Artur Mas declara este jueves como imputado sin tener segura su reelección
En el relato del procés hay pocos símbolos más potentes que el del 9-N. Poco importa que la consulta fuera rebajada hasta carecer de garantías democráticas o de valided legal, ni siquiera conforme a una supuesta legalidad unilateral catalana a la que con frecuencia aluden los independentistas. Nada de eso evitó que la consulta no oficial fuera participada por casi dos millones de catalanes. La importante cifra dotó a la acción de una carga con la que sus partidarios resumen frecuentemente el proceso soberanista en su conjunto: Unas instituciones catalanas dando voz, en forma de urnas, a una ciudadanía ávida de ellas contra un Estado que las prohibe.
Este imaginario, que Junts pel Sí consiguió convertir en el hilo conductor de la campaña con la que ganaron las elecciones, fue redondeado solo dos días después del 27 de septiembre con la imputación del president Artur Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la consellera de Educación, Irene Rigau. Por si a la carga simbólica de todo esto no era ya suficientemente inflamable, el president de la Generalitat fue citado a declarar el día que se cumplen 75 años del fusilamiento del president Lluís Companys.
Artur Mas se presentará este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para responder por unos hechos, los del 9-N, que generan enormes adhesiones entre sus adeptos, pero también más allá. No hay más que ver los actores que se movilizaron este martes cuando fueron a declarar Órtega y Rigau, en unos actos que contaron con la presencia de centenas de ciudadanos, además de políticos como Antonio Baños de la CUP, Lluís Rabell de Catalunya Sí que es Pot, Espadaler de Unió, los líderes sindicales de CCOO y UGT, o la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que leyó el manifiesto de apoyo del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Mas encontará estos apoyos aumentados. La ANC y Òmnium ha convocado actos de protesta, para los que fletarán autobuses desde diversos puntos del territorio catalán, por lo que las concentraciones ciudadanas se esperan aún más importantes de las del pasado martes, pese a la protesta emitada por el TSJC. Además, el president en funciones estará respaldado por hasta de 400 alcaldes, de los 957 municipios catalanes, convocados por la AMI para concentrarse primero delante del Parlament y después ante los juzgados, precisamente en el paseo Lluís Companys.
El día para el president en funciones comenzará a las 8:30 horas, en la tumba del president Companys, con la tradicional ofrenda floral de las autoridades. De allí se dirgirá al Palau de Justicia, donde está citado a las 10:00, siendo recibido por la concentración de cargos electos y ciudadanos. Tras la declaración judicial, el president hará una declaración en el Palau de la Generalitat.
Las muestras de adhesión, políticas y ciudadanas, que tendrán lugar durante todo el día encajan a la perfección con el relato de Junts pel Sí y refuerzan la figura de Mas como presidenciable en un momento en el que la CUP está planteando su salida del nuevo Ejecutivo que ambas formaciones independentistas deben acordar. “Las declaraciones por el 9-N no nos hacen movernos de nuestras posiciones”, aseguraba este miércoles la diputada electa de la CUP, Anna Gabriel, en los micrófonos de Catalunya Ràdio, desde los que ha mantenido su promesa de no apoyar la investidura de Mas. Pero a nadie se le escapa que el paso del candidato de Junts pel Sí por el Palau de Justicia es un acontecimiento que a la izquierda independentista se lo pone más difícil.
Precisamente una de las reclamaciones formuladas desde la CUP en su conferencia del pasado jueves fue la desobediencia de las instituciones catalanas, entre ellas el Govern y president en funciones, al Tribunal Constitucional. Según aseguró el número uno de la CUP, Antonio Baños, el Parlament “es soberano desde el 27 de septiembre” por lo que solo obedecería a la legalidad emanada de las instituciones catalanas. De esta forma la izquierda independentista rebate el argumento que con frecuencia han esgrimido los partidarios de la reelección del president, que opinan que la investidura Mas debería estar todavía más blindada tras su imputación.
