La Policía Nacional justifica el despliegue en la sede de la CUP del 20-S por la retirada de propaganda sobre el 1-O
El jefe de la Brigada Provincial de Información y el responsable del operativo policial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han justificado el intento de entrada en la sede central de la CUP durante el 20 de septiembre de 2017 porque iban a incautar material propagandístico. Ambos mandos policiales han declarado este lunes en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona en calidad de investigados por un presunto delito de coacciones graves.
Los hechos que se investigan son el operativo de la Policía Nacional frente a la sede del partido anticapitalista el 20-S, coincidiendo con las detenciones en la sede de la conselleria de Economía, que duró desde las 14:00h hasta las 20:00h. Los dos agentes han declarado que no llegaron a registrar el local porque no les facilitaron la orden judicial. Según fuentes judiciales, fue el juzgado de instrucción 13 de Barcelona -que investiga los hechos relacionados con los preparativos del 1-O- el que no llegó a autorizar la entrada de la Policía Nacional a la sede de la CUP.
El abogado de la formación, Benet Salellas, ha asegurado a la salida del juzgado que los policías nacionales investigados “no han sabido dar ninguna explicación a cómo prefirieron sacrificar seis horas de libertad de movimiento”. El abogado ha expresado que aquel operativo generó una situación “de alarma en materia de derechos y libertades tan grave como es la amenaza de entrada en la sede de un partido político sin una orden judicial”.
El juez ha citado a declarar también a diversos militantes del partido a petición de su abogado, entre ellos el exdiputado de la CUP David Fernàndez. La acusación también había pedido que declarara Àlex Solà, abogado mediador de la comisión de defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y asesor del partido durante aquella jornada.
Tanto Fernàndez como Solà han denunciado un “hermetismo total” por parte de los cuerpos nacionales de policía al negarse a dialogar con ambos, que a lo largo de aquel día trataron de mediar con la policía. De hecho, cuando algún policía del cordón policial trataba de interlocutar con Fernández o Solà, los mandos policiales lo retiraban de la línea de actuación, como han afirmado los dos testimonios.
Las preguntas de la Abogacía del Estado a los testimonios han ido encaminadas a saber si hubo libertad de movimiento o no durante ese día, para determinar si durante la jornada hubo o no una coacción grave a la libertad de movimiento. Ante esa pregunta, los policías investigados han señalado que fueron ellos y no los manifestantes y trabajadores de la CUP los que estuvieron coaccionados, como ha relatado Salellas en declaraciones a los medios.
La titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, Silvia López, ha tenido que reabrir el caso después que la CUP interpusiera un recurso a la Audiencia de Barcelona contra su archivo. En el auto con el que en su día la jueza dio carpetazo a la investigación, señaló que la Policía Nacional actuó “en el legítimo ejercicio” de las funciones y bajo las órdenes de la Fiscalía Superior de Catalunya para impedir el 1-O. López subrayó también que los agentes policiales “se limitaron a intervenir el material propagandístico en cumplimiento de la instrucción de la Fiscalía”.
La jornada del 20-S
El 20 de septiembre de 2017 dos agentes de la Policía Nacional acudieron a la sede central de la CUP, situada en el barrio del Eixample en Barcelona. Desde las 8:00h estuvieron vigilando el local, hasta las 13:00h, cuando vieron que de la sede salían carteles sobre el referéndum del 1-O. Fue entonces cuando los agentes identificaron a los conductores de los vehículos en los que se cargaba la propaganda.
Fernàndez ha recordado que las órdenes de la Fiscalía iban encaminadas a retirar la publicidad institucional, es decir, de la Generalitat de Catalunya, sobre el referéndum del 1-O, mientras que la Policía Nacional decomisó “7.000 carteles y 30 gorros de la CUP”.
La policía desplegó su operativo alrededor de las 14:00h y no lo retiró hasta las 20:00h, cuando todavía no les había llegado la orden judicial para entrar en el local. A través de las redes sociales, la CUP consiguió reunir rápidamente un grupo de manifestantes y lograron impedir el acceso a la sede por parte de los agentes. Entre los que acudieron a la llamada se encontraban políticos como Xavier Trias, del PDeCAT, o Jaume Asens, de los ‘comuns’. Ante la imposibilidad de entrar en la sede central de la CUP, los agentes de la Policía Nacional se retiraron a las 20:00h.
Todo ello ocurrió el pasado 20 de septiembre, una jornada que estuvo marcada también por los registros que se hicieron en varias sedes de la Generalitat, el más importante de ellos frente a la conselleria de Economía, el núcleo central de la acusación por un presunto delito de rebelión contra los líderes independentistas en el Tribunal Supremo.
