de Buenos Aires con un pañuelo blanco en la cabeza para reclamar la aparición de los familiares desaparecidos o noticias oficiales sobre qué les pasó han acabado dando al mundo una alta lección de lucha ciudadana y una respuesta envidiable al debate sobre la noción de memoria histórica.
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