Artur Mas reclamó a la Generalitat que pagara tres millones de euros de su fianza por el 9-N
La noticia fue poco más que un rayo en medio de la tormenta, pero la semana que acabó con el referéndum del 1 de octubre comenzó con el Tribunal de Cuentas reclamando a Artur Mas y a otros altos cargos de su Govern una fianza de 5,25 millones. La cantidad es el coste público de la consulta 9 de noviembre del 2014. El expresident acabaría depositándolos, en parte gracias a la caja de solidaridad de la ANC y en parte de su bolsillo. Pero antes, Mas intentó que fuera la Generalitat quien se hiciera cargo de tres millones de la fianza, reclamándolo formalmente al departamento de Enseñanza.
Ocurrió el 13 de octubre, mientras el Govern estaba enfrascado en cómo responder al requerimiento previo al 155 tras la extraña declaración de independencia suspendida en el Parlament. El expresident de la Generalitat y la exconsellera Irene Rigau, encausada por los mismos hechos, presentaron una solicitud ante el registro del Departament d'Esenyament a la que, un año después, este diario ha tenido acceso. En aquel momento, Mas era aún presidente del PDeCAT.
En ella Mas y Rigau solicitan que fuera la Generalitat la que depositase unos equipos informáticos de su propiedad para saldar la parte de la fianza que les reclamaba el Tribunal de Cuentas por los mismos. El razonamiento de los políticos es que el dinero que se les requería a ellos personalmente fue en gran medida destinado a los ordenadores que se usaron el 9-N, pero que la administración sigue utilizando ahora para fines educativos.
“Esos ordenadores fueron adquiridos para ser utilizados en los centros docentes de la Generalitat”, asegura la solicitud, argumentando que “por tanto, forman parte del patrimonio de la Generalitat, y se utilizan para la prestación de un servicio público”. Los solicitantes llegan más lejos al asegurar que, en el supuesto de que el Tribunal de Cuentas acabe condenándoles a pagar la cantidad que les reclama, “nos encontraríamos ante una clara situación de enriquecimiento injusto de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, se nos debería reintegrar el coste de aquellos ordenadores”.
Según explica Artur Mas a este diario, la solicitud se registró por recomendación de los abogados. “Estábamos presentando las alegaciones y nos explicaron que era un escándalo que depositáramos una fianza por unos bienes de los que la Generalitat disponía y que tenía en uso”, asegura el expresident, quien resalta la paradoja de que la administración les reclamase pagar por unos equipos que eran de la administración. “Los ordenadores no se tenían que mover de donde estaban ni siquiera en el caso de que nos acabasen condenando, ya que el destino final siempre es la Generalitat”, abunda Mas.
Pero la pretensión de los expolíticos no convenció, de entrada, a la entonces consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, nombrada por el PDeCAT como independiente para pilotar una de las áreas más sensibles durante el referéndum. En un correo electrónico enviado dos días después de que llegase la solicitud, Ponsatí escribe a Elsa Artadi, entonces coordinadora interdepartamental, diciéndole: “He recibido esto. No lo acabo de entender pero me temo que no estaré de acuerdo, y no lo haré”.
La consellera pide además que Artadi ponga la cuestión en conocimiento del president Carles Puigdemont. Unas horas después, Artadi le responde: “Consellera, mañana lo hablamos”. Finalmente Ponsatí llegó a encargar un informe jurídico sobre la cuestión, según explica ella misma a este diario, para conocer cuáles eran las obligaciones del Departament sobre los ordenadores. Pero su destitución unos pocos días después tras la intervención de la Generalitat con el 155 de la Constitución no le permitió llegar a recibir respuesta, por lo que ni siquiera acabó tomando una decisión. “Ya no tuve de hacer nada más”, apostilla Ponsatí.
Finalmente la Generalitat acabó rechazando depositar la parte de la fianza que el expresidente y la consellera reclamaban. Según explican fuentes de Ensenyament, en el informe jurídico encargado se dictaminó que los equipos pertenecían al Centro de Telecomunicaciones (CTTI), que se los prestaba a la conselleria. Además el Tribunal de Cuentas también se mostró contrario a aceptar los equipos como parte de la fianza.
Finalmente, el monto reclamado a los políticos fue pagado en parte con cerca de 3 millones de la caja de resistencia de la ANC, otra parte fue puesta en metálico por los propios encausados y, una última suma, mediante embargos del domicilio de Artur Mas y otros inmuebles y propiedades de otros cuatro de los acusados, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs.
Cabe recordar que el procedimiento contable en el Tribunal de Cuentas se abrió después del juicio por el que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a los tres políticos por desobediencia en el 9-N. El delito de malversación de fondos públicos ni llegó a juicio, pues se descartó al inicio de la instrucción.
Mas y otros diez miembros de su Govern volverán ante el Tribunal de Cuentas el próximo 10 de octubre, cuando serán finalmente juzgados por los gastos del 9-N. Si finalmente se cumple la petición de la acusación, iniciada por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, los encausados podrían perder las propiedades depositadas, entre otras, la casa familiar del expresident. La Generalitat finalmente no acusará a Mas. Torra tumbó la personación en la causa ordenada por el Gobierno de Rajoy bajo el 155.
El expresident se muestra optimista, al menos respecto a la parte de los ordenadores, de 3.044.399 euros en total. “No contemplo que acabe mal. Los ordenadores existen y están en uso, y ni siquiera se compraron para el 9-N, sino que se aprovecharon. Como mucho tenemos responsabilidad sobre el uso de los equipos un día de entre los varios años que han dado servicio a la Generalitat”, explica.
