Esta semana presenciamos, un año más, como la celebración de uno de los congresos internacionales más importantes que acoge Barcelona, el Mobile World Congress (MWC), acapara las calles y colapsa los servicios privados y públicos de la ciudad. Más de 100.000 personas asistieron a la edición del año pasado. Vista la cifra y el impacto que tiene en la ciudad, alguien puede llegar a pensar que toda la industria de la telefonía móvil está en Barcelona, pero, de hecho, sólo son una parte muy pequeña. La gran mayoría, la más vulnerable, no sólo no está, sino que no se la tiene en cuenta en las estrategias de crecimiento del sector.
En el congreso participan delegados de las empresas más importantes de la industria del móvil e industrias adyacentes. Entre las protagonistas están las grandes empresas de la electrónica que gobiernan las principales cadenas de suministro globales. Pero estas cadenas globales son redes muy complejas formadas por millones de personas trabajadoras expuestas a la vulneración sistemática de los derechos humanos que no tienen voz ni representación en el Congreso.
Entre estas se encuentran, en primer lugar, las que trabajan en minas muy peligrosas en la República Democrática del Congo (RDC), algunas menores de edad, para extraer los minerales necesarios para la fabricación de los móviles y otros aparatos electrónicos. La RDC sufre desde mediados de los años 90 una guerra que ha causado alrededor de cinco millones de víctimas mortales y más de tres millones de personas desplazadas o refugiadas. Es sabido que los grupos armados del país, incluyendo el ejército congoleño, se benefician y financian directamente del comercio de estos minerales.
Lo que quizás es menos sabido es que la vulneración de derechos humanos continúa en las siguientes fases de la cadena de suministro, la fabricación de los muchos componentes que contiene un teléfono móvil y el ensamblaje final.
En China, el principal país exportador de aparatos electrónicos del mundo, más de 5 millones de personas trabajan en las fábricas de este sector. Foxconn, de origen Taiwanés, es el fabricante más grande por contrato del mundo y emplea a casi un millón y medio de personas sólo en China. Entre los principales clientes de Foxconn están Apple, Dell y Hewlett-Packard entre otros.
En 2010, una ola de suicidios en Foxconn alertó de la dureza de las condiciones de las fábricas en la opinión pública por primera vez. Supimos que las jornadas de trabajo son extenuantes, de 6 días y cerca de 100 horas a la semana en algunos momentos del año. Los salarios siguen estando muy por debajo de los salarios dignos para vivir, lo que las fuerza a pedir horas extraordinarias de trabajo para complementar el sueldo. Sin embargo, lo más habitual es que la empresa las obligue a hacer por encima de lo que están dispuestas a hacer, imponiéndoles objetivos de producción elevadísimos. La planta de Foxconn en Zhengzhou, por ejemplo, producía el 70% de los iPhone6 a un ritmo de 200.000 unidades por día.
Uno de los puntos más oscuros es la salud y la seguridad en las fábricas. La industria electrónica es intensiva en productos químicos cancerígenos, como el benceno y el arsénico, utilizados en la producción de semiconductores, o el hexano, un disolvente muy tóxico utilizado para limpiar las pantallas táctiles de los móviles y que puede causar graves daños al sistema nervioso. Los trabajadores manipulan estos productos sin la protección adecuada y sin ser conocedoras de los riesgos que ello conlleva.
La inexistencia de una cultura de la seguridad laboral, así como la imposibilidad de organizar la lucha por mejorar las condiciones de trabajo, está directamente relacionada con la falta de sindicatos libres, que en China están específicamente prohibidos. Pero incluso en países donde están permitidos, las restricciones a la libertad de asociación, uno de los derechos humanos fundamentales, pueden tomar formas diversas: coacciones, amenazas, listas negras, agresiones y despidos.
Un ejemplo reciente de estas restricciones lo hemos visto en Filipinas, donde C&F, una empresa que produce componentes electrónicos para algunos de los expositores en el MWC, despidió a 87 personas el junio pasado alegando reducción de pedidos, entre las que había 63 miembros de un sindicato. El Departamento de Trabajo de Filipinas abordó el caso como práctica antisindical y exigió la readmisión de las 87 personas. La empresa, sin embargo, combatió esta decisión y obligó a muchas a aceptar compensaciones por el despido. Este enero sólo 22 personas que habían resistido a aceptar la compensación fueron finalmente readmitidas, pero no con las mismas condiciones, como exigía el Departamento, y fueron aisladas en un pabellón aparte para restringir el alcance de su discurso.
En el MWC, en ningún pabellón aislado representantes de las personas trabajadoras abordarán los abusos a los derechos humanos y laborales a las personas que forman la fuerza de trabajo de la industria del móvil. No lo harán aunque tienen un peso mayoritario en el sector de la electrónica, que emplea a más de 18 millones de personas en todo el mundo. El “business as usual” imperará en la Feria de Barcelona mientras afuera continúa la lucha diaria por la justicia global de las que “somos el 99%”.
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