Dice el informe de la Oficina antifrau de Catalunya que la APB (Autoridad Portuaria de Barcelona) no tuvo en cuenta una serie de elementos relevantes a la hora de aprobar y negociar la reforma del Port Vell (impulsada por el grupo Salamanca a través de la empresa Marina Port Vell SA): «utilización de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales», «la opacidad que preside el grupo empresarial del grupo Salamanca», «la falta de credibilidad de los datos financieros y contables», «la información incierta aportada por terceros», «la situación económica y accionarial de la principal sociedad valedora de la operación, HADAR FUND S.L», perteneciente ésta a V. Alekperov, presidente de la empresa Lukoil, conocidos como «oligarcas rusos» y vinculados a diferentes operaciones de la denominada «mafia rusa», y «la poca credibilidad de las sociedades valederas de Salamanca group». Dice también que la operación está probablemente vinculada al blanqueo de capital de estos personajes, y que hay una «posible actuación irregular por parte del Ayuntamiento de Barcelona en la operación urbanística de aprobación del Pla Especial del Port Vell», y una «posible actuación irregular por parte de la APB en relación con la concesión de Marina Port Vell».
Desde noviembre de 2011 cuando los vecinos de la Barceloneta se enteraron de la operación hasta marzo de 2012 que vieron que se había publicado en el BOE, decía la Regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, que la operación no existía. Decía también la APB que estos mismos vecinos tenían que pagar 384€ por una copia del proyecto cuando éste se encontraba en exposición pública. En el Monaco Yacht Show de septiembre de 2011, decía el señor Martin Bellamy (presidente de Salamanca Group, empresa que impulsa la reforma, exmilitar británico relacionado con 38 empresas del grupo Salamanca) que el Port Vell de Barcelona se convertiría en una de las marina de referencia mundial para megayates de lujo y que ya se podían adquirir los amarres . En el mismo lugar, un año después decía el señor Antoni Vives que «lo que os estamos ofreciendo es la ciudad [...] el cluster es real [...] alguien de quien me estoy haciendo muy amigo ahora mismo, Martin Bellamy». El mismo regidor de Hàbitat Urbà le decía también a los vecinos tres meses después que se había sentido ofendido cuando estos, después de ver la presentación en Mónaco, habían denunciado que en tanto que responsable público estaba defendiendo intereses privados y no públicos, tal y como le correspondería a su cargo, y que debería plantearse dimitir. Esa palabra que, como dice Jordi Évole, no es un nombre ruso, a pesar de las coincidencias.
Dice también antifrau que todo esto se fraguó en 2010 cuando APB y Salamanca Group firmaron un convenio de colaboración para ampliar la concesión de la gestión del Port vell, en tiempo y espacio.
Dicen las unidades de policía que se dedican a perseguir a la mafia que èsta tiene una estructura con tres patas: una criminal, otra política «para actuar con impunidad» y otra económica «basada en una complejo entramado empresarial a su servicio para blanquear dinero, en el que siempre hay una empresa ligada al sector de la energía». Alekperov es presidente de Lukoil, petrolera rusa instalada, entre otros, en el puerto de Barcelona a cuya inauguración acudió Artur Mas el 30 de abril de 2012. Algunos dicen que nada es casual en esta vida.
Dice el sentido común mayoritario que gran parte de la clase política usa su posición para hacer relaciones, mantener o amasar privilegios, y proteger los privilegios de quienes son sus amigos «right now». Algo similar a un código de honor no escrito. A veces no es cuestión de dinero, es cuestión de relaciones, círculos sociales, futuras promesas de entornos que se protegerán.
También dice el sentido común mayoritario que se acabó, y que todo esto va a cambiar. Así que después de lo que dicen, imaginemos, imaginemos cómo hubiera sido la operación del Port Vell si, por un momento, los políticos responsables hubieran tenido no un código de honor, sino un código ético. Imaginemos que estuvieran obligados a publicar sus agendas, con quién se reúnen y qué temas tratan. E imaginemos que esto lo hubieran tenido que hacer ya en 2010, cuando los responsables de la APB ya pactaron con Salamanca Group que se ampliaría la concesión de explotación del Port Vell, una vez Salamanca Group hubiera adquirido la empresa Marina Port Vell SA. Imaginemos también que esto hubiera ocurrido en un momento en que la ciudadanía hubiera decidido corresponsabilizarse de lo público y hubiera detectado esa irregularidad. Y sigamos imaginando que los cargos públicos tuvieran que hacer públicos sus ingresos, bienes, y los datos necesarios para poder detectar posibles conflictos de interés. Posiblemente es un conflicto de interés defender en una feria de yates privada la privatización de un espacio público cuyo proyecto, rodeado de opacidad, aun no está aprobado, y en contra del cual se han manifestado mayoritariamente los vecinos de la ciudad denunciando que responde a intereses de los oligarcas rusos. Imaginemos que los cargos públicos tuvieran que rendir cuentas de sus actuaciones presentando la información requerida, es así como la ciudadanía podría evaluar si hay conflicto de intereses. No por un dogma de fe, sino con datos y hechos.
Si además, esos cargos públicos se hubieran comprometido a no acceder a cargos de responsabilidad en empresas creadas, supervisadas o reguladas durante la gestión de ese cargo público, durante un periodo de cinco años, podemos imaginarnos que la amistad entre Martin Bellamy y Antoni Vives hubiera transcurrido por otros derroteros. Y si imaginamos también que los cargos públicos, como Antoni Vives, o el alcalde de Barcelona estuvieran obligados a someter a referéndum la toma de decisiones relevantes para la ciudad, pues podemos imaginar también que si todos los mecanismos anteriores fallan, sería la ciudadanía la que tendría la última palabra. Esto no es política ficción, tanto la exregidora Itziar González, como la Plataforma Defensem el Port Vell, como algunos grupos de la oposición propusieron que se realizara una consulta sobre la reforma del Port Vell, propuesta que fue rechazada con los votos de PP y CiU.
Estos son algunos de los mecanismos que son ampliamente compartidos por la ciudadanía, mecanismos de control de los cargos públicos, pero también de protección de aquellos cargos públicos que no estén dispuestos a someterse a las mafias y a los lobbies. No es inimaginable. Es el paso de un código de honor a un código ético. A un código de ética política, para gobernar obedeciendo. Obedeciendo a la ciudadanía. También es responsabilidad de la ciudadanía exigirlo.
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