Hay una persona que en estos momentos –y desde hace tres años– podría estar saltando de plató en plató de televisión y en cambio ha preferido no hacerlo. Una persona que podría haber salido del anonimato y que en cambio ha preferido quedarse ahí, sin que prácticamente nadie de su entorno sepa aún que él fue el primero que denunció públicamente la doble moral de Iñaki Urdangarin. Y que esa denuncia le costó cara.
Los hechos se remontan a finales de agosto de 1997, cuando un misterioso 'Comité Anticorrupción' hizo llegar una documentación confidencial sobre las deudas municipales de Urdangarin a la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB). Faltaba poco más de un mes para la boda real –que tuvo lugar en la Catedral de Barcelona el 4 de octubre– y en aquellos momentos había un pequeño movimiento ciudadano disconforme con que el Ayuntamiento de Barcelona tuviera que pagar una parte del festín, en forma de horas extra de guardia urbana y de personal de limpieza. Con más razón, pues, tratándose de un moroso.
Según esos documentos, el contribuyente Ignacio Urdangarin Liebaert había estado pasando olímpicamente de pagar nada durante años: ni los impuestos de circulación de su coche deportivo y su moto de gran cilindrada –no los había pagado desde 1993–, ni los IBI de su piso y del aparcamiento –debía los de los años 1996 y 1997– ni las multas de circulación, que no eran pocas: 19, la mayor parte por aparcar la moto indebidamente. La deuda del entonces jugador de balonmano del FC Barcelona con el Ayuntamiento de la ciudad ascendía a 476.310 pesetas –cerca de 3.000 euros–, una cifra entonces considerable y una actitud que no casaba con la imagen de novio perfecto que entonces se proyectaba de Urdangarin.
Enseguida saltaron las alarmas en la Zarzuela. Urdangarin corrió a liquidar sus deudas, mientras la Casa Real se aprestaba a amortiguar el impacto del dossier, que a principios de septiembre llegaba también a las redacciones de varios medios escritos barceloneses. Los pocos que finalmente dieron la noticia lo hicieron invirtiendo los conceptos: ya no era el Urdangarin jeta que arrastraba cinco años de impagos con el municipio sino el Urdangarin responsable que se ponía al día de algunos tributos atrasados. De hecho, la mayor parte de los medios no informaron de nada. Además de la revista de la FAVB, sólo el semanario El Triangle le dedicó una doble página y portada, con el título: “Iñaki I, el rey de las multas”.
Una vez pasado el susto y el bodorrio, el Ayuntamiento de Barcelona inició una minuciosa investigación interna para encontrar al autor del atentado a la buena imagen del duque. Joan Clos se acababa de estrenar en la alcaldía y posiblemente quería hacer méritos. Con una eficacia digna de admiración, un mes después un funcionario del distrito de Les Corts, de nombre Josep Antoni MG, era despedido de una patada al culo mediante un decreto de alcaldía ratificado por el pleno municipal. El rastreo informático había detectado que este técnico municipal había consultado alguna de las multas más recientes de Urdangarin, y a partir de ahí una búsqueda más centrada en su gestión constató que en tres años este empleado había realizado unas 9.000 unificaciones de contribuyentes –listado unificado de las deudas por diferentes conceptos y momentos–, una de las cuales correspondía a Urdangarin. Durante el juicio laboral, celebrado en febrero de 1998, el funcionario admitió que “posiblemente” hubiera realizado esa unificación, pero aseguró que él no había divulgado nada y sus compañeros testificaron que era muy habitual que todo el mundo conociera la clave personal de los otros para acceder al sistema.
En 2011, cuando saltó el caso Urdangarin, seguí el rastro de Josep Antoni MG hasta localizarle. Después de aquello, había retomado los estudios y con el tiempo se había convertido en un especialista en transporte. Daba clases, había escrito algún ensayo y participaba en una entidad del sector. Le llamé y le ofrecí publicar toda la historia, pero ni siquiera me quiso confirmar si efectivamente él había sido el cerebro de aquel efímero 'Comité Anticorrupción' de la era pre-wikileaks. Casi nadie de su entorno conocía aquel episodio de su pasado, me dijo, y no le apetecía nada desenterrarlo, aunque el tiempo le hubiera dado la razón. A mi modo de ver, a pesar de que posiblemente hubiera infringido alguna ley, tenía derecho a un cierto resarcimiento moral, ya que al fin y al cabo había sido víctima del poder por haber tenido la osadía de destapar un fraude protagonizado por un personaje público. Le dije que acciones como la suya merecen ser aplaudidas e imitadas, y no castigadas. Pero no hubo forma de convencerle.
Sobre este blog
El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
