En el parking robotizado de Tarragona que pasó de 4 a 30 millones y hoy sigue acumulando polvo, chatarra y pleitos

La anécdota sucede el 25 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones municipales. Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona por CiU, acude con su coche particular, un flamante Audi A8, a probar el futuro parking robotizado Jaume I. Pero el vehículo es demasiado grande, de 5,05 metros de largo. No entra en la plataforma.

Tras varios intentos, acaba encajando por milímetros y, ante la inquieta mirada del edil, el elevador se lleva el coche hacia las profundidades del aparcamiento. Todos suspiran aliviados y al finalizar la jornada de ensayos, se anuncia la inauguración del equipamiento en cuestión de meses.  

Han pasado quince años desde aquel episodio –más de veinte desde que se aprobó el proyecto–, y el parking es hoy un inmenso agujero en el centro histórico de la ciudad que acumula polvo, chatarra, deudas y pleitos. Se han enterrado en él unos 30 millones de euros, casi un 650% de sobrecoste respecto a los 3,9 millones presupuestados, y hoy sigue en desuso.

Si los aeropuertos y las estaciones de AVE vacíos se convirtieron en el símbolo de la España del despilfarro, previa a la crisis económica de 2008, este parking fantasma lo es de la Tarragona de esa misma época. 

El episodio del alcalde y su Audi A8 lo recuerdan muchos tarraconenses, especialmente los vecinos del parking, y ha adquirido un cierto halo de leyenda. Por aquel entonces, el proyecto ya acumulaba sobrecostes millonarios y serias sospechas sobre su viabilidad. La historia la publicó el Diari de Tarragona, uno los pocos medios que ha seguido el serial del parking con todos sus detalles hasta la fecha.

En pleno 2022, dos décadas después de adjudicar las obras, el proyecto fallido de garaje sigue dejando novedades: en febrero se archivó la causa penal por corrupción contra sus impulsores. Pero desde el año pasado sigue abierta por el Ayuntamiento una vía civil para recuperar parte de la inversión.

“Fue una época de megalomanía y ahora todo esto se ha acabado”, sentencia Jordi Fortuny, teniente de Alcaldía de Servicios Generales del actual gobierno municipal, desde lo más profundo de este párking de 3.500 metros cuadrados. Le acompaña el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Juan Manrubia, que supervisa la maquinaria deteriorada: decenas de hileras de torres de metal de cuatro pisos –los silos que debían almacenar los coches–, transportadores llenos de polvo, dos generadores eléctricos oxidados para casos de incendios… “Fue un despropósito”, insiste el concejal, de ERC. 

La última vez que un periodista pisó la obra fue en 2016, cuando gobernaba el PSC y se estaban planteando convertir el parking fallido en un equipamiento social o cultural. Desde entonces, cuando el Ejecutivo municipal organizó una visita para profesionales, el agujero permanece cerrado y solo se utiliza el piso de arriba, el que está a pie de calle, para aparcar los coches de operarios municipales que trabajan por la zona. 

A los pisos -1 y -2 no se accede nunca. Es allí donde se acumulan las torres que debían tener capacidad primero para 285 plazas y, posteriormente y tras aprobar algunas modificaciones, para más de 600 –una ampliación que jamás se justificó–. 

Un millón al año hasta 2043

La historia del Jaume I, ubicado en la plaza del Rectorado –frente al edificio rectoral de la Universidad Rovira i Virgili, en el casco antiguo–, es la de un cúmulo de tantos errores y chapuzas que se hace difícil presentarlos de una forma que no sea cronológica. El pecado original fue quizás la constitución de la UTE que debía llevar a cabo las obras, integrada por la empresa pública Aparcamientos Municipales de Tarragona y la ingeniera Sistemas Alem.

Según la posterior comisión de investigación del consistorio, encargada por el gobierno del PSC años después, nadie comprobó la solvencia económica, que no era la aparente, ni la experiencia en la materia de la empresa Sistemas Alem, que era inexistente.

Al cabo de muy pocos años, y tras empezar a incurrir en impagos –primero– y a acumular préstamos y pólizas –después–, entró en concurso de acreedores. Pero por entonces se había dado paso ya al segundo gran despropósito: la Administración local estaba avalando todas esas operaciones pese a que en el proyecto original se había comprometido a no hacerlo. Parte de ese dinero es el que todavía hoy se está pagando: alrededor de un millón de euros al año hasta 2043. 

Desde el interior del párking, Fortuny repasa esa misma cronología y señala las paredes de la infraestructura, con la roca a vista, para ejemplificar otra de las principales razones de su sobrecoste millonario. “¿Ves esa piedra? Es fetge de gat”, dice. En castellano, hígado de gato. Una roca granítica contra la que fracasaron las primeras empresas de perforaciones y que requirió el uso de explosivos e inyecciones de cemento expansivo para agrietarla.

“Fueron años de picar piedra cada día. Llegué a ir algunos fines de semana a un hotel. Era insoportable”, cuenta Fortuny, que es también vecino. A otras casas las piedras que saltaban con las detonaciones les destrozaban las tejas. 

Según la comisión municipal, los estudios geológicos previos advertían de esa “complejidad”, pero se decidió tirar adelante sin contar que el precio para las excavaciones se dispararía. Quim Castellví, que trabajó para Sistemas Alem y que fue luego fundador de la Plataforma Veu Ciutadana –la que inició el proceso judicial–, lo recuerda. “Yo lo que creo es que las catas que se hicieron y las que se entregaron no eran las reales”.

Él explica que se fue de la empresa poco antes del episodio de las pruebas con el Audi del alcalde, en 2007. “Era un problema detrás de otro. Les dije: ‘Tú terminarás la obra de cualquier manera y te irás, pero yo me quedaré viviendo aquí’”, relata. 

El chasco definitivo: esperas de más de una hora

Mientras duró la obra, se amplió el presupuesto y se fue avanzando poco a poco, pero el chasco definitivo llegó después de las elecciones de 2007, ya con el alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. Una auditoría constató que tampoco el diseño de la parte robótica del párking iba a funcionar. La disposición de las torres hacía que para sacar un coche pudieses llegar a esperar más de 40 minutos, según algunos cálculos, o incluso horas. Algo incompatible con la utilidad de un aparcamiento. Y no solo eso: los desniveles hacían imposible en la práctica el desplazamiento automatizado de las torres. 

Un informe pericial presentado en 2016, este centrado en la parte económica, constató que solo estaban justificados unos 11 de los casi 30 millones gastados o comprometidos.

“Aquí hay enterrado un montón de dinero y nadie sabe quién se lo ha llevado”, lamenta Amado Abella, vecino del equipamiento y uno de los pocos que reservó una plaza para cuando estuviese listo. “Unos meses antes de las elecciones el alcalde nos dejó aparcar gratis en la planta de arriba. Se quería hacer perdonar, supongo. Pero luego ya no nos dejaron”, se ríe. 

El futuro del parking está ahora en los juzgados y también en la mesa del gobierno municipal. El magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Tarragona, que instruyó durante años la causa penal, ya se pronunció al sobreseer la causa. Pero el Ayuntamiento, que es parte perjudicada y también responsable civil, lo ha recurrido. En 2021 se personaron como acusación particular, como condición de la CUP para aprobar los presupuestos.

Sin condenados y a la espera ganar un contencioso

Desde el comienzo de su activismo, la Plataforma Veu Ciutadana pidió que se imputara por delitos de malversación y prevaricación a los responsables de AMT y de la empresa Alem, a distintos cargos municipales y hasta a los alcaldes Nadal y Ballesteros. Pero esto último se descartó hace años.

En el reciente auto de archivo, el magistrado constató que “es cierto que ha existido un sobrecoste en la ejecución de una obra que, al final, se ha desvelado como inútil”. Pero añade que no se ha probado que ese “desvío presupuestario” conlleve una relevancia penal. Además, tanto el gerente del AMT de la época como como el director de Alem han fallecido. 

La contienda judicial abierta se disputa en Madrid, en un juzgado contencioso administrativo, y la abrió el propio consistorio. Con ella espera Fortuny recuperar parte de los gastos millonarios que se han abonado o que están todavía comprometidos.

La demanda impulsada por el consistorio se centra en el alquiler de la maquinaria. Una auditoría encargada por el municipio llegó a la conclusión de que el material que hay realmente en el parking equivale solo al 15% de los cinco millones facturados a la empresa Metropolitan y al Banco de Santander. Fortuny añade también que tienen constancia de pagos por duplicado por el renting y la compra de una misma maquinaria. “Se ha pagado dos veces por lo mismo”, resume el concejal. 

Fortuny no quiere mojarse sobre cuál ha de ser el futuro del aparcamiento. Primero se tiene que resolver el contencioso y saber qué dinero recuperará el Ayuntamiento. Pero da a entender que poco se puede hacer allí más que poner en marcha un parking convencional y con menos plazas. Se estima que ello requeriría una inversión de al menos cinco millones.

Pero solo sacar toda la chatarra será una faena. “Las torres de hierro se entraron por un boquete durante las obras. Ahora no se pueden sacar tal cual”, explican. Habría que serrarlas en trozos pequeños y evacuarlas poco a poco.

“Aquí todo lo que se pudo hacer mal se hizo mal”, remacha Amado Abella. Y otro vecino con el que charla señala como muestra la escalinata de la plaza que sirve para acceder a la plataforma elevada, que cubre el aparcamiento. El alzado tapa la vista del edificio modernista del rectorado de la URV, el antiguo matadero de la ciudad que podría haber lucido como joya arquitectónica del lugar y que hoy se cuenta como uno más de los damnificados del despilfarro.