El Parlament pide ahora el indulto para uno de los condenados del 15-M al que acusó de bloquear la Cámara

De acusar a reclamar el indulto. La Mesa del Parlament de Catalunya ha pedido este martes que se conceda el indulto a uno de los ocho condenados por un delito contra las instituciones del Estado por la protesta del 15-M en la Cámara catalana del 15 de junio de 2011. Durante la causa judicial, el Parlament siempre acusó a los después condenados e incluso recurrió su absolución en primera instancia.

El Tribunal Supremo anuló en 2015 la sentencia de la Audiencia Nacional que había absuelto a los acusados de la protesta alrededor del Parlament y condenó a ocho de ellos a tres años de cárcel por un delito contra las altas instituciones del Estado. Los magistrados no contradijeron los hechos probados de la primera sentencia, pero consideraron que la Audiencia Nacional incurrió en un “patente error” al priorizar el derecho de protesta de los manifestantes al derecho de participación política de los diputados para asistir a la Cámara.

En su sentencia, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, atendió los recursos de la Fiscalía y del Parlament de Catalunya y de la Generalitat, comandada entonces por Convergència bajo el Govern de Artur Mas, y revocó la absolución que había decretado la Audiencia Nacional en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Ramón Sáez. La Cámara catalana, entonces presidida por Núria de Gispert (CiU) decidió recurrir la absolución de los absueltos en primera instancia con el apoyo de CiU, PSC, PP y C's. ICV-EUiA y la CUP se opusieron al recurso y ERC se abstuvo.

En la votación de este martes sobre la petición de indulto, JxCat, ERC y PSC se han posicionado a favor del indulto y Ciudadanos en contra. Fuentes parlamentarias han indicado que la Mesa ha considerado “desproporcionada” la condena impuesta por el Supremo y que por este motivo el Parlament ha decidido avalar la concesión del indulto, que depende del Ministerio de Justicia. Como acusación del caso al considerarse perjudicada, el Parlament debe contestar si avala o no la medida de gracia para todos los condenados.

En paralelo a las peticiones de indulto, todos los condenados recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional en 2016. El tribunal de garantías admitió los recursos de cinco condenados por el Supremo, que todavía están pendientes de resolución. En cambio, no admitió de entrada otros tres recursos, lo que dejó a estos tres condenados las puertas abiertas para llevar su caso a Estrasburgo. El tribunal europeo rechazó el mes pasado la demanda de la primera condenada.