¡Qué sorpresa la mayoría absoluta del PP en el Senado, a pesar de la mayoría insuficiente en el Congreso de Diputados! Una posición de dominio que le permitirá detener cualquier reforma importante promovida por cualquier otra mayoría imprevisible que pueda formarse en el Congreso de Diputados.
Ninguna sorpresa. El PP ha gozado muchos años de mayoría absoluta en el Senado, excepto tras las primeras victorias abrumadoras del PSOE en ambas cámaras legislativas, hace treinta años. ¿Sería exagerado afirmar que el Senado es una última herencia institucional del franquismo? De ninguna manera.
Este modelo de Senado donde cada provincia dispone de cuatro representantes, sea cual sea su número de habitantes, fue una imposición de Alianza Popular. El antecedente de la actual PP agrupó el voto de un alto número de procuradores en Cortes, capitaneados por Manuel Fraga Iribarne, en la aprobación de la Ley de Reforma Política, promovida por Adolfo Suárez, el 18 de noviembre de 1976, dos días antes del primer aniversario de la muerte de Franco.
El famoso hara-kiri del pseudo-parlamento franquista llevaba un discreto salva-vidas del que aquel partido rebautizado aún se beneficia. El gobierno anterior de Carlos Arias Navarro, del que Fraga había sido hombre fuerte, había previsto convertir en Senado el antiguo Consejo Nacional del Movimiento, para controlar un Congreso de Diputados que inevitablemente había que elegir por sufragio universal. Este Senado que asegura la mayoría a la derecha, salvo en casos muy excepcionales, fue la solución de recambio.
En cuanto al Congreso de Diputados, la ley electoral también contiene elementos de distorsión que favorecen a la derecha, como el valor más alto del voto en las provincias menos pobladas y más rurales que en las de mayor población, industria y servicios. Así se ha visto en las últimas elecciones, donde los partidos de izquierda y los emergentes han tenido menos posibilidades de sacar diputados en proporción a un mayor número de votos obtenidos.
Esta ley electoral es la que todavía se utiliza en el Parlamento de Cataluña, a pesar de la competencia para elaborar una legislación propia otorgada por el Estatuto de Autonomía de 1979. Pero a los partidos catalanes con menos implantación en las zonas más pobladas ya les ha ido bien. Gracias a esta ley española no modificada, Jordi Pujol pudo ganar en escaños las elecciones de 1999 en que Pasqual Maragall le superó en casi 5.000 votos.
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