Parar al PP, también en la contratación pública

Cuando las administraciones públicas compran bienes y servicios inciden de manera decisiva en la orientación de la economía. El contrato municipal de la luz en Barcelona, que se está resolviendo estos días, es un buen ejemplo de ello. No es lo mismo incluir cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a evitar cortes de suministros que no hacerlo. No es lo mismo dividir los contratos en lotes para abrir espacio a las pequeñas y medianas empresas o a las cooperativas, que favorecer a los oligopolios energéticos de siempre.

En diciembre del año pasado, representantes municipales y organizaciones sociales y ecologistas suscribimos la llamada Declaración de Málaga. En ella sosteníamos que la contratación pública debía ser un instrumento de transformación socioeconómica. Y que para eso era necesario superar algunas prácticas dominantes en los últimos años.

Bajo la hegemonía de los discursos neoliberales, en efecto, las administraciones han tendido a otorgar a la oferta económica más baja un papel predominante a la hora de adjudicar contratos. Con ello, el poder público ha contribuido a menudo a reforzar los peores aspectos del actual modelo económico: precarización laboral, crecimiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres o disminución de los estándares ambientales. Y no solo eso. Con frecuencia, la opacidad que ha rodeado las prácticas de contratación ha sido caldo de cultivo para la corrupción, el trato de favor de las empresas del IBEX e incluso la financiación ilegal de los partidos tradicionales.

Conscientes de ello, ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona o Zaragoza, hemos venido impulsando nuevas guías de contratación pública para dar un giro a esta tendencia. Por ejemplo, incluyendo requisitos exigentes en materia social, laboral, ambiental o de igualdad de género. O impulsando una mayor concurrencia para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas. O prohibiendo que empresas con actividades ilícitas en paraísos fiscales contraten con la administración.

Poner en marcha estas políticas no es sencillo. Exige determinación política, solvencia técnica y predisposición para aprovechar todos los márgenes que ofrece la legislación vigente.

En estos últimos tiempos, por ejemplo, muchos municipios hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para desarrollar principios garantistas contenidos en normas como la Directiva 2014/24, de la Unión Europea. Sin embargo, una y otra vez hemos chocado con la desidia del gobierno del Partido Popular.

Ahora, el ejecutivo de Rajoy ha presentado por fin su proyecto de adaptación de la Directiva europea a la legislación estatal. Sin embargo, lo que podría haber sido un salto sustantivo en materia de contratación se ha materializado en una propuesta decepcionante y regresiva.

El proyecto del PP no emprende la necesaria simplificación y modernización administrativa de la contratación pública. No prevé la introducción de cláusulas de responsabilidad social y ambiental. Ni regula, tampoco, la contratación electrónica, una de las principales herramientas de lucha contra la corrupción. Incluso algunos avances importantes previstos por la Directiva, como la posibilidad de que las administraciones paguen directamente a los subcontratistas cuando las empresas contratistas principales incurran en morosidad, corren el riesgo de quedar en nada.

Ninguna de estas decisiones es neutral. Por el contrario, pretenden afianzar la connivencia entre el actual poder político y los intereses económicos de una pequeña minoría. Los perjudicados, como siempre, son las pequeñas y medianas empresas, la economía social, los trabajadores y trabajadoras que ejecutan los contratos. Todos aquellos actores de la economía productiva y reproductiva a los que estamos intentando proteger desde los ayuntamientos.

Resignarnos ante este escenario sería inadmisible. Por eso, las ciudades hemos hecho llegar nuestras aportaciones al grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso. Para que eleven nuestras críticas y nuestras propuestas. Pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos una red de municipios capaz de apelar a todos los sectores afectados por la política del PP y de movilizarse en defensa de un régimen alternativo de contratación pública. Transparente, moderno, y al servicio de una economía más justa, sostenible, y libre de privilegios inaceptables.

Cuando las administraciones públicas compran bienes y servicios inciden de manera decisiva en la orientación de la economía. El contrato municipal de la luz en Barcelona, que se está resolviendo estos días, es un buen ejemplo de ello. No es lo mismo incluir cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a evitar cortes de suministros que no hacerlo. No es lo mismo dividir los contratos en lotes para abrir espacio a las pequeñas y medianas empresas o a las cooperativas, que favorecer a los oligopolios energéticos de siempre.

En diciembre del año pasado, representantes municipales y organizaciones sociales y ecologistas suscribimos la llamada Declaración de Málaga. En ella sosteníamos que la contratación pública debía ser un instrumento de transformación socioeconómica. Y que para eso era necesario superar algunas prácticas dominantes en los últimos años.