El aislamiento penitenciario es un régimen en el que los presos pasan unas 21 horas encerrados y en soledad, con solo dos horas de patio o actividades, en celdas aisladas en un departamento especial conocido como DERC (Departamento Especial de Régimen Cerrado).
Los especialistas afirman que este régimen puede provocar daños psicológicos irreversibles a partir de los 14 días en aislamiento y la ONU prohíbe aplicarlo de manera prolongada. No obstante, en Catalunya –que cuenta con 9 centros penitenciarios que tienen módulos de DERC–, ha habido casos de personas que se han pasado meses e incluso años encerrados en estos módulos. La tasa de suicidios en los DERC es tres veces más elevada que en un régimen ordinario y 12 más que fuera de la prisión. Según datos de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT), a lo largo del 2016 en Catalunya pasaron por el régimen de aislamiento 2.156 personas: 1.487 por haber sido sancionadas y 669 por haber sido clasificadas en primer grado del tratamiento penitenciario.
Ante esta situación, la CPDT lanza una campaña con el lema “¿21 horas en aislamiento? Manifiesto en contra del aislamiento penitenciario” para denunciar “las condiciones de vida y los casos de tortura que se viven en estos departamentos, que son un agujero negro”, explica Iñaki Rivera, miembro de la Coordinadora. La campaña se enmarca en el momento en que el grupo de trabajo sobre aislamiento penitenciario está teniendo lugar en el Parlament de Catalunya. “El objetivo final es presionar al Parlament para que en su resolución pidan la no aplicación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y supriman el régimen de aislamiento, no hay ninguna necesidad”, persevera Rivera: “No es compatible con la dignidad humana ni con el principio de reinserción social”. Por su parte, Andrés García Berrio, miembro de la CPDT y de Irídia, define el aislamiento como “un régimen de vida anacrónico, que viene de pensamientos y lógicas del pasado y genera daños irreversibles en la gente”. Por esto, en el manifiesto también piden la adecuación a las recomendaciones internacionales, como el Protocolo de Estambul, un manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles aprobado por la ONU en 1999, o las Reglas Nelson Mandela.
La campaña cuenta con el apoyo de Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), la Comisión de Defensa del Col·legi d'Advocats, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC), Antígona, Dones Juristes, Justícia i Pau y la Fundación Ared, entre otros. No obstante, “queremos ir más allá de las entidades que defienden los derechos humanos, aún hay mucha gente que desconoce esta realidad”, añade Rivera. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Catalunya) ha documentado en su informe del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura varios abusos a presos y ha criticado la falta de aplicación del Protocolo de Estambul por parte de los Mossos d'Esquadra. Está previsto que el 3 de mayo se celebre “un acto masivo para que la ciudadanía se exprese en contra del régimen de aislamiento”, explica García Berrio.
Al grupo de trabajo del Parlament se aportarán casos concretos de presos que han pasado por un DERC, como el de Raquel E.F., interna en la prisión de Brians I, y que se suicidó el 11 de abril del 2015 después de denunciar incomunicación continuada y agresiones de las funcionarias. En este caso, la Generalitat no intervino a pesar de saber que ya había intentado suicidarse antes y el Departament de Justícia desestimó la reparación patrimonial.